¡Basta de represión! Las 800 mil somos también las que están presas

Por Laura Salomé Canteros / Foto: colectiva Yo No Fui

Se realizó frente al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación una conferencia para denunciar la represión sobre las mujeres privadas de su libertad en la Unidad IV de Ezeiza. Una práctica sistemática del Servicio Penitenciario que no encuentra freno en el gobierno.

En horas posteriores al 8 de marzo, Paro Internacional de mujeres, lesbianas, travstis y trans, agentes masculinos del Servicio Penitenciario Federal golpearon y castigaron a mujeres privadas de su libertad en el pabellón 24 del módulo III del Complejo IV de Ezeiza. Desde entonces, la organización feminista y de Derechos Humanos dentro y fuera de los muros, logró visibilizar y poner en agenda una demanda  sistemática y coyuntural: el ajuste y la represión también tiene su expresión dentro de las cárceles y se expresa sobre los cuerpos de las mujeres.

La represión del Servicio Penitenciario se desató luego de que las autoridades del Complejo informaron a las mujeres que no cobrarían el peculio (ingreso por horas trabajadas) del mes anterior y que no sabían cuándo se cobraría; o sea, que no contarían con el dinero para ser retirado por sus familias. De esa reunión participaron -a selección arbitraria-, mujeres que recién ingresaron al penal y que no conocían plenamente sus derechos, quienes fueron las encargadas de multiplicar la mala noticia.

Un grupo de 15 de ellas estaban reunidas comentando la situación, ocasión para desatar la impunidad de las fuerzas represivas intramuros. Ingresaron a golpearlas. Ellas buscaron refugio en una celda pero fueron sacadas con gas pimienta, golpes de puño y patadas.

De la represión participó personal masculino; y como resultado de la golpiza las mujeres sufrieron cortes y contusiones en sus rostros y cuerpos. Una de ellas fue llevada al pabellón psiquiátrico N°27 de la Unidad, al que denominan “un depósito del SPF en el que drogan y golpean a las mujeres como parte del procedimiento”. Otras cuatro mujeres fueron llevadas a celdas de castigo.

Cada represión tiene una responsabilidad política

Las integrantes de la colectiva Yo No Fui contaron que recién tras la publicación del repudio a las golpizas en las redes sociales, pudieron ingresar a la unidad penitenciaria a ver a las mujeres. Lo hicieron tras las intervenciones de la Procuración Penitenciaria de la Nación -PPN-, el Centro de Estudios Legales y Sociales -CELS-, la Procuraduría de Violencia Institucional -PROCUVIN- y la Unidad Fiscal especializada en Violencia contra las mujeres, lesbianas, travestis y trans -UFEM-.

Exigen la urgente investigación del hecho, la suspensión del personal penitenciario que participó de la represión y la sanción de los responsables materiales y políticos. Además, la implementación de una mesa de diálogo con instituciones y representantes de las mujeres privadas de su libertad y poner en agenda estrategias urgentes para avanzar hacia la desprisionalización.

“Visitamos el penal y los pabellones. Escuchamos su dolor y vimos sus cuerpos lastimados”, expresaron, “pudimos ver a una de las reprimidas, tiene todo su cuerpo lastimado. La arrastraron y la llevaron a la celda. Tiene 5 hijos que están a cargo de sus padres”, agregaron. Quedó claro. Para las mujeres que trabajan mientras cumplen una pena privativa de la libertad, el modesto salario que perciben es un derecho no menor sino fundamental para mejorar la calidad de sus vidas y la de sus familias.

La voz de las que sí tienen voz: “Complejo IV Clandestino”

Durante la conferencia de prensa se leyó una declaración redactada de forma conjunta por las mujeres organizadas del pabellón 24 del módulo 3 del Complejo IV de Ezeiza.

“Nos mandan al psiquiátrico sin razón”. “A veces nos prohiben ver a nuestros hijos”, dicen desde la unidad, “todos avalan el abuso”. “Nos reviven épocas que creíamos olvidadas”, sigue la declaración conjunta, “solo falta que nos violen físicamente para llamarlos golpe militar en la carcel”, agregaron, “nosotras lo llamamos Complejo IV Clandestino”.

La conferencia de prensa fue una oportunidad para dar a conocer, desde la propia voz, la situación de ajuste y represión sobre los cuerpos de las mujeres que se encuentran en las cárceles. Organizada por la colectiva Yo No Fui, Ni Una Menos, No Tan Distintas y Emergentes, fue acompañada por una alianza poderosa: la de organismos de Derechos Humanos, el feminismo organizado y los colectivos que trabajan por el aceso a la salud, la educación y el trabajo de las personas en contextos de encierro.

La Asociación Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, la APDH, la Comisión Provincial por la Memoria, la Campaña contra las Violencias hacia las Mujeres y el Movimiento de Mujeres del Kurdistán, entre muchas otras, fueron parte de las adhesiones al repudio de una práctica sistemática de parte de integrantes de las instituciones carcelarias sobre los cuerpos de las mujeres rebeldes.

Las mujeres presas, doblemente violentadas y castigadas

“Denunciamos el ejercicio sistemático de la crueldad por parte del Estado sobre las miujeres que están privadas de libertad como también el desamparo al que son expuestas cuando salen de la cárcel”, afirmaron en un comunicado conjunto las organizaciones convocantes. “Como parte del movimiento feminista repudiamos y denunciamos la acción violenta del patriarcado que mostró su cara más brutal contra las más débiles”.

Frente al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a cargo de Germán Garavano, se denunció, no solo la represión con golpes y manguerazos en las horas posteriores al 8 de marzo, que involucró a agentes penitenciarios varones en una unidad de mujeres; algo expresamente prohibido por la legislación penitenciaria. También se avanzó en visibilizar la represión cotidiana: torturas y amenazas individuales, requisas vejatorias, maltrato a las familias en el escaso cumplimiento de las visitas y el mal funcionamiento de los centros médicos. Además, se exigió el cumplimiento del arresto domiciliario ya que de 800 mujeres privadas de su libertad, 510 están en condiciones de que les sea concedido ese derecho. Un dato aportado por el mismo Servicio Penitenciario Federal.

“Las mujeres que habitan las cárceles de nuestro país son pobres. Suelen tener adolescentes y niños a cargo. En ocasiones adultos que dependen de ellas y al momento de ser detenidas, dedicaron la mayor parte de su tiempo a tareas de cuidado sin reconocimiento ni remuneración”, afirmaron. “Paradójicamente, en la cárcel, acceden a duras penas y por primera vez, a una política pública y a la posibilidad de un trabajo formal”.

“Su pasaje por la cárcel es una experiencia violenta más en sus vidas”, afirmaron. “El Estado no las reconoce como sujetas de derechos”. Mucho menos en un contexto de aumento del 33% de la población carcelaria en los últimos meses y el aumento de la prisión preventiva como recurso indiscriminado por parte de los jueces.

“Las políticas pos penitenciarias no cuentan con una perspectiva social”, denunciaron, “antes que brindar recursos formulan exigencias de redención biográfica, desligando al sistema que produce las condiciones de desigualdad en el acceso a recursos y oportunidades y descargando la responsabilidad en la subjetividad de las mujeres. Muchas quedan en situación de calle. Entonces se reproduce un círculo continuo que lleva a las mujeres otra vez a la cárcel como destino inexorable”.

La golpiza en la madrugada formó parte de una violencia institucional estructural en un espacio donde aun hay asesinatos sin resolver de los que el Estado es responsable. Pero también fue una expresión de la represión macrista a la protesta social, en esta ocasión, sobre los cuerpos de las mujeres organizadas dentro de un penal. “Para nosotras todas las vidas valen, todos los cuerpos cuentan, las 800 mil mujeres que protagonizamos la revuelta feminista somos también las que están presas. Todas desobedecemos al patriarcado”, por eso afirmaron en el final, “ni una menos también en las cárceles”.