Por Laura Salomé Canteros. A falta de acciones integrales contra las violencias, una condena por femicidio en Catamarca es opacada por la ausencia de legítima defensa para una mujer en Mendoza. Luces y sombras de una justicia que tiene una ideología: machista.
Ausencia de acciones coordinadas, fallos ejemplares pero aislados y resistencia de operadores y operadoras de justicia a integrar herramientas legales, coexisten en la lucha contra las violencias machistas. De la primera condena por femicidio en el país en Catamarca y de un caso de negación de legítima defensa para una mujer víctima de violencias en Mendoza, se vuelve necesario un análisis de recorrido contemporáneo que sirva a los fines de contrarrestar las violencias machistas que producen el sometimiento diario o la agresión y la muerte de una mujer cada 30 horas en nuestro país. Y la Justicia, en un rol central.
“Si no sos mía, no sos de nadie”
Desde diciembre de 2012, fecha en que se promulgó la Ley 26.791 de modificación del artículo 80 del Código Penal para la incorporación del delito de femicidio, solo tres condenas se dictaron en nuestro país. Tan extraña resulta la apelación de parte operadores y operadoras de justicia a esta figura que los casos pueden ser fácilmente recordados.
En Catamarca y en una sentencia que marca un importante precedente, el pasado 19 de junio, Francisco Quiroga fue encontrado culpable por el delito de “homicidio agravado por femicidio” tras asesinar a su ex pareja, María Rita Valdez de 23 años. El fallo fue dictado por la Cámara Penal N° 1 de esa provincia, integrada por los jueces Fernando Esteban, Fabricio Gershani Quesada y Rodrigo Morabito, quienes sentenciaron a Quiroga a la pena de reclusión perpetua.
El asesinato se habría producido en marzo del año pasado y logró notoriedad ya que el cuerpo de María Rita fue hallado en partes en el dique El Jumeal, en la ciudad capital de la provincia, San Fernando del Valle de Catamarca. María Rita había sido víctima de múltiples violencias, fue prostituida por su ex pareja y había efectuado al menos cinco denuncias en su contra que no fueron escuchadas en claro ejemplo de omisión de responsabilidades de parte de las instituciones.
Durante el juicio por su asesinato, en el que solo declararon seis de las/os dieciséis testigos por miedos a represalias, la madre de María Rita, Teresita Barros, dio cuenta de las violencias y amenazas previas de las que fue víctima su hija y declaró que era asediada y amenazada por Quiroga, quien tenía a su cuidado al hijo más pequeño de ella. En este caso, también fue clave la declaración de Miguel Ángel Pérez, quien fuera pareja de María Rita, quien testimonió que Quiroga le había dicho, “Si María no es mía, no es de nadie”; te “la voy a entregar en una bolsa de nylon”.
Si bien en la etapa de instrucción no quedó establecido cómo ni dónde Quiroga asesinó a María Rita, el fiscal Silva Molina, junto con Miguel Mauvecín, fiscal coadyuvante, en representación del Ministerio Público Fiscal, solicitaron la pena máxima, prisión perpetua, argumentando que, ante la presunción e indicios, quedaba expuesto Quiroga como el autor material del asesinato de la joven. La gran cantidad de evidencias de la violencia psicológica y física que el acusado tenía para con la víctima y las declaraciones de los testigos, confirmaron la dominación machista que ejercía a diario sobre la joven.
“Mi marido me pegaba porque estaba gorda”
En una acción colectiva simbólica más que interesante, aproximadamente 50 mujeres de las ciudades españolas de Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla, Pamplona y Pontevedra registraron ante el Estado la propiedad de sus cuerpos en febrero de este año. El trámite se realizó con el objetivo de visibilizar la lógica de un sistema machista y heteropatriarcal que históricamente ha designado a otras personas a decidir sobre éstos. ¿Será por eso que cuando una mujer se defiende de los golpes de un violento y lo asesina va presa? ¿Será que para las mujeres no hay legítima defensa porque lo que no se reconoce es que son propietarias de sus propios cuerpos? ¿Qué sus cuerpos no les pertenecen a ellas sino a la “sociedad toda”?
El 25 de junio pasado en la ciudad de Tunuyán, Mendoza, Claudia Viviana Vera mató de una puñalada en el pecho a su esposo, Miguel Aloise luego de defenderse de los ataques ya que él no paraba de golpearla. Claudia fue víctima por 15 años de violencia psicológica y física de parte de su marido y luego revictimizada por las instituciones, que no solo hicieron caso omiso de las dos denuncias por violencia de género que había efectuado entre 2010 y 2011 contra el violento sino que además al ser acusada por “homicidio calificado por el vínculo”, le negaron en un primer momento la prisión domiciliaria.
“Estoy tranquila, porque tengo la verdad para contarla” relató Claudia a diarios locales. “El me decía cosas permanentemente, me golpeaba y me denigraba todo el tiempo. Cuando estaba gorda porque estaba gorda, cuando adelgazaba porque adelgazaba. Mucho también por temas de plata. Siempre tenía que darle explicaciones. Tenía un cuaderno con los gastos porque le rendía cuentas. Por el celular también, por la gente con la que me juntaba. Para él eran todas putas”.
Claudia estuvo tres días presa en una alcaidía y luego fue derivada al hospital El Sauce donde paso una noche en la que la medicaron contra su voluntad bajo pretexto de que estaba “loca” y tenía “intenciones de fuga”. A partir de la presentación de un hábeas corpus de parte de sus abogados patrocinantes, del estudio de Carolina Jacky, reconocida por su enfoque de género en el derecho, el juez de instrucción de Tunuyán, Oscar Balmes, tomó la decisión de otorgarle la prisión domiciliaria. No obstante, Claudia Vera sigue acusada, para ella no hay legítima defensa.