Lagarde vino a monitorear un país en conflicto

Por Mario Hernández

Con el cercano antecedente de las movilizaciones en Haití , contra el aumento de los combustibles acordados entre el FMI y el Gobierno haitiano, y la renuncia del Primer Ministro de ese país, el “Día del Amigo” arribó  al nuestro Christine Lagarde, la titular del FMI.

Eufemismos para no hablar de ajuste

Días atrás, el Gobierno difundió la Carta de Intención y el programa económico en el que se basa el acuerdo entre la Argentina y el FMI, por un monto de US$ 50.000 millones a lo largo de 36 meses.

Allí el Gobierno asegura que trabajará para introducir mejoras en el sistema de pensiones: que lo hagan “financieramente sostenible y más justo”. En definitiva, bajar jubilaciones en línea con el proyecto que aprobó el año pasado.

Además, el documento abre la puerta para vender las acciones que están en manos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) del ANSES para pagar la reparación histórica. “Vamos a amortizar activos de los fondos de pensión”, detalla el texto.

En cuanto al empleo público, congelan las vacantes por dos años y “se eliminarán “las posiciones redundantes”. Se trata de un eufemismo para referirse a más reducción de personal del Estado.

El plan descripto en 33 páginas prevé una economía estancada este año (0,4% de crecimiento) con una meta inflacionaria del 27%, que supera las paritarias que fueron firmadas, y propone una aceleración del ritmo de reducción del déficit fiscal, que constituye “una de las metas estructurales” del Gobierno. Así se estima que el desequilibrio de las cuentas públicas pasará del 2,7% de este año al 1,3% en 2019.

El fuerte ajuste fiscal,  en cuestión,  ya había sido anunciado por el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne. La novedad es que ahora puso por escrito algunos de los rubros por los que pasará la tijera. Entre ellos figuran los subsidios a la energía y el transporte, la tarifa social, el sistema de jubilaciones, las acciones de los Fondos de pensión y el empleo público,  así como los fondos destinados a las empresas estatales, como es el caso de Aerolíneas Argentinas.

En lo que respecta a los planes para contener la pobreza, Hacienda dispuso un piso del gasto de asistencia social del 1,3% del PBI, una cifra superior al 0,95% destinado hoy a ese rubro. Se trata de fondos para programas como la Asignación Universal por Hijo (AUH), por Embarazo (AUE), y más de 15 tipos de asignaciones familiares.

Pero dada la incertidumbre económica existente, el Gobierno contempla además una “salvaguarda” para asignar recursos adicionales a todos esos programas “en caso de que las condiciones empeoren”. En concreto, prevé un gasto extra de $ 13.500 millones en 2018 y un 0,2% del PBI por año en los años subsiguientes, equivalentes a cerca de $ 35.000 millones, siempre y cuando se agrave la pobreza, el desempleo y desnutrición infantil.

Conflictos estatales

– Este martes se realizó una nueva jornada nacional de protesta en el CONICET. Motorizada por ATE CONICET, JCP y otras organizaciones sectoriales, se realizaron concentraciones, actos públicos y asambleas abiertas en Rosario, Santa Fe, Córdoba, Mendoza entre otros lugares. En CABA se realizó una concentración en el Polo Científico y Tecnológico, aguardando resultados de la reunión de la Mesa de Becarios.

Después de obtener la aplicación completa,  del Acta Paritaria 2018, a los casi diez mil becarios y becarias del organismo, la Jornada de Lucha del este martes tuvo como eje principal obtener precisiones sobre el pago de la cláusula gatillo (adeudada desde la paritaria 2017). Los funcionarios informaron que en agosto los becarios y becarias percibirán tanto el pago de la cláusula gatillo como la primera cuota del aumento paritario. A esta altura del año, está claro que el aumento para los becarios y becarias se obtuvo sólo a partir de los procesos de organización y movilización que atravesaron a los diferentes lugares de trabajo desde el año pasado.

– El Congreso de Delegados y Delegadas del gremio Cicop (trabajadores de la salud), que sesionó el viernes 13 de julio en la sede central,  decidió dar continuidad al plan de lucha en curso definiendo dos nuevas medidas de fuerza. El jueves 19, realizaron un paro de 24 horas con acciones locales y regionales expresando el reclamo de nueva convocatoria paritaria con propuesta superadora e integral, mientras que el miércoles 25 llevarán a cabo una nueva medida de fuerza dando prioridad al desarrollo de las asambleas de cara al debate de prosecución de acciones si no hubiera respuestas gubernamentales.

– Desde la Agrupación Celeste en la Corriente Clasista y Combativa en ATE Ensenada expresaron su enérgico repudio a la declaración del presidente de la Nación, en el marco del encuentro que mantuvo con la “Mesa de la Pesca”.

De la reunión mencionada participaron empresarios, funcionarios, representantes de los sindicatos y familiares de los tripulantes de los buques San Antonino, Repunte y Rigel, todos hundidos durante la presidencia de Mauricio Macri.
Los familiares quisieron saber por qué se compraban barcos al exterior en vez de hacerlos en el Astillero Río Santiago a lo que el presidente expresó: “hablé con el empresario naviero Vito Contessi y dijo que al Astillero Río Santiago habría que dinamitarlo”.

Desde ATE Ensenada han hecho un llamado a todos los trabajadores y trabajadoras para preparar una marcha de antorchas. Al mismo tiempo desde el sindicato anunciaron una movilización para el próximo miércoles a la Casa de Gobierno.

– El martes se realizó la primera audiencia en el Ministerio de Trabajo a raíz de los 357 despidos en la agencia estatal Télam. Las autoridades no realizaron ninguna propuesta. A su vez, se presentó una denuncia por persecución político-ideológica por parte de la empresa ante la Relatoría Especial sobre Promoción y Protección del derecho a la Libertad de Opinión y Expresión de la ONU.

– Los trabajadores del Hospital Posadas denunciaron que el gobierno nacional y las autoridades administrativas de ese centro asistencial incumplen el fallo de la Justicia Federal de San Martín que ordenó reincorporar a diez de los 152 despedidos en enero pasado.

– El Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA), informó que la nueva Administradora del organismo, Patricia Gutiérrez, ratificó los 352 despidos, que incluyen a la planta transitoria educativa y a trabajadores de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), junto con el cierre definitivo de las 5 escuelas técnicas viales que funcionaban en el país.

– Los bomberos voluntarios de todo el país se organizaron para realizar un sirenazo en reclamo por el desfinanciamiento que lleva a cabo el Ministerio de Seguridad desde el año pasado.

“Somos 45.000 personas, entre directivos y bomberos, que tenemos una profunda vocación por la tarea que realizamos. No percibimos ningún sueldo, y todos los recursos son para sostener al sistema nacional de bomberos voluntarios y la atención de más del 80% de llamados de emergencia que se desarrollan en todo el territorio nacional”, destacó Carlos Alfonso, presidente del Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República Argentina.

– Gremios aeronáuticos acataron la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo, lo que evitó la posibilidad de un paro en vísperas de las vacaciones de invierno.
Cinco gremios habían anunciado la realización de un paro de actividades en los aeropuertos de todo el país, que se llevaría a cabo el viernes 13, en reclamo por la política aerocomercial aplicada por el gobierno nacional.
 

Movimientos sociales

 

– Luego de semanas de reclamar en la ciudad de La Plata y tener reuniones técnicas sin resultados favorables, miles de trabajadores y trabajadoras se movilizaron desde plaza San Martín hasta plaza Moreno e instalaron un acampe.

Así expresaba el comunicado de prensa que circuló por las redes sociales: “Frente a nuestra negativa a retirarnos del lugar sin una respuesta, los funcionarios procedieron a extorsionarnos diciendo que nos iban a quitar el trabajo de refacción que estamos llevando a cabo en escuelas y jardines y amenazaron con desalojarnos y denunciar penalmente a nuestros delegados y delegadas”.

– Las y los pequeños productores hortícolas volvieron a reclamar contra la falta de políticas públicas para promover la agricultura familiar y la reciente decisión del Ministerio de Agroindustria de eliminar el Monotributo Social Agropecuario (MSA), que les permitía a miles de  productores y productoras familiares acceder a la obra social y aportes jubilatorios. Buscaron así visibilizar su reclamo con un nuevo verdurazo, esta vez frente a La Rural, que inauguraba su tradicional exposición, donde regalaron 10.000 kilos de verdura, bajo la consigna: El Otro Campo.

“Este 18 de julio el otro campo, que produce alimentos para millones de familias, que no exporta ni especula con el dólar, realizó un verdurazo en la puerta de La Rural para expresar la crítica situación de su sector”, sostuvieron desde la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT).Las y los pequeños productores advirtieron que están viviendo “una crisis terminal, sin precedentes”. “En La Rural se expresa el supuesto modelo exitoso, de gran producción y exportación que el Gobierno tanto apoya pero que no produce alimentos para el pueblo argentino y está destruyendo los últimos bosques nativos, la calidad de los suelos e impulsando desalojos de familias campesinas e indígenas”, dijeron por último las y los productores.

– Más de 3.000 personas de organizaciones sociales se manifestaron frente a las oficinas porteñas de la banca internacional JP Morgan Chase con ollas populares, en clara demostración de denuncia ante el crecimiento de la pobreza y la falta de políticas de empleo.

Entregaron un petitorio donde solicitaban que JP Morgan brinde recursos económicos directos para atender la crisis de miles de trabajadores y trabajadoras pobres, poniendo a disposición puestos de trabajo para desocupados, fondos para infraestructura barrial y comunitaria, y aportes económicos para sostener los comedores a los que asisten cientos de niños y niñas.

La CGT se llenó de pañuelos verdes

El martes 10 de julio de 2018 quedará en la historia: una treintena de referentas feministas se sentó en la mesa ovalada de la CGT con sus pañuelos verdes al cuello, mientras afuera una movilización callejera gritaba: “Aborto legal en la obra social”.

La reunión pedida por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito fue motivada luego de una nota del 4 de julio en Clarín donde bajo la volanta “Conflicto en puerta”, titulaban: “Legalización del aborto: gremios de la CGT alertan que las obras sociales no pueden cubrir los costos”.

En la reunión, Noé Ruiz, Secretaria de Igualdad de Oportunidades y Género de la Central y titular de la Asociación de Modelos Argentinas, desmintió la nota de Clarín y habló de versiones “tergiversadas por los medios”. Elsa Schvartzman, Nina Brugo, Celeste Mac Dougall y Miranda González Martín fueron las representantes de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito que asistieron. Dejaron en claro que la obligación de la CGT debería ser posicionarse en favor de la aprobación del proyecto, que ya tiene media sanción, por tratarse de un derecho al acceso a la salud de las trabajadoras.

Además del pañuelazo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, esta acción se replicó en Rosario, Salta, Río Negro y Córdoba.

Trabajadoras afiliadas a distintos gremios de la CTA Autónoma lanzaron una campaña para exigir la prórroga del día de las elecciones en la Central y un paro nacional para movilizar el 8 de agosto al Congreso Nacional por la aprobación de Ley de interrupción voluntaria del embarazo. Impulsan un petitorio dirigido a la Comisión Ejecutiva Nacional de la CTA Autónoma y llaman a replicarlo nacionalmente en toda la Central.