Los Bachilleratos Populares exigen respuestas Los Bachilleratos Populares exigen respuestas
La Coordinadora de Bachilleratos Populares en Lucha se movilizó el último miércoles a las puertas del Ministerio de Educación de la Ciudad. Los Bachilleratos Populares exigen respuestas

Por Ignacio Marchini / Fotos por Sergio Segura

La Coordinadora de Bachilleratos Populares en Lucha (CBPL) se movilizó el último miércoles a las puertas del Ministerio de Educación de la Ciudad, ubicado en la Avenida Paseo Colón. Cientos de estudiantes, educadores y educadoras exigieron por la reapertura del registro de bachilleratos populares, el reconocimiento de los salarios docentes y el financiamiento integral para las escuelas públicas y populares. El Estado brilla por su ausencia.

Desde de las 15 horas, cientos de estudiantes, trabajadores y trabajadoras de la educación popular concentraron en las puertas del Ministerio exigiendo alguna respuesta por parte de las autoridades al pliego de reclamos que vienen sosteniendo desde hace tiempo: la reapertura del registro y el reconocimiento de todos los bachilleratos populares, salarios para los y las trabajadoras de la educación y el financiamiento integral de las escuelas públicas y populares, lo cual incluye el pago de becas y viandas para los y las estudiantes, además de mobiliario y materiales didácticos. A este pliego de reclamos históricos se sumó el pleno rechazo a la implementación de la reforma educativa de la “Secundaria del futuro”, una forma de convertir en mano de obra gratuita a lxs estudiantes de los últimos años, tras la fachada de una “inclusión y preparación en el mercado laboral”. Un mercado que bajo la concepción macrista sólo implica empresas y ONGs, recortando a la mitad el tiempo de cursada de 5to año para el desarrollo de estas mal llamadas “pasantías”.

Justamente el día miércoles, la Ministra de Educación de la Ciudad, Soledad Acuña y la Subsecretaria de Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa, Andrea Buzos, se reunieron en la Defensoría del Pueblo con representantes de los colegios secundarios para tratar los puntos de esta polémica reforma. Esta reunión sirvió como excusa para ausentarse todo el día del Ministerio y dejar sin respuesta, una vez más, los reclamos de la comunidad educativa popular. Estas prácticas no llaman la atención, teniendo en cuenta que en la última reunión con la Secretaría de Coordinación Pedagógica, 4 semanas atrás, Andrea Buzos se negó a tratar todos los puntos y hasta sugirió que debían buscar mobiliario para los bachilleratos en la basura.

En el marco de la profunda crisis económica y social que atraviesa el país, los bachilleratos populares son la última respuesta para miles de jóvenes y adultxs que día a día se ven expulsados del sistema educativo “tradicional”. Estas experiencias comenzaron a funcionar luego de la crisis política-económica-social del 2001, y en 2011 obtuvieron el reconocimiento oficial por parte del Estado. En la actualidad representan un tercio de la oferta educativa de jóvenes y adultxs en la Ciudad de Buenos Aires.

En diálogo con Marcha, Pablo Spataro, Secretario General Adjunto de la CTA Autónoma Capital y docente del Bachillerato Popular “Salvador Herrera”, habló sobre la situación que le toca atravesar a varios de estos establecimientos educativos: “La mayoría está reconocido, es decir que titulan y que se reconoce la Plata Orgánica Funcional, se les paga sueldo a los y las profesoras, con todos los derechos contemplados en el estatuto docente. Sin embargo, siete experiencias que están reconocidas y pueden titular, no se les reconoce el salario docente. El Estado está precarizando a los trabajadores y trabajadoras de los bachilleratos. Además hay cinco bachilleratos nuevos que el Estado se niega a reconocer, a pesar de contar con un plantel docente y estar operativos.”

El Estado se niega a la reapertura del registro, escudándose en el argumento de que, actualmente, la demanda se encuentra satisfecha. Claudio Olivetto, uno de los representantes del Bachillerato Popular “Darío Santillán” en la Coordinadora, rechaza estas declaraciones. “Ellos sostienen que la demanda se encuentra satisfecha con la implementación actual, lo cual no es cierto porque todos los años sigue habiendo cerca de 10.000 vacantes que no consiguen acceder a la educación pública. Por otro lado, la matrícula de las experiencias de educación popular aumentan año tras año.” En relación a la subsistencia de estas experiencias, expresó que “hoy en día las mantienen los movimientos sociales, las cooperativas de trabajo. Es una responsabilidad del Estado la educación publica y popular.”

Durante la gestión del ex Ministro de Educación y actual candidato a Senador por la Provincia de Buenos Aires, Esteban Bullrich, se firmó un acta acuerdo entre la Coordinadora y el Ministerio, en el cual se comprometían a abrir una mesa de negociación salarial. Las responsables actuales de llevarla adelante, Soledad Acuña y Andrea Buzos, desconocen lo firmado por un miembro de su propio partido, por lo que ni siquiera pueden excusarse, conocido latiguillo, en el cambio de gestión.

El no reconocimiento de los salarios docentes, sumado al ajuste tarifario y la imposibilidad de algunos bachilleratos de emitir títulos oficiales, están poniendo en jaque estas experiencias educativas y generan una enorme incertidumbre en las y los estudiantes en relación a su futuro. Si estas experiencias continúan en pie se debe a la militancia y compromiso de las y los docentes, que aun sin percibir un salario, apuestan día a día a esta educación que contiene a los sectores más postergados de la sociedad. Tal es el caso de Laura Matiauda, educadora del Bachillerato Popular del Movimiento de Ocupantes e Inquilinos (MOI). “En mi caso llevo 5 años sin recibir un salario. También pedimos tarifas diferenciales para el pago de servicios públicos que nuestras organizaciones, en pleno tarifazo, no pueden afrontar. Necesitamos viandas para los estudiantes y mobiliario escolar. No nos reconocen absolutamente nada, ni las tizas. Todo lo conseguimos nosotros de manera autogestiva.”

Una de las estrategias que están contemplando desde el gobierno para deslindarse definitivamente de las responsabilidades que le caben en relación a la educación popular es el pase de estas experiencias de la gestión estatal a la gestión social. Así lo expresó Matiauda para Marcha: “En algunas reuniones nos han abierto la posibilidad de que entremos (a la gestión social), una vez reglamentada, porque lo cierto es que la Ciudad de Buenos Aires no tiene ley de educación. Pero hay un proyecto de reglamentación de la gestión social en la Legislatura porteña. Ellos nos ven encuadrados a nosotros en ese tipo de gestión, ese tipo de prácticas. Un tercer sector que compartiríamos con la Iglesia y las ONGs. Desde el MOI defendemos la gestión estatal, nos consideramos escuelas de educación pública.” En relación a qué implicaría este cambio de órbita, señaló que “es una tercerización de la educación. El Estado se deslinda de todas sus obligaciones e implica una precarización de la condición laboral de todxs sus educadores. No se lxs reconoce dentro del estatuto docente. Básicamente implica la ausencia y la retirada del Estado, es un proyecto que el macrismo ve con buenos ojos.”

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