Los tristes puentes entre la Dictadura y Cambiemos Los tristes puentes entre la Dictadura y Cambiemos
De políticas económicas y favores a genocidas Los tristes puentes entre la Dictadura y Cambiemos

Por Adriana Pascielli y Norberto Benítez

En las últimas semanas, asistimos al recrudecimiento de medidas económicas contrarias al pueblo trabajador y a un marco legal que beneficia a patrones y a genocidas. En estas líneas, una mirada en los números y en las acciones que unen a los gobiernos dictatoriales con el actual Cambiemos.

“En la política económica de ese gobierno debe buscarse no solo la explicación de sus crímenes sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada”.

Estas palabras forman parte de la Carta Abierta a las Juntas Militares, que escribiera el periodista y militante Rodolfo Walsh el 24 de marzo de 1977, un día antes de su secuestro por los ejecutores del terrorismo de Estado. Atinada proclama que contextualiza, como muy pocas piezas literarias, una dictadura militar que tuvo como principal objetivo beneficiar a monopolios nacionales y extranjeros con una concentración de la riqueza. En solo un año y medio este gobierno de Cambiemos camina por el mismo sendero que aquél  de las Tres Armas.

El resultado del plan dictatorial culminó con el éxito de una reducción de la participación de las y los asalariados en la distribución del ingreso, que continúa en baja desde entonces con una excepcionalidad destacable hacia 2015, cuando alcanzó su mayor valor con un 37,4%. Entre 2003 y 2015, la participación del salario sobre el PBI pasó del 24,4% al 37,4%; mientras que Macri en sólo 15 meses provocó un retroceso de participación salarial de 3,1 pp. Un retroceso similar al de la participación salarial sobre el PBI durante la dictadura de Videla y Martínez de Hoz, que pasó del 47% en 1974 al 28% en 1983. Así, cifras equiparables a las de la Dictadura se dan también en el crecimiento de hogares pobres que entre el 76 y 1983 pasó de 2 a 25%, mientras que en el periodo Cambiemos pasaron a la pobreza 1,8 millones de personas.

También las chimeneas de las fábricas se reemplazan por tractores, exportaciones de granos y productos primarios; y se destruye el desarrollo de las economías regionales como la frutihortícola en el sur. Como en la época dictatorial, el regreso a la Argentina oligárquica de la generación del 80 quiere consagrar a nuestro país como “el granero del mundo”.

Viviendo fuera de la ley

Pero esta restauración requiere también doblegar a las trabajadoras y los trabajadores y al pueblo, haciendo blanco especialmente en sus organizaciones y dirigentes más consecuentes. Comentamos ya en estas páginas que esta dirección requiere la imposición de políticas represivas. Sin dudas, Cambiemos ha decidido fogonear medidas que lo alejan cada vez más de la defensa de la Constitución y de las leyes.

Sin embargo, no está solo en el intento de implementar el modelo. Muchas leyes emanadas del Congreso contaron con el apoyo de algunas y algunos  parlamentarios del Frente Renovador de Sergio Massa, del  PJ y también del Frente Para la Victoria.  Sea esta votación en materia de leyes laborales como de medidas económicas, sociales y de derechos civiles y políticos. La única excepción de negativa a sumar los brazos en cualquiera de estas leyes fue en la Cámara de Diputados desde las bancadas del Frente de Izquierda (FIT) y en escasos legisladores del FPV.

En las calles y en los Consejos

El 1 de mayo se conmemora en todo el mundo el día de las trabajadoras y los trabajadores en recuerdo de aquellos que hacia mediados del siglo XIX salían a las calles para reclamar las 8 horas de trabajo y mejores condiciones laborales en la ciudad de Chicago. Las manifestaciones fueron recibidas con un plan represivo, se llevó a juico a más de 30 dirigentes obreros y se condenó a la pena de muerte a 8 de ellos. Todos considerados “subversivos”. Una palabra que, en diferentes momentos de la historia, utilizan los patrones para denominar a quienes luchan por los derechos con la certeza de que sólo con el fin de la explotación la humanidad será verdaderamente emancipada.

Este 2017 se realizaron diferentes actividades en todo el  país. La fragmentación, lamentablemente, fue otra vez la marca del día. Sólo en la Ciudad de Buenos Aires se registraron cerca de cinco actividades más o menos convocantes que sumadas rondarían en un total de más de 100 mil personas.  El triunvirato de la Economía Popular y el Frente Popular Darío Santillán fueron de la partida frente el Monumento al Trabajo con cerca de 45 mil asistentes. La CGT decidió encerrarse, convocar a muy pocos delegados y realizar un acto que no duró más de 20 minutos, seguramente con las heridas que le dejó al triunviro el copamiento del palco por parte de delegados de base de diferentes sindicatos el 7 de marzo. Sectores de las CTA activaron el recuerdo frente a la carpa itinerante del congreso, el FIT en Plaza de Mayo y la Corriente Político Sindical Rompiendo Cadenas en Av. de mayo y 9 de julio.

Mientras tanto, el Momo Vengas, secretario general de la UATRE, invitaba a Macri y funcionarios del Gobierno a festejar juntos el día de los trabajadores en el micro estadio de Ferrocarril Oeste. Este acto consolidó el acuerdo de gobierno para llevar adelante medidas de restricción de derechos laborales con bajas de salarios y deterioro de la calidad de vida del pueblo trabajador. Venegas, se sabe, legaliza desde hace rato la superexplotación de familias enteras que apenas si sobreviven con el trabajo rural. Paradójico que en ese acto se mencionara a Juan Domingo Perón, quien sancionó el Estatuto del Peón de Campo que sacaba de la esclavitud a cientos de miles de trabajadoras y trabajadores que vivían en situación de esclavitud. Muy paradójico (o más bien cínico), si se tiene en cuenta que el Momo Venegas garantiza desde hace muchos años que el trabajo esclavo persista aún en el siglo XXI.

Fue una semana con muchos anuncios, nuevos y viejos reclamos que tienen el telón de fondo del recambio legislativo de este año. En ese contexto, la ex presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, reapareció nuevamente intentando seducir a integrantes de sindicatos y entablando comunicación con sus seguidores a apenas unas horas de partir de gira por Europa. La duda de si se presenta  o no como candidata quedó intacta.

Por su parte, las mujeres organizadas y grupos de feministas se hicieron presentes, convocadas por la Campaña Nacional contra las Violencias hacia las Mujeres, frente al Consejo Nacional de las Mujeres para reclamar por políticas efectivas frente al avance de femicidios y recortes de planes de protección de los derechos humanos de las humanas. “El Estado es responsable”, fue el lema de las dos jornadas que culminaron con la obtención de algunos beneficios, pero que siguen sin garantizar efectivas políticas nacionales que hagan cumplir la ley por la eliminación de toda forma de violencia hacia las mujeres que claramente deben incluir las prevenciones de femicidios. A sólo un mes del 3J #NIUNAMENOS #VIVAS NOS QUEREMOS, las feministas siguen marcando agendas concretas y concientizando a más mujeres.

Cuando la tabla del 2 es IMPUNIDAD

Volviendo a los paralelismos con la Dictadura, fue a partir del decreto de “aniquilación de la subversión” –firmado por María Estela Martínez de Perón y acompañado con la rúbrica de nefastos ministros de su gabinete como Ivansevich, Otero o López Rega– cuando se dio una vía libre a la ejecución del terrorismo de Estado en nuestro país, que se profundizó a partir del Golpe militar, civil y eclesial que este 24 de marzo cumplió 41 años.

Hoy como entonces, un proceso de degradación de derechos políticos, sociales, civiles, culturales y económicos fue sembrando el camino para que fuera posible la posterior represión y el disciplinamiento  dirigido como se sabe hacia trabajadoras y trabajadores, a sabiendas de que 6 de cada 10 detenidos-desaparecidos pertenecían a esa clase social.

30 mil detenidas/os-desaparecidas/os, más de 500 bebés apropiadas/os, 10 mil presas y presos políticos y un numero de exiliados internos y externos no muy definido.

Estos fueron los números más cercanos de las consecuencias sobre personas de las políticas represivas llevadas adelante para poder instalar un programa económico que dejó sólo algunas  de las consecuencias que venimos resaltando en estas líneas.

Los diferentes gobiernos que prosiguieron intentaron construir la impunidad para los militares genocidas y civiles que planificaron y ejecutaron el plan represivo. En estos 34 años de gobiernos constitucionales, a medida que la economía se alejó de los intereses populares, más se incrementaron las leyes de impunidad sobre los responsables civiles y militares del genocidio a la vez que se intentaron o se efectivizaron las limitaciones de derechos humanos económicos, sociales y culturales instalando nuevas formas de represión directa y normativas reglamentarias que restringen derechos.

Alfonsín instaló la “Teoría de los dos demonios” que legalizaba a la represión como una “guerra sucia” en la que hubo “excesos”. El plan era condenar sólo a algunos de los jefes máximos de las Tres Armas (las juntas de Comandantes) pero también detener a quienes estimaban como jefes de organizaciones como Montoneros y PRT-ERP. Le siguieron el Punto final y la Obediencia debida, que garantizaban impunidad para que los ejecutores materiales del genocidio no pasaran por tribunales: integrantes de grupos de tareas, oficiales de las Tres Armas, de las policías federal y provinciales, gendarmes, servicios penitenciarios y de inteligencia, todos quedaban afuera del juzgamiento. El entonces presidente, Carlos Menem, proclamó el indulto a los comandantes. Las leyes de impunidad fueron resistidas en las calles, en los tribunales nacionales e internacionales y se efectivizó en nuestro país la derogación en 2003, junto con la reactivación de los juicios que condenaron o procesaron hasta ahora apenas a 750 en todo el país.  La mayoría de ellos estarían hoy en condiciones de pedir el beneficio del 2×1. Se trata de un fallo de la Corte Suprema, que declaró aplicable el beneficio del 2×1 para las penas de prisión por delitos de lesa humanidad en el caso de  Luis Muiña, lo que sienta un precedente.

A este armado se le suma la Iglesia que, callada o a viva voz, fue cómplice de la represión y que hipócritamente en todos estos años inclinó la balanza hacia el lado del poder y sus verdugos genocidas. Una jerarquía eclesial que nuevamente acompaña la construcción de impunidad llamando a una reconciliación que no es posible. Porque los genocidas siguen en silencio sobre la suerte de las niñas y los niños apropiados que aún nos faltan y concediendo la inexistencia del genocidio.

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