No fue tragedia: El ajuste de Vidal mata

Por Mario Hernandez / Foto por Jorge Larrosa

In memoriam de Sandra Calamano y Rubén Rodríguez, trabajadores/as de la educación víctimas de la desidia del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires

Un grupo de docentes y auxiliares de Moreno denunció el vaciamiento del Consejo Escolar, tras la explosión en una escuela del distrito en la que murieron dos trabajadores/as.

Según las y los maestros, el vaciamiento fue durante la noche del sábado 4 de agosto y quedó plasmado en diferentes cámaras de seguridad de la zona.

Tras la explosión de la Escuela N°49 de Moreno en la que murieron la vicedirectora Sandra Calamano y el portero Rubén Rodríguez, más de 300 directivos de diferentes escuelas del distrito realizaron una asamblea en la que dejaron en evidencia los problemas edilicios y de habilitación que tienen casi todas las instituciones.

Es por eso que tomaron la decisión de suspender las clases hasta que las escuelas no estén debidamente habilitadas por los inspectores.

Además el martes realizaron una marcha en la plaza principal de Moreno hacia la Fiscalía solicitando el cumplimiento de las condiciones y las habilitaciones para cada establecimiento educativo.

También suspendieron las clases “hasta nuevo aviso” en la localidad bonaerense de General Rodríguez. Así lo establecieron el inspector a cargo de la Jefatura Distrital, el presidente del Consejo Escolar y dirigentes gremiales del distrito a través de un acta firmada luego de una concentración realizada por docentes, auxiliares, estudiantes, madres y padres para exigir a las autoridades del Consejo Escolar que garanticen la seguridad de todos los integrantes de la comunidad educativa de la zona.

Mientras tanto, evacuaron a 400 alumnos de una escuela por un escape de gas y se habrían intoxicado varios alumnos. Se trata de la escuela Nº 8 de Merlo. Un grupo de padres fueron al comando de bomberos y radicaron una denuncia. Se constataron que había cinco pérdidas de gas, dos estufas de sexto grado y el resto de las estufas en varios sectores comunes del lugar.

El 10 de agosto madres, docentes y auxiliares de una escuela en José C. Paz impidieron que se den clases por el estado “calamitoso del establecimiento”. Denunciaron que hay fugas eléctricas en las paredes y no hay agua potable, incluso tres alumnos estuvieron intoxicados por la contaminación. Un inspector se presentó con personal policial pretendiendo que las clases se dicten igual.

Las muertes evitables de Sandra y Rubén dejaron al descubierto la situación precaria de centenares de escuelas bonaerenses, sin embargo, en declaraciones radiales el ministro de Educación de Buenos Aires, Gabriel Sánchez Zinny, aseguró desconocer la cantidad de escuelas de la provincia que tienen problemas de infraestructura.

Asimismo, el Frente de Unidad Docente (FUD) integrado por los sindicatos docentes AMET-FEB-SUTEBA-UDOCBA resolvió:
“[…] que las escuelas con graves problema de infraestructura, tales como:

– Instalaciones y/o equipos eléctricos deficientes;
– Desprendimientos de mampostería;
– Pérdidas de gas, artefactos en mal estado de conservación y funcionamiento;
– Peligro de derrumbes en cualquier lugar de la escuela;
– Falta de mantenimiento de la red cloacal, pozo ciego o planta de tratamiento;
– Problemas con pozos ciegos que impliquen posible derrumbe;
– Filtraciones graves que pongan en riesgo los cielorrasos y/o electrifiquen las paredes;
– Otras situaciones que conlleven riesgos graves.

Deben proceder a la inmediata suspensión de clases, según lo establecen los Artículos 195 y 196 del Reglamento General de Instituciones Educativas. Esta acción estará a cargo del Equipo Directivo. En caso de ausencia o negativa del mismo, la norma habilita a los docentes delegados a actuar de la misma forma (Ley Nº 23.551 – artículo 40 y 43 entre otros, Asociaciones Sindicales).

Esta acción se encuentra justificada en el ‘Deber de Protección’ que la DGCyE debe tener sobre sus trabajadores, resguardando a los mismos de cualquier evento, accidente y/o suceso dañoso. El cumplimiento de lo antes mencionado se encuentra plenamente avalado y acompañado por el Frente de Unidad Docente Bonaerense”.

El 10 de agosto una multitud marchó bajo la consigna “El ajuste mata”, en reclamo de justicia por estas muertes evitables. La movilización partió desde el Congreso Nacional y concluyó frente a la sede de la Casa de la Provincia de Buenos Aires, en la Capital, y fue encabezada por los gremios docentes.

Los gremios Suteba, UDocBA y FEB de La Matanza acordaron impulsar una movilización el miércoles 15 a La Plata para que se visibilice la bronca y la fuerza que hay. Que se multiplique el ejemplo.

Paritarias

El Ministerio de Trabajo dispuso un aumento del 25% para el salario mínimo, luego que autoridades de la CGT y de las dos CTA no llegaran a un acuerdo con referentes del sector empresario en el marco de la reunión del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil.

La suba que llevará el salario mínimo de los actuales 10.000 a 12.500 pesos se abonará de la siguiente forma: 7% en septiembre; 6% en diciembre; 6% en marzo del próximo año y 6% en junio, informó la cartera laboral en un comunicado.

Los sindicalistas reclamaban llevar el salario mínimo a 19.600 pesos (valor de la canasta básica que mide el INDEC), mientras los empresarios ofrecieron una suba del 20% (12.000 pesos).

Las clases en las 57 universidades públicas nacionales de todo el país están paralizadas ante el recorte del presupuesto y un aumento de solo el 5% para los más de 150.000 docentes. Conadu está de paro por 120 horas y la Conadu Histórica definió un paro por tiempo indeterminado.

El Ministerio de Educación recibirá el próximo lunes a representantes de los seis sindicatos docentes universitarios en la mesa de negociación salarial.

La última oferta oficial, planteada hace meses, consistió en un 15 % de aumento salarial en cuatro cuotas: 4% para mayo, 5% en agosto, 3% en noviembre y 3% en diciembre.

Conductores de cinco líneas de colectivos de transporte de larga distancia pararon en reclamo del pago del salario de julio. Se trata de trabajadores de las empresas La Nueva Chevallier, Sierras de Córdoba, Urquiza, Flechabus y Pull General Belgrano. Finalmente, la situación se normalizó el sábado a últimas horas de la noche.

El Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), repudió las “presiones” que están recibiendo los trabajadores, que en “alto acatamiento” han adherido al cese de actividades dispuesto por el gremio para los buques congeladores de altura Merluceros y Langostineros.

El cese de actividades fue impulsado por el SOMU tras el vencimiento de la Conciliación Obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo de la Nación, sin haber podido llegar a un acuerdo con la parte empresaria. No obstante, el Gobierno dictó una nueva conciliación.

“Sentimos vergüenza del Sueldo Básico que tenemos ($ 4.730), que no llega a cubrir la Obra Social indispensable para nuestras familias. No podemos continuar con esta situación”, señaló Raúl Durdos del SOMU.

Horas después de que más de 300 millones de pesos fueran embargados de cuentas pertenecientes al gremio de Camioneros, en el Banco Nación y el Provincia, en virtud de una medida impulsada por el Ministerio de Trabajo y avalada por la Justicia, en otra oficina del mismo organismo se procedía a homologar el acuerdo de partes entre la Federación de Camioneros y la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC), que desatara buena parte del conflicto.

Movimientos sociales

La CTEP, la CCC y Barrios de Pie realizaron la tradicional marcha de San Cayetano del 7 de agosto en repudio al acuerdo con el FMI y por Pan y Trabajo. Esta movilización se lleva a cabo por tercer año consecutivo y cuenta con el apoyo de las centrales sindicales.

Los Movimientos Populares rechazan el acuerdo con el FMI y vienen exigiendo el tratamiento de cinco leyes urgentes para los sectores más vulnerables: Emergencia Alimentaria, Urbanización de Barrios Populares, Infraestructura Social, Agricultura Familiar y Ley de Adicciones.

Adelantaron que se movilizarán contra la presencia del G20 a fines de noviembre.

Por orden del juez Pullen Llermanos, Milagro Sala fue trasladada la noche del 7 de agosto a una cárcel federal en la provincia de Salta. Esta situación, consideraron desde Andhes (Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales) “constituye un palmario incumplimiento de las medidas provisionales dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y ratificadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación”. Amnistía Internacional, Andhes y el CELS denunciaron el incumplimiento a la CIDH.

“La quieren muerta”, denunciaron desde el Comité por la Libertad de Milagro Sala. “El gobernador Morales y el Juez Pullen Llermanos continúan con su política constante de hostigamiento contra Milagro. Cada vez queda más en claro que no les interesa en lo más mínimo su vida. No les interesa la justicia sino la revancha contra una mujer que hizo lo que no hizo ningún político en Jujuy por los más humildes. Le decimos a Morales que no vamos a parar hasta que Milagro esté libre”, aseguraron.

La líder de la Tupac Amaru está desde enero de 2016 en prisión preventiva, acusada de fraude en un juicio que comenzó recién el 25 de julio, cuando ya habían pasado dos años y medio tras las rejas. Sala comenzó “una huelga de hambre seca tras ser trasladada arbitrariamente” a la cárcel de Salta.

Las y los niños primero

El Decreto 702/18 representa el primer ajuste en el gasto social desde el acuerdo con el FMI. El Decreto firmado por la Vicepresidenta, Marcos Peña y Jorge Triaca equipara el valor de las asignaciones familiares en todo el país y de este modo las personas que recibían un plus por zona desfavorable (La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y departamentos de Jujuy, Salta, Formosa y Mendoza), pasarán a cobrar menos de la mitad. Puede representar hasta $ 1.892 mensuales menos por hijo.

También se elimina la ayuda escolar anual diferencial. Es un antecedente para jubilaciones y pensiones que cuentan con haberes diferenciales, más elevados, en provincias y regiones del sur. Representa un ajuste de 5.000 millones anuales (5% del presupuesto total) para los padres de unos 400.000 chicos.

El sistema de asignaciones familiares se financia con contribuciones patronales que se están reduciendo desde comienzos de este año. Medida votada a fin de año con el acuerdo de los gobernadores que ahora se quejan como Urtubey (Salta) y Arcioni (Chubut).

Los trabajadores salieron a la calle para rechazar la resolución en Puerto Madryn (Chubut) y pedir que quede sin efecto por sus consecuencias económicas y sociales.

Una delegación de la CGT viajó a Capital Federal para acompañar a los representantes patagónicos en el Congreso de la Nación que buscarán derogar el decreto, publicado en el Boletín Oficial.

La dirigente del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales, Marcela Fanego, remarcó que “no vamos a dejar una sola ruta habilitada en toda la Patagonia y vamos a ver cómo se la van a arreglar; no se van a meter con nuestras familias ni con nuestros hijos”.

Esta reacción popular que mete presión a los gobernadores con quienes el Gobierno nacional está discutiendo el futuro presupuesto reclamado por el FMI, tal vez explique que el Decreto haya sido suspendido por el momento.