Mafias y corrupción en la era PRO: ¿será justicia? Mafias y corrupción en la era PRO: ¿será justicia?
¿afán de justicia o revanchismo político? Mafias y corrupción en la era PRO: ¿será justicia?

Por Francisco Longa

La ola judicial desatada en las últimas semanas incluyo a sindicalistas, barrabravas y funcionarios del gobierno anterior. ¿Es afán de justicia o revanchismo político?

Apenas asumió como presidente en diciembre de 2015, Mauricio Macri tomó una serie abultada de medidas que iban desde la eliminación a las retenciones al agro, hasta la eliminación de las restricciones cambiarias, pasando por la nominación de jueces en la Corte Suprema, entre otras. En su momento, fue tan sustancioso el paquete de medidas que el periodista Luis Bruschtein habló de una Blitzkrieg macrista, para dar cuenta del tipo de ‘guerra relámpago’ que el gobierno desataba.

Hoy, a casi dos años de dicho torbellino inicial, el gobierno nuevamente aprovecha el respaldo que obtuvo en las elecciones para desatar una nueva ola de iniciativas: políticas, económicas y judiciales. Precisamente nos referimos a una actuación en el amplio sentido del término: no solamente porque acciona sino porque también busca representar y montar innegables ‘puestas en escenas’, para alimentar aquello para lo cual acaba de ser mandatado por las urnas. De todos los aspectos de esta Blitzkrieg, en esta columna vamos a enfocar en el judicial.

El escenario que organiza y promueve el gobierno, con repercusión inmediata en la agenda de los jueces, está construido sobre dos grandes tópicos: las mafias y la corrupción. En los últimos meses se dieron las detenciones de, entre otros, el ‘Rey’ de la Salada, el ‘Pata’ Medina y ‘Bebote’ Álvarez, por parte del tándem de los mafiosos, y de Roberto Baratta, Julio De Vido y Amado Boudou, por el equipo de los corruptos.

Ante estas detenciones, los posicionamientos cayeron en una encerrona propia de la polarización política: quien critica al gobierno parecería estar avalando la gestión de De Vido en Planificación o las maniobras de la UOCRA de La Plata; por el contrario, quien celebra estas detenciones sería un dictatorial fascista que no respeta el Estado de derecho. Pero antes que caer en la defensa o en la condena de personajes que en general tienen poco que ver con la vida de la mayorías, conviene poner en perspectiva los casos, analizar el contexto y sacar algunas conclusiones comparativas, para entender si estas detenciones forman parte de un saneamiento de la justicia, o si se trata en cambio de un revanchismo político hacia el gobierno anterior.

Los mafiosos

Primero vamos con los mafiosos. Si tomamos solo a modo de ejemplo los casos del ‘Pata’ Medina por la corporación sindical, y del ‘Bebote’ Álvarez por las barrabravas, veremos que ambos se encargaron de construir una trayectoria pública tan siniestra, que casi brindaron las pruebas para su procesamiento. Nada hace pensar que uno y otro estén exentos de delitos graves, como el de extorsión. El entramado corrupto de aprietes y coimas del sindicalista de La Plata es conocido por cualquiera con paso por la capital bonaerense. En tal caso, enhorabuena que dichos personajes enfrenten un procesamiento judicial. Ahora bien, ¿qué hace pensar que el gobierno (o la justicia) orientan este accionar a ‘limpiar’ el sindicalismo de mafiosos, y no simplemente a sacarse de encima un personaje no alineado con sus políticas? Si pensamos que el sindicalista preferido del gobierno fue el ‘Momo’ Venegas, todo indica que se trata más de lo segundo que de lo primero.

Gerónimo el ‘Momo’ Venegas fue el titular de la obra social de los trabajadores rurales (UATRE). Tras su fallecimiento este año, se desató una verdadera guerra entre sus herederos familiares y sus testaferros. Tanto así, que su hija hizo público que el padre tenía testaferros y denunció que éstos se negaban a entregarle la parte que le correspondía a ella como heredera. Es decir, se está vociferando públicamente la corrupción de Venegas. Si esto no alcanzara, se podría agregar la desidia o la complicidad con los patrones agrarios que Venegas tuvo, al hacer la vista gorda con los casos de trabajo esclavo en campos de grandes empresarios afines al gobierno, como el flamante Ministro de Agroindustria Luis Miguel Etchevehere (quien además aún tiene una causa abierta por administración fraudulenta). Es decir que si el gobierno viene a barrer con las mafias sindicales, es injustificable que condene al Pata Medina mientras celebraba el accionar del ‘Momo’ Venegas.

Con el mundo de las barrabravas ocurre en modo similar. ¿Con qué parámetro el gobierno se ufana de atacar a las mafias futbolísticas, si precisamente uno de sus delfines judiciales es el ‘Tano’ Angelici, presidente de Boca Juniors? Angelici, además de ser denunciado por la propia Elisa Carrió como apretador, lobbista y traficante de influencias en el Poder Judicial, tiene un vínculo estrechísimo con la barrabrava de su club. Precisamente en un audio filtrado, el barrabrava de Boca Rafael Di Zeo confesaba sobre el ‘Tano’: “el pacto con ese hombre es a muerte”.

En definitiva, barrabravas y sindicalistas mafiosos los había afines al gobierno anterior como los hay hoy aliados al gobierno de Cambiemos.

Los corruptos

Respecto de los corruptos el panorama es semejante. El fresco impresionista de la corrupción que dejó la escena del convento de López no puede confundir a nadie: en doce años de gobiernos kirchneristas evidentemente hubo altos funcionarios implicados en casos graves de corrupción. Enhorabuena si tienen que enfrentar una justicia imparcial que pueda determinar en qué grado cometieron ilícitos y qué pena les corresponde por ello. Si esas acciones formaron parte de iniciativas individuales o de una red de complicidades políticas más generales, también queda aún por determinarse. Aún así, es imperioso distinguir cuando se trata de causas judiciales que indagan en actos de enriquecimiento fraudulento, como las causas Los Sauces y Hotesur que pesan sobre la ex presidenta, o si se trata de causas que apuntan a judicializar políticas públicas que simplemente no gozan de la simpatía política de otro sector, como la del Memorándum de entendimiento con Irán o la del Dólar futuro.

Pero aunque todas esas causas sean sopesadas, nada indica que el gobierno actual tenga un afán de transparencia como para enjuiciar al gobierno anterior desde un pedestal impoluto. En una excelente nota publicada por Ezequiel Adamovsky en Revista Anfibia días atrás, donde se propone debatir la corrupción a fondo, se brindan detalles de las innúmeras irregularidades, causas y hechos de corrupción que salpican al actual gobierno. Solo por mencionar una, al menos debería llamar la atención de algún juez que el presidente haya decidido por decreto que los familiares de los funcionarios puedan blanquear dinero, y que luego se haya conocido que su hermano Gianfranco blanqueó 35 mil millones de dólares.

Esto resulta más llamativo aún teniendo en cuenta que Gianfranco Macri siempre fue un socio menor en todas las sociedades familiares, y que el Mauricio declaró tener ‘apenas’ 82 millones de pesos. ¿Cómo es que esta supuestamente renovada justicia, que tendría como objetivo ahora sí atacar la corrupción, no está al menos sospechando que el hermano del presidente sea directamente su testaferro? ¿Cómo se explica sino, que un socio menor declare tener tantos millones más que el socio mayor de la familia? Que no se esté al menos investigando llama la atención.

¿Justicia legítima u oficialista?

Otro aspecto particular relacionado con el raid judicial lo constituye el método de la prisión preventiva: es decir tener preso a alguien sin condena. Este mecanismo se aplicó tanto a Julio De Vido como a Amado Boudou. La posibilidad de fuga y la capacidad de entorpecer el proceso judicial (destruyendo pruebas o amenazando a testigos, por ejemplo), son los motivos que justificarían aplicar la prisión preventiva.

Nadie niega que De Vido y Boudou hayan sido personajes poderosos, sin embargo su poder actual parece magro. Más aún, en la causa por la cual está preso De Vido no existe prueba testimonial: la única prueba es documental y, más aún, ésta fue presentada por el propio acusado, quien a su vez siempre se presentó a declarar cuando le fue requerido. Pero supongamos que esto no es así, y que De Vido y Boudou siguen teniendo la capacidad de fugarse o de obstaculizar el proceso: ¿qué quedaba entonces para la vice presidenta Gabriela Michetti, quien se mantuvo en su cargo durante todo el proceso en el cual fue investigada por la aparición irregular de bolsos con dinero en su domicilio?

¿Amado Boudou, quien hoy no tiene ningún cargo público, conserva entonces más poder que la actual vice presidenta? No parece creíble. Como señaló Pablo Stefanoni parafraseando al teorema de Baglini, pareciera ser que para los jueces argentinos la capacidad de obstruir investigaciones aumenta cuando alguien pierde el poder.

Tan asimétrica es la vara de los jueces para dictar la prisión preventiva a ex funcionarios kirchneristas, pero para negarla a los actuales funcionarios, que hasta periodistas insospechados de cualquier simpatía con el kirchnerismo -como Ernesto Tenembaum-, se mostraron escandalizados al respecto.

En suma, el análisis comparativo del accionar de la justicia, considerando casos y personajes del actual y del anterior gobierno, no muestra signos alentadores. Más bien refuerza cinco conclusiones preocupantes. Uno: que estas detenciones responden, sino a decisiones directas de la Casa Rosada, sin dudas sí a deseos explícitos del presidente. Dos: que sin perjuicio de las pruebas en contra de los detenidos, la temporalidad de sus detenciones responde a la vocación de los jueces de congraciarse con el gobierno. Tres: que lejos de mostrar independencia del poder judicial se sigue investigando menos a quien más cerca del gobierno está. Cuatro: que estos tres elementos anteriores lesionan gravemente la división de poderes. Y cinco: que el raid judicial analizado, antes que velar por la transparencia y la república, selecciona presuntos delincuentes según su filiación partidaria.

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