“Los gobiernos para ocultar los problemas económicos culpan a las y los migrantes”

Por Cesar Saravia y Vivian Palmbaum Foto: Alejandra Malcorra

Este miércoles 13 de marzo se realizó el tercer #Migrantazo, en la Ciudad de Buenos Aires, organizado por la Campaña Nacional Migrar No Es Delito. En la antesala a este nuevo #Migrantazo, se hizo el lanzamiento de la Campaña en la provincia de Córdoba, porque la resistencia contra la xenofobia y el racismo crece en todo el país.  

Ayer se realizó el Tercer #Migrantazo de la Campaña Migrar no Es Delito, en CABA y en Córdoba Capital, del que participaron diversas organizaciones populares. La movilización en CABA arrancó en la Dirección Nacional de Migraciones y avanzó, pasando por la Comisión del Migrante, ubicada en la Avenida Alem al 500, hasta Plaza de Mayo. Entre las demandas que se empujaron desde la movilización está la derogación definitiva del DNU 70/2017, la reducción de las tasas por trámites migratorios, el carácter excluyente del nuevo Sistema de Radicación a Distancia (RADEX) que se introdujo el año. Por otra parte, la movilización tuvo como su principal bandera el cese de las expulsiones arbitrarias y el reingreso de Vanesa y su hijo.

La Campaña Migrar No Es Delito está integrada por un conjunto diverso de organizaciones que reivindican la legitimidad del derecho a la migración, tal como está consagrado en nuestra Constitución Nacional y tal como lo reconoce el derecho internacional con el status de derecho humano.

El pasado lunes 11 de marzo se realizó una conferencia de prensa en la que  se expresaron distintos delegados de las organizaciones que componen la Campaña Nacional “Migrar No Es Delito.

Mitos y verdades sobre la migración

En la conferencia de prensa se pusieron de relieve las crecientes dificultades que afectan a las y los migrantes para residir y trabajar en nuestro país. Dificultades que vienen de la mano de políticas xenófobas y discriminadoras que se instalan en el sentido común a través de los medios de comunicación. Las y los delegados coincidieron en la valoración de xenófobas y discriminatorias las políticas que lleva adelante el gobierno nacional junto a los gobiernos provinciales, cuyas consecuencias producen exclusión, marginación y reducción de los salarios que perciben las personas migrantes. Las y los migrantes son pobres y no tienen las mismas condiciones de trabajo que un argentino y una gran parte trabaja en negro, lo que equivale a peores ingresos aún.

Que la Argentina es el destino principal del flujo migratorio del Mercosur, con casi dos millones de residentes extranjeros,  es un dato que no circula en los medios de comunicación, y que son una parte importante de su fuerza de trabajo. Que las y los migrantes contribuyen a las tareas de limpieza, el mantenimiento de casas, edificios, del trabajo con las verduras- para el consumo de las ciudades-, fabrican ropa, trabajan en restauraciones y comercios, cuidando a los niños, niñas y ancianos, atienden en los hospitales, trabajan en escuelas y universidades, también son datos poco conocidos.

Entre el trabajo formal, informal y el trabajo forzoso de las personas migrantes integran una considerable cantidad de fuerza de trabajo en Argentina.

“Nosotros y nosotras somos un buen aporte de trabajadoras, por ejemplo, en la construcción, donde solamente en el sistema formal el 18,6% son extranjeros, en lo textil  el 7,7%,  en el comercio el 21,7 %, en el empleo doméstico el 20,9%”. En este último caso ((empleos domésticos) sin contar que las mujeres sufrimos doble atropello por ser migrantes”.

Estos son algunos números que solo ponen en evidencia el trabajo formal al que se suman porcentajes aún superiores del trabajo en negro. Se estima que más de 5000 millones de dólares corresponden a la mano de obra de las y los trabajadores migrantes, en nuestro país, que  no se visibiliza.

Chivos expiatorios                                                           

 “La Argentina se ha alineado con los modelos autoritarios y sobre todo con el discurso de Donald Trump, donde se persigue a las y los migrantes”, expresaba la delegada del Polo Obrero. En coincidencia, la delegada del FOL decía “se nos acusa de ocupar el sistema publico de salud y de la  educación, pero eso también es mentira porque el Estado no se ocupa. Entonces cuando el Estado no invierte en la salud y en la educación nos echan la culpa a las y los migrantes”. “Los mismos gobiernos que para ocultar los graves problemas económicos culpan al migrante”. Así es como  impulsa la persecusión y la xenofobia cuando se instala la idea de si el migrante puede pagar por salud y educación. Políticas de un gobierno en crisis que apunta a las y los migrantes de paises hermanos.

El DNU 70/2017 que le puso letra a estas políticas y al discurso xenófobo del gobierno fue declarado inconstitucional por la Cámara, sin embargo la medida fue apelada por el gobierno nacional y elevada a la Corte Suprema de Justicia, lo que lo deja en vigencia.

La creciente expulsión de las y los migrantes se han convertido también en política de estado, con el incremento del número de personas que son deportadas a su país de origen, con escasa visibilidad y con gran pregnancia discursiva. El caso de Vanesa y su hijo de nacionalidad argentina ha sido el caso más emblemático y violatorio del derecho nacional e internacional. En este Migrantazo se pide expresamente que se la restituya al país, donde trabajaba y tenía conformada su familia de la que fue separada compulsivamente.

Las y los migrantes son trabajadores que vienen en busca de condiciones mínimas para una vida digna, que en sus lugares de origen no tienen, con el consiguiente sufrimiento que significa el desarraigo y dejar atrás a sus afectos.

Serios obstáculos se impulsan desde las políticas públicas para el ingreso de las y los migrantes trabajadores. Elevadas tasas para realizar los trámites de residencia,  que han alcanzado valores muy elevados para quienes llegan en estado de necesidad. A esto se suman los plazos para realizar los trámites, y los turnos que se entregan con mucha demora. Así como la implementación de un nuevo sistema de Radicación a Distancia de Extranjeros (Ra.D.Ex) que obliga a realizar el trámite de forma digital y principalmente por la complejidad de su uso, demanda cierto conocimiento informático, y además solo está en idioma español, con lo que discrimina a migrantes que no son hispanohablantes.

La discriminación y las políticas xenófobas recaen sobre las y los más vulnerables, migrantes pobres que se ven obligados a soportar el maltrato, el abuso y la persecusión mientras se imponen políticas para atemorizarlos. La situación para no es igual para quienes tienen mayor poder económico y menos aún para quienes se adueñan de tierras con la anuencia de los gobiernos.

“Las y los migrantes que llegan para trabajar de países limítrofes que son los que aporten mayor población trabajadora, no tienen para pagar los altos aranceles que se imponen para legalizar la situación en este país y eso ha generado un atropello cada vez mayor. Estas altas tasas y la precarización toman al migrante como el chivo expiatorio, el eslabón más débil de la cadena”.

En el marco de este Tercer Migrantazo se entregó una Nota a la Dirección Nacional de Migraciones  donde se ponen de relieve algunas de las principales demandas que tienen las y los migrantes, porque se violan sus derechos.

Migrar No Es Delito, así le responden las y los trabajadores migrantes de nuestro país al gobierno que legitima la xenofobia, la discriminación y el estigma que pesa sobre ellos, a la vez que construye un discurso que las y los criminaliza, que no se condice con la realidad e invisibiliza sus contribuciones.

Nuestra cultura se construyó y se enriquece con el aporte de quienes habitan nuestro suelo, cualquiera sea su origen. “Para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino”, así lo expresa nuestra Constitución Nacional y así lo repetimos.

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