Macri rechazó el aumento docente

Por Mario Hernandez

Ante la suspensión de la firma del acta con la propuesta de aumento para los docentes, peligra el comienzo de las clases en todo el país. El viernes estaba prevista la formalización de la oferta que había hecho el Ministerio de Educación dos días antes a los cinco gremios nacionales docentes.

Para las organizaciones sindicales es claramente un intento de ponerles techo a las negociaciones salariales provinciales. El aumento estaba explicado en un comunicado de Ctera: el piso nacional es actualmente de $ 6.060, se llegó a una primera etapa de $ 7.800 y a una segunda de $ 8.500 desde julio, el aumento en el primer tramo era del 27% y en el segundo del 40%. Fue una propuesta pública anunciada por el Ministro, Esteban Bullrich, ante 30 periodistas.

El Ministro de Trabajo, Jorge Triaca, confirmó la posición del gobierno que primero tienen que cerrar los acuerdos con los gremios provinciales y luego resolver la paritaria a nivel nacional, a pesar que el artículo 10º de la Ley 26.075 de Financiamiento Educativo, reglamentada por el decreto 457/07, determina que “el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, juntamente con el Consejo Federal de Cultura y Educación y las entidades gremiales docentes con representación nacional, acordarán un convenio marco que incluirá pautas generales referidas a: a) condiciones laborales, b) calendario educativo, c) salario mínimo docente y d) carrera docente”. Es decir, la Paritaria Nacional Docente se negocia con las centrales nacionales del sector y fija el sueldo mínimo inicial para maestro de grado. Garantiza un piso que debe ser respetado por las provincias. El resto de la escala se pacta en cada jurisdicción.

También la Nación realiza aportes económicos a los salarios a través del Fondo de Incentivo Docente (FID), un complemento que va directamente a los sueldos provinciales y el Fondo de Compensación Salarial (FCS), por el cual se derivan fondos nacionales a las provincias más necesitadas de acuerdo al gobierno central, para que puedan solventar los sueldos.

Macri intervino y hablando en nombre de las provincias dijo que ninguna estaba en condiciones de superar el 25% de aumento y que el gobierno nacional solo ayudaría a aquéllas que no pudieran llegar a ese porcentaje. Aunque no lo dijo lo hará a través del FCS ya vigente, pero para los que pacten un 25% máximo. Ante el frenazo, Bullrich canceló el encuentro del viernes. La posición de Macri parece una provocación ya que es inviable para los gremios y sus representados que desde que comenzaron las negociaciones vienen reclamando un 35/40% de aumento.

Los sindicatos se declararon en estado de “alerta y movilización” y para el viernes 26 está convocado el Congreso de Ctera.

Desde los SUTEBA combativos y de izquierda insistieron con la exigencia a la CTERA y a la conducción del SUTEBA de Baradel a la convocatoria urgente de un plenario de delegados para que la docencia pueda discutir un plan de lucha capaz de torcerle el brazo al macrismo.

A la vez exigen que no se firme ningún acta ni se desarrolle la negociación a espaldas de los docentes. Que todo se decida en asamblea.

Como inicio de este plan de lucha llamaron a los docentes a organizar en forma urgente el paro del 24 de febrero convocado por ATE, que CTERA y SUTEBA se pongan a la cabeza de convocarlo y hacerlo activo, con acciones y piquetes, para transformarlo en un gran paro nacional contra el gobierno de Macri.

Las seccionales combativas de SUTEBA ya han votado tomar en sus manos el paro, hacer acciones y piquetes ese día contra el techo a las paritarias, los tarifazos, la criminalización de la protesta y el protocolo “antipiquete”, con el cual buscan cercenar la libertad de expresarnos en las calles.

Este paro tiene que ser solo el inicio de un verdadero plan de lucha para derrotar los planes del gobierno, para ello hace falta que tanto los gremios docentes como la CGT rompan la tregua con el gobierno.

Una broma para Tinelli

Otra comedia de enredos resultó el anuncio de las modificaciones del Impuesto a las Ganancias.

El titular de la AFIP, Alberto Abad, aseguró que por efecto del “nuevo piso” de $ 30.000 de sueldo, 180.000 trabajadores se verían beneficiados porque este año dejarían de pagar. Sin embargo, entre los que fueron excluidos del impuesto a partir de 2013, porque ese año no llegaban a $ 15.000 de salario bruto, hay unos 230.000 empleados que volverán a pagar al ser derogado el decreto que los protegía, ya que los aumentos percibidos desde entonces los ubican por encima de los nuevos pisos del impuesto de $ 22.700 para trabajadores solteros y de $ 30.000 con carga de familia.

Además, tras las actualizaciones de sueldos por paritarias este año, habrá otros 221.000 empleados que atravesarán esos pisos. Es decir, contra 180.000 que salen, hay 450.000 trabajadores que entrarán este año como nuevos contribuyentes del impuesto de la cuarta categoría. Conclusión: las modificaciones dispuestas provocarían un aumento de 270.000 trabajadores alcanzados por el Impuesto a las Ganancias. Sobre una base de contribuyentes de 1.000.058 empleados con retención del impuesto a diciembre pasado, se llegará a fin de este año con más de 1.330.000 aportantes.

Asimismo, el grueso del beneficio del aumento de las deducciones anunciado la semana pasada recaerá en los bolsillos de los contribuyentes de más altos ingresos. Serían los que perciben salarios por arriba de los $ 52.000.

Las reformas de fondo del impuesto, que deben ser incluidas en un Proyecto de ley, fueron postergadas por el Gobierno para el año 2017. El anuncio simula el cumplimiento de un eslogan de la campaña electoral, cuando Macri dijo suelto de cuerpo que suprimiría ese impuesto. Al mismo tiempo, elude el Congreso, que es donde debería discutirse una reforma tributaria integral que modifique las escalas y las alícuotas que se pagan en cada tramo.

Si algo le faltaba a este desaguisado fueron las declaraciones del Defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, de que serían perjudicados unos 110.000 jubilados y beneficiados solo 40.000. Sucede que los jubilados y pensionados que cobran entre $ 18.880 y $ 30.000 mensuales, y que hasta ahora no pagaban Ganancias, como consecuencia de los recientes cambios anunciados, pasarán a estar gravados por el impuesto. En cambio, quienes cobran más de $ 30.000 y tenían descuentos, si bien van a seguir alcanzados, pagarán menos por la suba del mínimo no imponible.

Además, se calcula que si los gremios acuerdan un alza salarial del 29,5%, al bolsillo de buena parte de los trabajadores, que ganan hoy entre $ 20.000 y $ 50.000 -en esa franja hay un porcentaje elevado de empleados bancarios, camioneros, siderúrgicos, y petroleros-, el aumento efectivo será de entre el 20 y 23%. La diferencia quedará en Ganancias por la reciente suba del mínimo no imponible.

Por eso, algunos gremios adelantaron que los pedidos salariales deberán ser mayores a los previstos porque los cambios parciales de Ganancias generan nuevas distorsiones e inequidades que se producen fundamentalmente por la decisión de no modificar las escalas salariales, congeladas desde el 2000, sobre los que se aplican las alícuotas del impuesto, y también porque los mínimos no imponibles fueron menores a los esperados.

La Casa Rosada pretendía suavizar a los sindicalistas con las mejoras en Ganancias y asignaciones familiares (que se ampliarán a 900.000 familias y las percibirán quienes ganen hasta 15.000 pesos), para que acepten el techo del 25 % para los aumentos de salarios. De alguna manera, en el Gobierno querían presentar esas mejoras como “puntos extras” en las paritarias.

El anuncio “amarrete”, en lugar de calmar las aguas, confirmó los reclamos por encima del 30 %. Y algo que es todavía peor para Macri, una porción que se fue disconforme, ahora van por la eliminación de Ganancias y le recuerda que lo había prometido en campaña.

Es el caso del Secretariado General Nacional de la Asociación Bancaria (AB) que conduce Sergio Palazzo, quien aseguró este sábado que las modificaciones anunciadas por el gobierno al impuesto a las Ganancias son “insuficientes y complejas” y fueron realizadas “sin corrección ni publicación del respectivo decreto”. A la vez, convocó a una marcha hacia el Congreso para el 1º de marzo próximo en demanda de diversas reivindicaciones.

Un comunicado gremial firmado por Palazzo y el secretario nacional de Prensa, Eduardo Berrozpe, indicó que se trató de “un alivio para muchos que pagaban, una mala noticia para muchos que no lo hacían y un compromiso electoral incumplido”.

También subrayaron que, por otro lado y por la vía de la derogación del decreto 1.242/13, muchos trabajadores que no abonaban el tributo ahora lo harán, por lo que “se incumplió el compromiso electoral de derogar el impuesto al salario”.

Palazzo y Berrozpe advirtieron ante “la pretensión de que el ‘beneficio’ se contabilice a cuenta del aumento salarial a partir del 1º de enero”, que “el gremio no resignará el objetivo de recuperar el poder adquisitivo de los haberes, de forma severa afectado por la devaluación y la suba de precios y tarifas”.

La Bancaria reclamó “la derogación del impuesto al salario, que tiene carácter alimentario, y una reforma tributaria que garantice el funcionamiento del Estado, en especial de la Seguridad Social“. Por último, ratificó la demanda de “inmediata reincorporación de todos los cesantes” bancarios y de “un aumento salarial suficiente” y señaló que el gremio marchará hacia el Congreso de la Nación el 1º de marzo próximo.

También adelantó que el próximo viernes habrá manifestaciones frente a la sede del Banco Central, lo que impedirá la salida de dinero para reposición de los bancos, en reclamo por las cesantías producidas en esa entidad.

Cabe aclarar que el 90% de los trabajadores no verá modificado en nada sus ingresos por lo anunciado sobre Ganancias, ya que ganaba por debajo de los niveles del mínimo no imponible que regía, aunque éste estaba en valores cercanos a la canasta familiar, inalcanzable para la inmensa mayoría.