Jujuy: Despiden a 16 trabajadores del Ministerio de Agroindustria

Por Anastasia García – @TuscaPaRato

En la Secretaría de Agricultura Familiar, dependiente del Ministerio de Agroindustria de la Nación, echaron a 16 trabajadores. Marcha publica el testimonio y el análisis de una de las trabajadoras despedidas.

No es casual que a dos meses de asumidos los gobiernos nacional y provincial sea en Jujuy donde se busque aleccionar a la clase trabajadora. A poco tiempo de haber ganado las elecciones por amplia mayoría, gracias a sus hábiles acuerdos de derecha, Gerardo Morales aprovecha rápidamente el poder y la legitimidad para actuar en el marco de un consenso social mayoritario y mantener ilegalmente presa a Milagro Sala. El termómetro del avance sobre el desguace del Estado está en la resistencia social, y es por los sectores más movilizados de Jujuy que el gobierno está midiendo su fuerza para avanzar.

En este contexto, paradigmáticamente, en la Secretaría de Agricultura Familiar de Jujuy fuimos despedidos 16 trabajadores y trabajadoras que cumplíamos funciones en el marco de las políticas para el sector de la agricultura familiar, campesina e indígena. Funcionarios nacionales y provinciales acordaron una lista negra que incluyó en sus filas a los siete trabajadores con mayor precariedad, que fueron incorporados en los últimos dos años y llegaron -en el perverso camino de contratación estatal- a contratos que los tomaron como monotributistas para labores que eran troncales a las políticas destinados al sector, como son el Monotributo Social de la Agricultura Familiar a costo cero o los asesoramientos legales para situaciones de vulnerabilidad territorial. A la lista de siete monotributistas se sumaron nueve trabajadores con antigüedades en la institución que van de los 7 a los 11 años. Todos los trabajadores elegidos para formar parte de la lista negra son afiliados activos de ATE, uno de los gremios más combativos de la provincia y que vino acompañando el acampe de la Tupac Amaru en la plaza principal de la provincia.

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Las y los despedidos no responden a ningún criterio de evaluación de desempeño, ni fueron sometidos a sumario administrativo, sino que fueron finamente elegidos entre el personal como los trabajadores más movilizados tanto en la actividad gremial de ATE como en el compromiso con el sector del que son sujetos las políticas de la institución. Claramente: la lista negra incluye a las dos delegadas en funciones, a la ex delegada gremial hasta noviembre del año pasado y candidata a gobernadora del Frente de Izquierda, tercera fuerza de la provincia, y a referentes de organizaciones como el Movimiento Nacional Campesino Indígena, la Federación Agraria y el Frente Unidos y Organizados que lidera Milagro Sala. A esto, se suma el agravante de que entre las y los despedidos se cuentan un 70% de mujeres, seis de ellas madres lactantes o embarazadas.

Por otro lado, la planta de la Secretaría se encuentra en estado de precariedad y en situación ilegal, ya sea como monotributista o como personal de planta transitoria (Ley marco, art. 9), a pesar de incluir a empleados con 20 años de antigüedad en su función. Este es el contexto que permite hoy al gobierno despedir trabajadores arbitrariamente, con una simple carta documento de rescisión de contrato a pesar de los derechos adquiridos por años.

Nuestro trabajo es el derecho de pequeños productores familiares, de familias campesinas e indígenas

La Secretaría de Agricultura Familiar atiende en los distintos territorios rurales de la provincia a 10 mil familias que representan el 82% de la producción rural, incluye a comunidades campesinas e indígenas de la Puna, la Quebrada, los Valles Templados y el Ramal, y se extiende a todas las zonas rurales del país. Desde 2015 están amparados en la Ley Nacional 27.118 de “reparación histórica de la Agricultura Familiar para la construcción de una nueva ruralidad en la Argentina” que declara de interés público la agricultura familiar, campesina e indígena por su contribución a la seguridad y a la soberanía alimentaria del pueblo, por practicar y promover sistemas de vida y de producción que preserven la biodiversidad y procesos sostenibles de transformación productiva. Se trata de la única institución estatal de alcance nacional que se dedica exclusivamente al trabajo de campo junto a familias productoras y organizaciones campesinas e indígenas.

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Con las últimas medidas, que incluye el despido de las y los 16 trabajadores mencionados, se desmantela el Área de Tierra y Territorio que desde 2011 brindaba capacitación, asesoramiento y herramientas para la defensa de la tierra y el territorio de familias campesinas e indígenas. Además, se desarman equipos de trabajo completos, que dejan truncos procesos en zonas como Palpalá, Palma Sola y El Carmen, debilitando otras zonas de trabajo en la provincia. Los técnicos y las técnicas despedidas venían a cargo del acompañamiento socio productivo de proyectos de acceso al agua, de fortalecimiento de la comercialización y la producción, que hoy quedan a la deriva.

En el marco del vaciamiento de las políticas para el sector no es casual que de la planta de trabajadores de la delegación se elija despedir a las únicas dos veterinarias, las dos únicas antropólogas y la única trabajadora social, estas últimas técnicas a cargo de la defensa de los derechos de las familias campesinas e indígenas. Se suma, además, el vaciamiento del área que se dedica al Registro para el acceso al Monotributo de Agricultura Familiar a costo cero, un derecho otorgado por ley al sector que hoy no tiene trabajadores a cargo para su efectivización. Está claro que las familias agricultoras, ganaderas, campesinas e indígenas no existen entre las prioridades de gobierno y que nuestro trabajo como empleados estatales, que viene siendo destruido, es el derecho de las familias que habitan el suelo argentino.

 

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