La defensa de las fuerzas de seguridad como doctrina de gobierno La defensa de las fuerzas de seguridad como doctrina de gobierno
Represión y la política de Estado La defensa de las fuerzas de seguridad como doctrina de gobierno

Por Vivian Palmbaum / @vivi_pal

El pasado 1 de febrero el presidente Mauricio  Macri, recibió en su despacho al policía bonaerense Luis Chocobar, para felicitarlo por su accionar, que terminó con la vida de un joven que escapaba en una situación delictiva. Una situación de abuso policial que se repite cada vez con más frecuencia y que muestra que la vida de las personas más vulnerables, pareciera no valer nada.

En declaraciones radiales, la ministra de seguridad Patricia Bullrich reafirmó la doctrina de respaldo al gatillo fácil como política de estado,  al tiempo que intenta deslegitimar la contundencia del Informe Antirrepresivo 2017: una persona muere cada 23 horas víctima de las fuerzas de seguridad del Estado. La respuesta no se hizo esperar: el sábado aparecieron pintadas en el frente del local de Correpi que indicaban un mensaje: “Aguante Chocobar”. Ayer en declaraciones radiales la ministra Bullrich afirmó que Correpi miente.

Orden de matar

La Coordinadora Contra la Represión Policial (Correpi) denunció un nuevo caso de violencia. Un policía bonaerense, Luis Chocobar,  vestido de civil, sin identificación y fuera de su jurisdicción,  ajusticiaba a un joven del barrio de La Boca, rematándolo con varios disparos de los que se salvaron milagrosamente las personas que estaban en los alrededores. Tal como lo denuncia Correpi en su comunicado Orden de Matar, “la difusión pública del video que muestra el momento en que el policía bonaerense Luis Chocobar disparó varias veces contra Juan Pablo Kukoc (18), cuando éste huía dándole la espalda y sin darse vuelta, abrió una nueva etapa en lo que los medios hegemónicos insisten en llamar ´polémico caso´. Ante la ratificación indudable del fusilamiento, muchos de los que inicialmente apoyaron al homicida –incluso consecuentes defensores del gobierno macrista, como Jorge Lanata- debieron retractarse y admitir, cuanto menos, que ´se precipitaron sin suficiente información´. El gobierno, lejos de eso, redobló la apuesta, y salió, por boca de su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a exponer su ´doctrina´, que se resume en dos ideas: 1) La policía (y el resto de las fuerzas) tienen orden de tirar a matar, y 2) El gobierno asume como ´política pública la defensa del policía en acción´ (sic)”.

Recordamos que pocos días antes el presidente de la nación aprovechó la oportunidad para marcar la cancha y reafirmar la doctrina del gobierno en materia de seguridad, que viene avanzando desde el inicio de su gestión con una felicitación, reconocimiento y la afirmación que iban a intervenir en la causa judicial que se le estaba siguiendo por el exceso.  La ministra de in-seguridad Patricia Bullrich, en una entrevista radial,  expresó con claridad: “Nosotros creemos que lo que hizo Chocobar es una acción encuadrada en los deberes de cumplimiento de funcionario público que le cabe a todo policía, y consideramos que esto ratifica la mirada de nuestro gobierno,  que las fuerzas de (in)seguridad no son  las principales responsables a la hora de un enfrentamiento”.

El comunicado de Correpi destaca los dichos de la ministra de (in)seguridad Patricia Bullrich que explicó: “Estamos cambiando la doctrina de la culpa hacia el policía. Estamos construyendo una nueva doctrina.  El principio es invertir la carga de la prueba, lo vamos a cambiar en el código penal. El presidente de la Nación lo que hace es avalar esta idea en la figura de Chocobar. El policía actuó como debía actuar, le damos al policía la presunción de inocencia. El juez que haga lo que quiera, nosotros como política pública vamos a llevar adelante la defensa de la policía en acción”.

La Correpi fue enfática: “Más allá del caso Chocobar, aplicó la misma tesis gubernamental a los prefectos que fusilaron por la espalda al joven mapuche Rafael Nahuel el 25 de noviembre pasado en el Lago Mascardi, y dejó bien claro que uno de los ejes centrales del ´estado de excepción´ que venimos denunciando es la orden explícita a las fuerzas de seguridad de todo el país de disparar y matar en cualquier circunstancia, con la certeza de que sus jefes políticos los van a defender, tanto técnicamente, con los abogados ministeriales, como políticamente”. Continúa: “En una palabra, la pena de muerte es ley de facto, se presume que cada vez que un uniformado mata a una persona fue un ´enfrentamiento´, y se defiende como política pública su accionar”.

Archivo Correpi

La ministra dijo “Correpi miente, los datos son falsos”, al ser confrontada con los datos del Archivo de casos de CORREPI, que muestran que bajo el gobierno de Cambiemos hubo un alza exponencial de las muertes por gatillo fácil, torturas, en lugares de detención y demás modalidades de la represión estatal, al igual que lo vienen haciendo sus antecesores.

El Archivo es público desde 1996. “Año a año lo actualizamos y difundimos las conclusiones. Está disponible en www.correpi.org para cualquiera que desee consultarlo. Nunca hubo un gobierno ni un funcionario que pudiera impugnar un solo caso. Muchos lo intentaron: Corach, Storani, J. J. Álvarez, Garré, Berni. Ninguno pudo. Ahora es el turno de Patricia Bullrich, a la que invitamos a debatir públicamente –si se anima- cada caso”.

El marketing punitivo y contra la inseguridad,  que tanto le redituó a la coalición Cambiemos como propuesta electoral, hoy vuelve a ponerse sobre el tapete, cuando se mantiene la caída de la imagen de la coalición de gobierno. Políticas públicas que refuerzan el accionar de las fuerzas de (in)seguridad del Estado y las impulsan frente a las masivas protestas de las y los habitantes de nuestro país, frente a las políticas que transfieren recursos a las corporaciones, muestra la corrupción de los funcionarios de gobierno,  achican el Estado,  al mismo tiempo que empobrecen catastróficamente a la población, con despidos masivos, aumentos en alimentos y en los servicios públicos básicos. La policía tiene que terminar con el delito, expresó Patricia Bullrich. Curiosamente también desde que aumentó la presencia y la acción policial en las calles, aumentaron los casos de delitos que diariamente nos muestran los medios (cómplices) de estas políticas de Estado.  La conducción del país hoy está en manos de quienes reivindican al terrorismo de estado,  tal lo sucedido hace pocos días, cuando el Ejercito  “Realizó un merecido homenaje a los familiares de los militares y parientes muertos y heridos en el ataque que el grupo terrorista Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) realizó a la Guarnición Militar de Azul aquel mismo día de 1974” como se expresa en La Nación. Frente a estas políticas de disciplinamiento y de terror el pueblo parece no desalentarse con su creciente presencia en las calles.

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