Por Fernando Munguía Galeana*. Más de una semana de protestas llevan los trabajadores de la educación en México ante la reforma que propone el gobierno en esa área. Las medidas de lucha y las respuestas gubernamentales.
La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), organización disidente del oficialista Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), cumple poco más de una semana de protestas en la capital del país. Las acciones llevadas a cabo han incluido el cerco al Congreso de la Unión y al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, protestas en las instalaciones del duopolio televisivo dominante en el país (Televisa y TvAzteca) para denunciar el “linchamiento mediático” del que han sido objeto, una movilización masiva hacia la residencia oficial de Los Pinos y un plantón que ha poblado por completo el Zócalo con techos improvisados de lonas multicolores. El objetivo es manifestar su oposición a la Reforma educativa que desde tiempo atrás se impulsa desde el Ejecutivo Federal y la Secretaría de Educación Pública (SEP) y que ahora se encuentra en su recta final.
Dada la intensa y abigarrada historia de resistencia que ha caracterizado a esta organización magisterial, conviene aislar algunos elementos que permitan ubicar la coyuntura actual.
En efecto, nada pareciera más legítimo que buscar mejorar la calidad de la educación pública que reciben más de 25 millones de mexicanos en nivel básico (preescolar, primaria y secundaria) y que desde hace varios años está inmersa en una crisis que, lejos de resarcirse con las diversas medidas aplicadas durante los últimos sexenios, se ha agravado de forma exponencial. Ese es precisamente el bastión que ahora se retoma para argumentar la reestructuración administrativa vinculada a los mecanismos de evaluación para el acceso a las plazas de profesor y su ulterior promoción y permanencia en ellas.
Ahora bien, si se consideran los niveles de analfabetismo (más de 5 millones de personas, con datos de 2010), o de deserción escolar (más del 66% de jóvenes entre 15 y 18 años, según un informe reciente de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), los bajos resultados académicos existentes a lo largo del país, se comprueba la inoperante o insuficiente acción de los distintos niveles de gobierno.
El texto de Reforma educativa enviado a la Cámara de Diputados, que propone la reforma al artículo 3º y 73º de la Constitución, promueve fundamentalmente la implementación de un servicio profesional docente (cifrado en el desempeño individual de los maestros y la “satisfacción de los requerimientos del perfil respectivo”) y la creación del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Fuera de alusiones superficiales, nada se dice sobre contenidos y métodos de enseñanza.
Con alusiones abstractas a la sociedad mexicana, a sus valores y virtudes, y a la “edificación de la Nación”, esta reforma implica la implementación de un sistema de disciplinamiento social y político en contra, sobre todo, de los sectores más combativos del magisterio nucleados en la CNTE y de otros grupos populares con los que históricamente se han articulado (tal como quedó de manifiesto con el intenso movimiento de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, en 2006). En ese sentido el ajuste de cuentas que el actual gobierno federal llevó a cabo hace unos meses contra la ex dirigencia sindical, que culminó con la aprehensión de Elba Esther Gordillo (nombrada líder del sindicato de maestros por el ex presidente priísta Carlos Salinas de Gortari, en 1989; además de haber sido Secretaría general de ese mismo partido, de 2002 a 2005), acusada de desvío de recursos del SNTE, no se corresponde con la supuesta intención de mejorar la educación pública sino con la necesidad de generar las condiciones que aseguren que el sindicato permanecerá totalmente subordinado frente a la avanzada de las políticas neoliberales en materia educativa.
Para ello, al igual que ha hecho en relación a otras medidas antipopulares que está impulsando, el gobierno federal se vale de un discurso que rechaza todo tipo de diálogo o búsqueda de consensos (más allá de aceptar “escuchar” a los maestros, insisten categóricamente en que “no habrá marcha atrás en la reforma”), al tiempo que recurre a una estrategia mediática de criminalización de la protesta. En lo que toca a la movilización magisterial, alegan la reticencia de dicho sector al sistema de evaluaciones, afirmando que ello hace parte de cierta cultura que fomenta la corrupción al interior del gremio. Lo que los maestros defienden, por otro lado, son una serie de derechos laborales legítimos, así como una propuesta de reforma educativa integral pues el tipo de mecanismos de “premiación y castigo” y de competencia que promueve el gobierno van en detrimento de la calidad de la educación.
En el marco de las protestas más recientes, la postura del gobierno y de diversos actores políticos ha sido la cerrazón total frente a la CNTE y han hecho más de una declaración en el sentido de que, de seguir con las protestas, se aplicará el “Estado de derecho” y se hará uso de la fuerza pública. Entre las voces que claman por esas medidas están las del secretario de Gobernación, la del presidente nacional del PRI y la de una senadora del PAN. Con ello, no sólo permanece alejada la posibilidad de una salida pactada a un asunto que involucra y afecta a amplios sectores de la sociedad mexicana, sino que se reafirma el carácter autoritario del gobierno en turno.
* Sociólogo, Maestro en Ciencias Sociales, FLACSO-México