No hay plan para parar la inflación

El plan anunciado el miércoles de la semana pasada, llamado “alivio” por algunos analistas, es consecuencia directa de otra noticia de esa semana que fue la alta inflación de marzo.

Por Agostina Costantino

El martes de la semana pasada, el INDEC anunció que la inflación de marzo había sido del 4.7%, lo cual da un acumulado de 11.8% en lo que va de 2019 y un 54.7% interanual (un valor que no se alcanzaba desde 1992). Este número es bastante más alto del que esperaba el gobierno, quien, acorralado por la cercanía de las elecciones, se vio obligado a “hacer algo”.

En este sentido, el miércoles de la semana pasada se realizaron dos anuncios: el primero tiene que ver con un plan de congelamiento de precios, que tiene sus particularidades respecto al plan de Precios Cuidados porque éste se refiere a una canasta de bienes seleccionados cuyo precio tiene un descuento respecto a los precios de “mercado”, pero no es fijo ni está congelado, aumenta en línea con el resto de los productos pero con un descuento. La relevancia de este detalle es que, como el congelamiento se anunció antes de la publicación de la lista de precios, los supermercados aprovecharon para remarcar todos los productos antes de que el programa entre en marcha.

Algunos comentarios respecto a las características de este acuerdo (más allá de todo lo que ya se ha analizado respecto de la cobertura, el alcance y la capacidad de supervisión de la medida). Respecto a los productos incluidos en la canasta, se tratan básicamente de carbohidratos, grasas, azucares y algunos lácteos. No se incluyen proteínas vegetales (como legumbres), ni verduras y frutas. ¿Qué nos dice la composición de esta canasta?

En primer lugar, que está en línea con el tipo de política social que viene implementando el gobierno desde que asumió. A simple vista no lo parece, pero no está contradicción con lo que ya viene haciendo. Desde que asumió, y sobre todo, desde que comenzaron las políticas de austeridad intensificadas cuando volvimos al FMI, el gobierno siempre mantuvo un cierto nivel de gasto social sobre la población más pobre.

Éste es el prototipo de políticas sociales del neoliberalismo: el paliativo para la población más pobre, después del palazo que implica el conjunto de políticas económicas y productivas de ajuste. Y, además, como también hay una visión ideológica respecto de los pobres en el gobierno, la canasta confeccionada es de una calidad nutricional muy dudosa que refleja cuán “importantes” son para el gobierno estas personas.

La semana pasada, el mismo INDEC publicó los resultados preliminares de una encuesta que se llama “Encuesta Nacional de Factores de Riesgo”, que se realizó anteriormente en 2005, 2009, 2013 y 2018. Los resultados de 2018 muestran un aumento de la población con exceso de peso (el 62% vs el 58% en 2013). Si bien los resultados preliminares aun no muestran datos de desnutrición, no es insensato pensar, sin ser nutricionista, que el aumento de la pobreza en estos años tuvo algún efecto en la cantidad de personas desnutridas. Y, aunque pueda resultar una paradoja, la combinación de desnutrición con obesidad es típica de los países más pobres y es la característica de buena parte de la población infantil de América Latina en los últimos años.

La escasez de alimentos saludables en sectores económicamente rezagados, la disponibilidad y el acceso fácil a alimentos altos en grasas y azúcares, así como el bajo precio de alimentos ultra procesados, en oposición al alto precio de los alimentos más saludables, configuran entornos que favorecen la mala alimentación. Claramente, la canasta de precios congelados no colabora con este panorama.

El segundo de los anuncios que se realizaron el miércoles tiene que ver con el tipo de cambio y también está relacionado con el nivel sorpresivamente (para el gobierno) alto de la inflación. Hasta ahora, desde el año pasado, el esquema cambiario era lo que se conoce como “bandas cambiarias”. Esto significa que el Banco Central (BCRA) establecía un mínimo y un máximo valor del dólar dentro del cual el Banco no intervenía ni comprando ni vendiendo dólares. Esas bandas se irían modificando hacia arriba, en función de la inflación, de modo que habría una devaluación programada hasta fin de año.

El anuncio de la semana pasada es que esa banda se “suspende” hasta fin de año: en síntesis, de acá a junio se elimina el piso y de acá a diciembre se fija el techo en $51.45. Esto quiere decir que, de acá a junio, que es cuando entran los dólares por las liquidaciones de exportaciones y dado que las tasas de interés están altas, los inversores pueden comprar bonos o letras en pesos porque tienen la garantía de que incluso podrían llegar a recomprar dólares antes de junio por menos de $40.

Esta medida está en línea con la política de contracción monetaria que se viene aplicando (y que ya mostró su ineficacia para bajar la inflación). En relación al techo, el BCRA puede vender hasta 150 millones de U$S por día para mantener el peso en $51.45. El problema de esta señal es que si los inversores saben que existe ese tope en el presupuesto del Banco Central, ¿por qué no especularían con agotar ese tope diario hasta forzar la devaluación?

Todas estas medidas parecen manotazos de ahogado que está haciendo el gobierno. En sí mismas, las medidas anteriores no son ni buenas ni malas, ni eficaces o no. Todo depende del contexto general en el que se apliquen y de la credibilidad que tenga el gobierno en lo que está haciendo.