Legalizar el aborto: ¿que están esperando?

Legalizar el aborto: ¿que están esperando?

La semana pasada la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito oragnizó un abrazo al Congreso para exigir el tratamiento del proyecto de ley que despenaliza y legaliza la interrupción voluntaria del embarazo. Crédito: Laura Salomé

Por Laura Salomé. Candidatos y candidatas en campaña electoral deciden manifestar su apoyo a la legalización del aborto. Sin embargo, una no tan beneficiosa conformación de las cámaras pondría en juego  un derecho fundamental que podría mejorar la cotidianeidad de la vida y la salud de todas las mujeres en todo nuestro país. 

“Exigimos la sanción inmediata de una ley que despenalice y legalice el aborto en Argentina y la plena vigencia y aplicación de la ley nacional de educación sexual integral y de los programas de salud sexual y reproductiva con presupuestos adecuados”. Con este párrafo cierra uno de los tantos comunicados en la historia de la Campaña Nacional  por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, articulación política y territorial del movimiento de mujeres, feminista y de derechos humanos que desde abril de 2005 trabaja para lograr la sanción de una ley que despenalice, legalice, descriminalice y convierta en derecho para las mujeres el aborto en nuestro país.   

Interpelar a la clase política

Según un sondeo de opinión realizado por el área de salud, economía y sociedad del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) en el año 2009, denominado “Aborto, ¿qué espera la ciudadanía de la clase política y el Congreso?”, el 65% de las y los encuestados acordaron en que las y los candidatos deben manifestar durante las campañas electorales su posición en cuanto a la despenalización y legalización del aborto.

El sondeo, realizado sobre una muestra presencial a 600 personas de entre 18 y 80 años, habitantes de todas las provincias de nuestro país, también arrojó el dato de que, en caso de debatirse el proyecto de ley que despenalizara y legalizara del derecho al aborto, legisladores y legisladoras deberían dar importancia en un 46% a los avances de los derechos de las mujeres, en un 34% a la opinión de la gente y sólo en un 7% a las creencias religiosas personales; considerando las y los encuestados que, la punibilidad de las interrupciones voluntarias de los embarazos en nuestro país como crisis de salud pública, deberían ser prioridad para los Ministerios de Salud y Educación, las Asociaciones Médicas y las Organizaciones de Mujeres y de Derechos Humanos en más de un 90%, las Universidades en un 83% y de la presidenta y de diputados y diputadas en ejercicio de funciones en un 77% y 71% respectivamente.

Anteayer, candidatos y candidatas a la Legislatura porteña de distintas fuerzas políticas -y hasta antagónicas en la contienda electoral- se comprometieron, en caso de asumir, a trabajar en forma transversal  en pos de mejorar la participación paritaria, garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, contribuir a prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género en todas sus formas y modalidades, mejorar el acceso al trabajo y diversificar las tareas de cuidado. Acordaron asimismo, impulsar una ley que encarne una de las principales asignaturas pendientes: permitir el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. La única ausencia fue la del oficialismo porteño, sector que un año atrás vetó la norma que establecía un protocolo en la Ciudad para la interrupción no punible de los embarazos –aquellos que están contemplados por el código penal-.

La influencia de la sociedad y el comportamiento de los medios tradicionales

La última encuesta contundente acerca de la opinión de la sociedad en nuestro país con respecto a la despenalización y legalización del aborto, fue realizada por la consultora Ibarómetro en julio de 2010. El “debate” en la opinión pública y en los medios comerciales se dio en ese momento por la controversia suscitada por la fallida Resolución del Ministerio de Salud de la Nación –aun pendiente- , que proporcionaba la Guía Técnica para la Atención de los Abortos no Punibles en los centros de salud y hospitales públicos de todo el país.

En el sondeo, realizado sobre 1400 casos de todo el territorio nacional, se arrojaron datos que sostienen que casi un 60% de las y los entrevistados no está de acuerdo con penalizar a una mujer que se realizó un aborto, ítem que en el área metropolitana de la ciudad de Buenos Aires llegó a un 70% de aceptación. Asimismo, las y los entrevistados coinciden en que las mujeres deberían tener derecho a interrumpir su embarazo conforme a sus necesidades y convicciones personales en un 58,5%, mientras que un 30% considera que no es un derecho.

Con respecto al tratamiento en los medios, la Licenciada en Comunicación, investigadora del CONICET y miembra de la Red PAR, Soledad Gil, opinó en una entrevista brindada a Edición Uncuyo, el portal de la Universidad Nacional de Cuyo, con sede en Mendoza, que “el abordaje en los medios” del derecho al aborto “es realmente preocupante” y que si de “un tiempo a esta parte el tema ha ido ganado visibilidad mediática no ha sido por una cuestión evolutiva de la sociedad sino porque los movimientos de mujeres, en articulación con periodistas que están comprometidas/os con las temáticas, han hecho alianzas que de algún modo han permitido ingresar estos temas a la agenda mediática”.

La investigadora menciona que las problemáticas de aborto son tratadas “como casos aislados, como si la situación de una mujer que atraviesa un embarazo no deseado no tuviese que ver con la de otra que pasa por lo mismo” y esto produce que se le quite “el peso social y político que tiene el reclamo. La atomización de la noticia y eso de individualizar un caso atrás de otro contribuye a que el tema se construya por fuera de la problemática social”. Con respecto a los motivos que hacen que esta demanda social, que cada vez es más visibilizada en los medios y tomada por las y los candidatos en campaña, aún no se ha traducido en un debate legislativo que legalice la interrupción voluntaria de los embarazos, Soledad Gil dice que “son cuestiones puramente políticas”. 

Y concluye, “en Argentina el aborto constituye una crisis de salud pública. Constituye la principal causa de muerte entre las mujeres y se trata de una muerte sumamente evitable. Es una cuestión de justicia social, de clase y es una cuestión de derechos humanos por el derecho primerísimo de toda persona de poder elegir sobre su propio cuerpo”. En este sentido, “forzar a una mujer a llevar adelante o a término un embarazo no deseado es un atentado sobre los derechos humanos. Y que esté penalizado nos condena potencialmente a todas”.