La lenta agonía de los trabajadores santafesinos

Por Mario Hernandez Foto sabermassantafe

En los últimos 30 meses, nuestro país perdió un puesto laboral cada tres minutos, sea por despidos, suspensión o retiro voluntario. En Santa Fe cerraron, en ese mismo período, tres empresas por día. Se estima que por cada puesto laboral en blanco que se pierde, desaparecen cuatro puestos “en negro”.

El diputado provincial Leandro Busatto presentó a principios de agosto el informe “Cierre de industrias y despidos en Santa Fe”. Ese trabajo expone que entre diciembre de 2015 y junio de 2018 cerraron en la provincia de Santa Fe un total de 2.726 empresas. Un promedio de 91 empresas por mes. Tres empresas por día.

“Cambiemos está destruyendo las industrias santafesinas. Los aumentos tarifarios decididos por el Ejecutivo nacional, que fueron acompañados sin titubeos por la administración provincial, sumados a la devaluación de los últimos meses, dispararon los costos de producción de industrias que, encima, deben afrontar la apertura indiscriminada de las importaciones”, afirmó Busatto. Y puntualizó que “el desplome del poder adquisitivo de la clase media afectó los niveles de ventas, por lo que el ajuste macrista selló la suerte de 2.611 locales comerciales sólo en la ciudad de Rosario”. Para Busatto, “esas políticas afectan a la provincia de norte a sur, de este a oeste, en cada pueblo, cada ciudad. En ninguno de los 19 departamentos hay más empresas registradas que en 2015”.

El informe consigna que sólo en el departamento Constitución existen hoy 67 empresas menos que en diciembre de 2015; el departamento General López perdió en el mismo período 192 empresas; el departamento Caseros cuenta con 69 empresas menos; mientras que los departamentos San Lorenzo y Rosario perdieron 58 y 1.196 empresas respectivamente en estos 30 meses.

Entre Electrolux, General Motors y Helvética suman 2.500 suspensiones

En medio de la crisis económica y el ajuste de Cambiemos las patronales de estas empresas, con el aval de las direcciones sindicales peronistas, suspendieron a miles de trabajadores industriales de Santa Fe.

En julio un informe elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) relevó los casos de despidos y suspensiones en el período enero-junio 2018, que sumaron más de 4.000 por mes, cifra que implica un aumento del 17 % con respecto al mismo período del año pasado.

En ese marco, la firma de electrodomésticos Electrolux dio licencia a todo su personal, la empresa automotriz General Motors dio también inicio a un esquema de suspensiones rotativas y la empresa productora de vehículos acoplados Helvética paralizó su producción hasta fin de este año. Así, la crisis generalizada se concentra principalmente en la provincia de Santa Fe.

En Electrolux, la patronal decidió adelantar las vacaciones,  de 1.000 trabajadores y trabajadoras,  durante todo el mes de octubre. Cabe recordar que el año pasado despidió a 80 trabajadores y trabajadoras.

Por su parte, en General Motors suspendieron de manera rotativa a 1.400 trabajadores y trabajadoras que solo están cobrando el 70 % de sus sueldos. Y en la fábrica de acoplados Helvética suspendieron a 90 operarios y operarias, pagándoles la mitad de su salario.

En julio pasado, la UOM Rosario y las fábricas de línea blanca firmaron un convenio para evitar despidos y suspensiones. “Estamos moviéndonos por todos lados para frenar despidos y suspensiones hasta diciembre en diferentes empresas”, dijo el líder local de los metalúrgicos, Antonio Donello. Sin embargo, frente a estos nuevos ataques hacia las y los trabajadores las direcciones sindicales los dejan pasar, incumpliendo lo pactado. Es evidente que la UOM se ha puesto a tono con el gobierno y las empresas para perjudicar a los trabajadores y garantizar sus propias ganancias.

La ministra de Producción de Santa Fe, Alicia Ciciliani, explicó que en la provincia hay 170 empresas en Procedimiento Preventivo de Crisis. El universo de trabajadores y trabajadoras alcanzadas por ese sistema de conciliación llega a 15.000.

La crisis económica que atraviesa la Argentina como producto de la política llevada adelante por el Gobierno de Mauricio Macri,  y sus aliados, golpea duro a los y las trabajadoras. En ese escenario, la dirigencia sindical peronista también juega un rol clave cuando dejan pasar las suspensiones y despidos. Los kirchneristas que dirigen estas seccionales solo piensan en juntar votos para 2019.

Esto sucede en sintonía con el FMI que busca profundizar un paquete de condiciones para el ajuste entre los que exige más desocupación, tarifazos, ajuste y otras tantas miserias para el pueblo.

Con despidos y suspensiones las empresas profundizan el ajuste en Santa Fe

Las y los trabajadores,  de la rama metalúrgica,  son los más golpeados por estos ataques. Metalsur, carrocera de Villa Gobernador Gálvez, es otra empresa que impulsa un esquema de suspensiones rotativas,  durante un mes,  de los 400 operarios de la planta. El sindicato metalúrgico firmó la paz social con la patronal, la que incluye la imposibilidad de despedir hasta fin de año. Sin embargo,  se habilitan los retiros voluntarios, que son despidos encubiertos.

La metalúrgica Bambi también suspendió a todo el personal, y en Liliana electrodomésticos despidieron a 20 operarios.

Estos ataques se suman a los que llevaron adelante Mefro Wheels y Vassali. El fabricante de llantas Mefro Wheels cerró sus puertas y dejó en la calle a los más de 170 operarios y operarias. La UOM aboga por que aparezca un interesado en comprar la planta y las y los trabajadores aún se encuentran a la espera, después de casi dos años de que la multinacional alemana se fuera.

Vassalli aún adeuda un promedio de 100.000 pesos a cada uno de sus casi 400 trabajadores, y aún no está claro si la empresa va a seguir funcionando. La accionista mayoritaria Mariana Rossi Vassalli asegura que, una vez que recupere la totalidad de las acciones que había cedido a tres empresarios,  hace algunos años, saldrá a buscar inversores para aumentar la producción.

En la metalúrgica Dasa, también de Firmat, los y las operarias se encuentran en conflicto con la empresa hace casi dos meses a raíz de que no está pagándoles el salario. La propietaria amenaza con el cierre de la planta.

Las patronales aceiteras vienen lanzando ataques en distintas empresas. Comenzaron por Cargill,  de Villa Gobernador Gálvez y Punta Alvear, donde luego de un largo conflicto lograron el despido de 49 operarios, con dos lock-out patronales incluidos.

Luego siguieron por Molinos Agro, que suspendió a toda la planta y abrió los retiros voluntarios. Jefes y gerentes vienen apretando a las y los trabajadores para que acepten irse con el retiro. Les dicen que la reducción es una decisión tomada para la empres:  o aceptan los retiros o los van a despedir en poco tiempo más, pero se irán con menos plata en el bolsillo. Una verdadera extorsión.

Por su parte Bunge Ramallo en julio despidió a 84 trabajadores y trabajadoras. Nuevamente en Cargill hay amenazas de suspensiones y despidos, con la intención de eliminar un turno.

En el fabricante de cafés La Virginia vienen repitiéndose despidos antisindicales, en el marco de una brutal reducción de la planta en los últimos años. Entre las operarias y operarios hay temor a nuevos despidos.

En Fabricaciones Militares de Fray Luis Beltrán hubo  49 despidos en agosto, que se suman a los 36 del año pasado, y los directivos de la empresa amenazan con que habrá más. En esa misma localidad el intendente recién asumido despidió a 11 trabajadores a comienzos de este año, y aún 7 pelean por su reincorporación.

La petroquímica Dow Dupont, de Puerto San Martín, en junio cesanteó a 22 operarios y operarias, que luego de un largo proceso de negociaciones,  con la intervención del Ministerio de Trabajo, se mantuvieron bajo la figura de retiros voluntarios.

Otros casos de ataques contra los y las trabajadoras,  en el cordón industrial de San Lorenzo, son los de la petroquímica IDM, la petrolera Oil y la aceitera Buyatti. IDM afirma que se encuentra en crisis y hace algunas semanas despidió a dos delegados.

Oil y Buyatti se encuentran paralizadas y sin certeza acerca de su futuro. La petrolera Oil está en un largo proceso de remate judicial,  para poder ser comprada por otra firma. Si bien hay varias interesadas, lo más atractivo para las potenciales compradoras resultan el puerto y las bocas de expendio de combustible, no así la refinería. Eso podrá implicar la pérdida de unos 200 puestos de trabajo de los 400 que hoy existen.

En el caso de Buyatti la familia propietaria de la empresa aún no definió si la venderá, si alquilará el inmueble o retomará las tareas. La incertidumbre es total para los más de 120 trabajadores de esta aceitera.

En la fábrica de motos Guerrero también se rumorea que podría haber despidos entre las y los 200 operarios que trabajan allí.

La agroquímica Síntesis Química, localizada en Fighiera, suspendió a todo el personal hace tres meses, sin goce de sueldo. La patronal se fue y los 40 trabajadores permanecen tomando la fábrica.

¿Empresas en crisis?

Muchas de las empresas que están llevando adelante estas medidas alegan crisis por una reducción en las ventas y por el aumento de los costos operativos debido a los tarifazos, la importación de materia prima y otros componentes para la producción, que se encarecieron con el aumento del dólar. Según testimonios del ministro de Trabajo Julio Genesini, unas 200 empresas radicadas en Santa Fe solicitaron el Procedimiento Preventivo de Crisis, que entre otras cosas facilita las rebajas salariales, la reducción de aportes laborales, las suspensiones y los despidos.

Las patronales toman estas medidas, en acuerdo con las direcciones sindicales y el visto bueno del Ministerio de Trabajo provincial, con la excusa de que están haciendo lo posible para no despedir. Este engaño les sirve para despedir y suspender de manera encubierta: con retiros voluntarios, que de voluntarios no tienen nada, los y las trabajadoras son presionados y extorsionados para acogerse a estos falsos retiros o también con diferentes modalidades de suspensión como la rebaja salarial, el banco de horas para devolver las horas  cuando a la patronal le convenga, o mediante el adelanto de las vacaciones, como Electrolux.

Todos estos artilugios lo realizan las empresas a costa de no perder ni un centavo de sus ganancias, mientras llevan adelante prácticas de flexixbilización,  explotación y degradación de la vida de miles de trabajadores y trabajadoras que fueron despedidas,  que tienen que hacer malabares para sobrevivir con los recortes salariales y con el miedo, como constante,  de quedarse en la calle. Si estas empresas realmente están en crisis tendrían que abrir sus libros de contabilidad y demostrarlo, para que muestren qué hicieron con las enormes ganancias de todos estos años.

El paro convocado por la CGT y las CTA para el martes 25 de septiembre expresó la bronca que existe por abajo, por los durísimos ataques que viene recibiendo la clase trabajadora con tarifazos, inflación, despidos y suspensiones. Esa bronca organizada es la fuerza para pararles la mano y pelear para que la crisis no la paguen los y las trabajadoras, sino los que la generaron: las y los empresarios y el gobierno de la alianza del FMI-Cambiemos.