Temporal y después

Temporal y después

Nueve días después de la tormenta, los medios de comunicación aún debaten si el temporal afectó más en la ciudad o en la provincia de Buenos Aires y qué gobierno brindó más o menos ayuda. Un relevamiento por las zonas demuestra que los resultados fueron insuficientes en ambos distritos.

El PRO de vacaciones

La escandalosa inacción del gobierno de la ciudad frente a las consecuencias del temporal llevó a que la justicia ordene al ejecutivo porteño la asistencia a los vecinos de las villas 21-24, Fátima, Los Pinos, 15, 1-11-14, Lacarra, Carrillo y Escarpino y el asentamiento Magaldi, Zavaleta, entre otros.

Durante los días posteriores a la tormenta no estuvieron en la Ciudad ni la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley -quien se fue de vacaciones a Punta del Este-, ni Mauricio Macri -quien disfrutaba del sur argentino-, ni el jefe de gabinete Horacio Rodríguez Larreta, de descanso en Miami.

María Eugenia Vidal fue la encargada de justificar las ausencias y hablar del trabajo “en equipo”. Según la vicejefa de gobierno, no era necesaria la presencia de los funcionarios o del jefe de gobierno ya que “la respuesta se dio, y eso es lo importante”.

No fue esa la impresión de los vecinos y vecinas de la Villa 21-24, en Barracas. En la Ciudad de Buenos Aires murieron seis personas debido al temporal. Un joven de 14 años, Facundo Correa, de la Villa 21, murió aplastado por un árbol. Su familia y los vecinos de la casa contigua recién ayer recibieron los primeros materiales para enfrentar la destrucción de sus hogares.

Frente a la desidia y el abandono denunciado por los damnificados, “una situación social crítica”, según especificó la Defensoría General de la Ciudad, la justicia ordenó al gobierno de Macri la asistencia a los vecinos de villas y asentamientos.

La primera resolución fue a principios de la semana, cuando la jueza Fabiana Schafrik ordenó al ejecutivo que en un plazo de 24 horas realizara relevamientos urgentes sobre el riesgo edilicio de derrumbe de las propiedades y que se proveyeran los materiales necesarios para reconstruir viviendas. Poco se cumplió de eso. La entrega de materiales se hizo de forma discrecional y no alcanzó a cubrir la necesidad de los miles de damnificados

En efecto, al igual que en la provincia de Buenos Aires fueron las organizaciones sociales y políticas, así como los vecinos que se convocaron quienes llevaron adelante las tareas en cada una de las casas destruidas por el temporal. 

Ante las denuncias vecinales, la jueza porteña Elena Liberatori, recorrió más de seis villas y asentamientos y ordeno inspecciones para verificar si el gobierno porteño asistió a los habitantes afectados. Durante su recorrido por la Villa 21 los vecinos fueron detallando los problemas que aun tienen en la zona. En función de las denuncias recibidas, la magistrada evaluará convocar a una nueva audiencia y ordenar el cumplimiento del fallo judicial.

Mientras tanto, en la Legislatura, el PRO hico caer la sesión ordinaria para evitar que los partidos opositores hicieran un pedido de informes sobre la actuación del gobierno en el operativo luego del temporal. Las críticas por las vacaciones de Macri, Larreta y Stanley llovieron por parte de todo el arco político social de la ciudad y el PRO debió rechazar la posibilidad de pedirle la renuncia a la Ministra de Desarrollo Social.

En la provincia de Buenos Aires, también

A pesar de las conferencias de prensa dadas por funcionarios del gobierno nacional, varios distritos del conurbano bonaerense debieron armarse de paciencia para aguardar la ayuda gubernamental y en muchas casos llegó la represión en reemplazo de la asistencia.

Los lugares más afectados fueron La Matanza, Morón, Moreno, General Rodríguez, Villa Martelli, Ituzaingó, Quilmes, Berisso, Ensenada, Florencio Varela y Lanús y hay varias localidades que continúan sin luz ni agua.

El reclamo de los vecinos para que se restablecieran los servicios básicos con cortes de calles y protestas -en Camino Negro, en la municipalidad de Quilmes, en Merlo, en Lanús y en La Matanza, entre otros puntos- no tuvo eco. En muchas de las protestas, la aparición de patotas y policías de civil generó la denuncia de los vecinos que rechazaron que la única respuesta fuera la agresión a quienes reclamaban por la ausencia de asistencia tras el temporal.

Nueve días después, se estima que más de 31.000 familias continúan sin luz ni agua y alrededor de 200 escuelas -y sus comedores- fueron destruidos. Los estudiantes de esas instituciones aún no han podido ser derivados en su totalidad a otros establecimientos.

En Castelar, Ituzaingó y Morón los vecinos siguen reclamando ante las autoridades la inmediata restitución del suministro eléctrico. En algunos casos, no hay certeza cuánto tiempo más demorarán las empresas en restablecer el servicio.

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