La agenda de Cambiemos ante octubre La agenda de Cambiemos ante octubre
Panorama económico La agenda de Cambiemos ante octubre

Por Francisco J Cantamutto

A pocas semanas de las elecciones generales, el gobierno apunta a consolidarse en el marco de políticas regresivas.

El gobierno de Cambiemos salió fortalecido de las PASO, pues -de repetir la performance en octubre- se ubicaría como primera minoría en el Congreso y habría logrado expandir su alcance en las provincias, de la mano de variopintas alianzas. Todo esto en un contexto de persistente confrontación social: ya fue un éxito como no-derrota. Esta evaluación se sostiene incluso con el resultado en las provincias de Buenos Aires y Santa Fe, que el kirchnerismo blando busca estructurar bajo su liderazgo al resto del peronismo y a algunas fuerzas de centro-izquierda. El gobierno leyó esta situación con júbilo, pues le permite pensar en la continuidad de su proyecto político regresivo. Esto no era un dato antes de agosto, y constituye una novedad: según parece, el “gradualismo” del ajuste, criticado por la derecha más rancia, ha servido para ganar cierta gobernabilidad.

El mejor paralelo histórico disponible para comprender la actual deriva es el menemismo (1989-1999). Al igual que entonces, el candidato ganó con una fuerte dosis de demagogia y en el gobierno lleva adelante un proyecto social regresivo, de carácter neoliberal, todo esto logrado dentro del régimen democrático-procedimental, es decir, sin recurrir a una dictadura. Ahora bien, sobre este paralelo general, es necesario buscar precisiones que lo distingan. Lo que sigue son apenas notas preliminares en este sentido.

Proyecto pensado

En primer lugar, es importante remarcar que Cambiemos no asume en el contexto de una crisis previa. Cualquier indicador de recesión de 2015 no se compara con la larga década de estancamiento y los brotes de hiperinflación que cerraron los ’80. El miedo y la angustia del pasado inmediato no sirven de extorsión para validar cualquier medida. La denuncia de la corrupción ligada al gobierno previo tiene patas cortas, porque el actual gabinete está muy complicado. Por solo referir algunas manchas ilustres, están los Panamá Papers, Braun negociando precios minoristas con su propio tío, Aranguren y equipo aplicando un tarifazo que favorece los negocios de las empresas donde trabajaban o eran accionistas, Caputo y el equipo del ministerio de Finanzas colocando deuda a través de sus bancos, Macri condonándose a sí mismo la deuda del correo o subiendo los peajes a su propia concesionaria. La corrupción como potestad kirchnerista solo se sostiene por el blindaje mediático.

El segundo punto es que este proyecto -a diferencia de los ’90- no se da en el marco de una euforia global de reformas. El contexto actual es de una larga crisis irresuelta, que estalló en 2008 y mantiene al mundo creciendo poco, y la falta de un orden global consolidado bajo un claro liderazgo (como ejerció EEUU en aquella década). Las potencias apoyaron inicialmente a Macri, pues lo veían como la cabeza de playa de un “giro a la derecha” por la vía democrática (el voto, al menos) en la región. Pero esto no trasuntó en mayores concreciones materiales, debido por un lado a las dificultades para avanzar en el “giro” regional (derrota de Lasso en Ecuador, estancamiento de la situación venezolana), y por otro a las propias crisis de los países centrales (UE aún lidiando el Brexit y EUA con permanente cuestionamiento al gobierno).

Un tercer punto es que, aunque la agenda de reformas neoliberales es semejante, tiene el problema de que la mayoría de ellas ya fueron hechas, y solo escasamente revertidas. Esto hace que no haya un “golpe de efecto” de las reformas: no hay regalos tentadores, como el conjunto de las empresas públicas, que sirva para atraer la inversión y validar el modelo. Esto no significa que no existan negocios posibles (tenencias accionarias en manos de ANSES, rutas aéreas, etc.), sino que no alcanzan para mostrar contundencia. La liberalización de la cuenta capital y la apertura comercial fueron un hecho en el primer mes de gobierno, desmontando de un plumazo los escasos controles establecidos.

Los cuatro ejes de reformas económicas por los que el gobierno busca avanzar son la flexibilización laboral, la reforma previsional, la reforma tributaria y la agenda internacional del libre comercio (en rigor, la consolidación del derecho corporativo). De allí el apremio por firmar TLCs (hasta ahora esquivos) y lograr ser sede de negociaciones multilaterales (OMC en diciembre y G20 en 2018). Los 4 ejes están ya en marcha, debatiéndose tras bambalinas o incluso públicamente.

De conjunto, el gobierno no ha logrado inflingir todas las derrotas que esperaba sobre las clases populares, aunque ha tenido algunos éxitos. Entre otros, se puede mencionar que -gracias a la inflación- redujo en términos reales los salarios, las prestaciones sociales (AUH) y las jubilaciones, precarizó algunos convenios laborales (automotrices, petroleros, construcción), logró un recorte en el sistema de ciencia y técnica, hizo realidad el absurdo blanqueo de capitales (que benefició al propio staff de gobierno), el pago a los fondos buitres, el tarifazo (aunque en cuotas, en lugar de ser súbito como buscaban), y ha desmontado o amenazado con hacerlo algunos programas sociales (quita de remedios en PAMI, los subsidios a discapacitados o las becas a universitarios/as, por ejemplo). En este sentido, se despega de la contundente derrota inflingida por Menem en sus primeros años de gobierno.

Habiendo realizado una parte sustancial del ajuste en 2016, el gobierno ha puesto en marcha un esfuerzo de obra pública para impulsar el pequeño rebote económico en año eleccionario. Los sectores más beneficiados por la política económica, como el agro o la minería, se muestran incapaces de traccionar al conjunto del PBI y menos aún la contratación de fuerza de trabajo. Pero todo esto alcanza para dilatar el debate, promoviendo la idea de una recuperación en ciernes (los “brotes verdes”), mientras pasan las elecciones. Sin embargo, hasta el momento, todo este tenue rebote y las finanzas públicas está dependiendo directamente de la toma de deuda.

Vale señalar que hay una parte de la sociedad que está avalando este rumbo, que incluso se ha movilizado expresándolo en abril de este año. Algunos son presa de engaños de la posverdad, y otros solo confundidos por el bombardeo de desinformaciones, pero también hay una parte que avala con conciencia lo que se hace. Por la vía que fuera, el gobierno ha sistemáticamente instalado algunos elementos ideológico-políticos de la derecha, incluyendo la relativización del Terrorismo de Estado (en boca de ministros, secretarios e incluso el propio presidente), o el culto a la individualidad como garantía de éxito (bajo el discurso del emprendedorismo). Asimismo, se ha aprovechado muy bien del legado consumista de los ’90, para que una parte de la población se sienta a gusto con poder comprar más bienes importados o viajar más asiduamente al exterior (ninguna de ambas cosas era imposible antes). El apoyo del conservadurismo tradicional y el poder económico, claro, lo damos por descontado. Señalar estos rasgos de una minoría social favorable al gobierno no equivale a pronunciarse por una supuesta hegemonía.

El punto de resistencia

El cuarto punto es, justamente, que la experiencia histórica está disponible, y por eso mismo una parte importante del pueblo sabe de qué se trata esto, y no se deja engañar por consignas vacías. En este sentido, el acuerdo con la burocracia sindical ha resultado insuficiente, viéndose desbordado más a menudo de lo que gustaría.

Desde su inicio, Cambiemos apareció como una opción menos conciliadora, menos hegemónica, de las fracciones del capital concentrado menos dispuestas a hacer concesiones. Es una expresión político-partidaria de la confrontación del 2008. Por ese motivo, la deriva represiva era un rasgo previsible. El protocolo anti-piquetes, el encarcelamiento ilegítimo de dirigentes sociales (con la figura central de Milagro Sala) y la represión en Cresta Roja fueron hitos inaugurales, consolidada este año con la cruzada contra los docentes, el desalojo de PepsiCo y los sistemáticos hostigamientos a comunidades ubicadas en torno a territorios con recursos valiosos (en especial, por hidrocarburos, litio y soja). En este último caso se enmarca la desaparición forzada de Santiago Maldonado.

Pero el sentido mismo de esta deriva es garantizar un cierto orden, que incluya (sin limitarse a) algunos buenos negocios y un horizonte de previsibilidad (el “clima de negocios”). La movilización sostenida, el uso de diversas redes sociales y medios alternativos para difundir información veraz, la militancia en los lugares de trabajo y en las calles, han mostrado que gran parte del pueblo no está dispuesta a tolerar este rumbo. Y que no acepta además la falsa polarización que reduce todo acto de resistencia a un “complot” kirchnerista: en la acción de resistencia convergen las más variadas fuerzas populares y de izquierda. El poder económico detectó esto, y de hecho ha publicado un comunicado sobre el caso Maldonado pidiendo pronta resolución: comprende que continuar este rumbo está generando más riesgos que garantías.

El gobierno enfrenta en octubre el desafío de consolidarse en la política institucional, para poder avanzar con su agenda de reformas regresivas. Por suerte, la política no se reduce a los votos, y es posible que las formas de resistencia hasta ahora desplegadas pongan coto a la ofensiva oficial. Por supuesto, mejor aún sería avanzar más allá de la resistencia al ajuste.

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