La lucha por la vida en el Valle de Tambo

Por Mateo Munin Prado y Sebastián Munin Prado desde Perú.

El gobierno nacional: discursos y contradicciones

Si bien hemos analizado la historia de la Souther y las implicancias del proyecto Tía María, para comprender profundamente el conflicto debemos analizar el rol del gobierno nacional. Para eso recurriremos a una serie de discursos y declaraciones hechas por el presidente Ollanta Humala.

Quizás una de las principales causas en este conflicto, sino la principal, es el rol ambiguo y servil que ha tenido el Ejecutivo. Algo que ha enardecido al pueblo es el cambio de postura de Humala. Durante los comicios de 2009, el actual mandatario decía: “La voz del pueblo es la voz de dios y la decisión de las mayorías debe ser respetada”. En 2010 afirmaba que se iban a realizar “consultas a los pueblos involucrados antes de implementar cualquier tipo de proyecto extractivo, y desde acá (Cocachacra) se decidirán cuales son los proyectos de desarrollo de Islay, de Arequipa, y entonces el gobierno central verá que son las poblaciones las que deciden su futuro”. Lamentablemente las afirmaciones de campaña quedaron desmentidas ante las acciones de una administración corrupta y defensora de intereses del capital transnacional concentrado.

En el campo de lo simbólico, el gobierno, en su afán de proteger los intereses propios y de la minera Southern, y junto a los medios de comunicación del poder, insisten en tildar a niños, mujeres, ancianos y otros ciudadanos que luchan por sus derechos de terroristas, senderistas (en referencia a Sendero Luminoso), criminales, violentos y cuanto calificativo negativo haya.

En su discurso presidencial del 15 de mayo y ante la tensa situación vivida en la provincia de Islay, Humala expresaba que “el gobierno no defiende intereses individuales o de una empresa en particular, el estado defiende el estado de derecho, la estabilidad jurídica, el marco legal del país y las condiciones para la buena convivencia”. Por otro lado realizaba una defensa de la seguridad jurídica aduciendo posibles represalias de orden económico por parte de la empresa en tribunales internacionales. Además, enfatizaba la importancia del principio de autoridad y la necesidad de coordinación de los tres poderes del Estado para resolver la situación. Esto es, imponer a como dé lugar el proyecto extractivo decretando la muerte del productivo en el Valle de Tambo.

Como era de esperar, las contradicciones no sólo quedaron en el plano de lo discursivo y lo simbólico, sino que se sostuvieron a fuerza de sangre y pólvora por parte del gobierno central.

Crisis de gobernabilidad y derechos humanos

La coyuntura política del Perú se encuentra atravesando momentos críticos. Por un lado, existe un gobierno nacional que defiende y garantiza los intereses de la transnacional Southern. Pero por otro, se encuentra un pueblo muy convulsionado y movilizado para defender sus derechos y decisiones. Esta combinación hace que se viva una crisis de gobernabilidad donde el Ejecutivo no tiene legitimidad y debe usar la fuerza pública para mantener el orden. Según encuestas del diario El Comercio el 77 por ciento de la población desaprueba la gestión del presidente. Dicha ingobernabilidad puede evidenciarse en la declaración de Estado de emergencia en la provincia de Islay y en la falta de voluntad política para construir canales para la resolución del conflicto.

Debemos resaltar que el gobierno, a través del accionar de las fuerzas armadas y la policía, ha incurrido en la violación de derechos fundamentales. Estas violaciones han sido denunciadas tanto por habitantes de Cocachacra como por dirigentes políticos.

Guillermina Moscoso Ali, pobladora de 63 años de Cocachacra que en Arequipa encabezó una huelga de hambre con otros dos compañeros que se encuentran ahora en huelga de brazos caídos, declaraba: “Ahorita se está cometiendo un tremendo abuso con estas autoridades, toda la cúpula del gobierno está abusando. Porque en nuestros hogares están entrando a la una, dos de la mañana, están entrando y están sacando a los niños, a los jóvenes, a los padres a las mujeres y están golpeándolas, están amenazándolas con sus pistolas en las frentes, hay muchachas que están violadas (…) Ahí más de 200 detenidos y solamente 13 los han sacado, no sabemos dónde están nuestros jóvenes (…)  nuestro pueblo está siendo masacrado está siendo violentado, no hay una autoridad que saque una cara por nosotros por los ancianos, por los niños. Es una cacería de brujas, están con tanquetas, aviones, helicópteros. Que cosa ha pasado en el Valle del Tambo para que este pueblo por defender el derecho del agro lo estén masacrando. Solamente por defender el derecho del agro nos han acusado de terroristas, de delincuentes. Nosotros pedimos desde acá a todo el mundo y al pueblo en general que se levanten, no queremos violencia pero si queremos que se vaya la mina, no queremos la mina en el Valle de Tambo (…) Todo el pueblo estamos decididos a dar nuestras vidas. Es por eso que estamos acá, y no nos vamos a rendir aquí. Vamos a estar hasta que esta empresa se vaya”.

Jorge del Carpio Lazo, miembro del comité de solidaridad y apoyo al Valle del Tambo, informaba que hay alrededor de 6.000 policías en la región, que existe una limitación ilegítima de la libertad de prensa y de expresión, y que “se ha impedido el funcionamiento de radios y de cabinas de internet para evitar que la población se informe y sea informada, hoy el pueblo peruano conoce el conflicto y apoya al Valle de Tambo”. Ante estas situaciones, el dirigente efectuó un pedido de solidaridad y apoyo de la Cruz Roja Internacional, Amnesty International y Human Right Watch.

Al ser consultado sobre el futuro de la lucha, Lazo se refirió al “armado de frentes regionales donde converjan los diferentes sectores sociales hacia una medida nacional, apuntando, no solo a la defensa del Valle de Tambo, sino pidiendo la vacancia (destitución) del presidente Ollanta Humala”. En este sentido se está organizando un paro nacional que podría tener carácter de indefinido.

Estas, entre otras, son algunas de las cuestiones que los luchadores del Perú están sufriendo hoy por hoy. Una maestra del pueblo afirmaba durante una asamblea: “No nos importa morir hoy porque la vida en el Tambo hoy no vale nada, no vamos a retroceder”.

Como afirmaba el escritor Eduardo Galeano: “El desarrollo es un banquete con escasos invitados aunque sus resplandores engañen y los platos principales están reservados a las mandíbulas extranjeras”.

La realidad del Perú lastima y provoca impotencia, pero a su vez llena de orgullo y esperanza. Y sobre todo demuestra que el pueblo se defiende y que su lucha no está aislada. La realidad del Perú además deja en evidencia que las empresas trasnacionales tienen un solo plan para nuestra tierra: la explotación de nuestros recursos naturales, y la desunión y fragmentación de nuestro pueblo.

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