“No queremos ser mano de obra barata para las empresas concesionadas, queremos que nuestro territorio sea restituido”

Por Vivian Palmbaum / Foto: San Martín a diario

La semana pasada la Comunidad Mapuche Curruhuinca, realizó una acción de reserva territorial en Quila Quina, ante la amenaza de venta de territorios sobre los que detenta legitimidad. Frente al temor de una nueva acción judicial y represiva desde el Ministerio de Seguridad de la Nación, el Concejo Deliberante de San Martín de Los Andes impulsó una mesa de diálogo, que se realizó el viernes pasado y que abrió un compás de espera a un nuevo encuentro el próximo viernes 22 de marzo.  

Una larga historia de despojo sufre el pueblo mapuche y los pueblos originarios de nuestra región. Con renovados impulsos favorecidos y promovidos por la actual gestión del gobierno de la alianza Cambiemos, amigos del presidente Mauricio Macri, promotores de su gestión, anfitriones para sus descansos están en la lista de los nombres célebres por los intentos de usurpación en la región.

Villa Quina Quina se encuentra a 18 kilómetros de la ciudad de San Martín de Los Andes, sobre la margen sur del lago Lácar. Se trata de un conjunto de casas residenciales que tienen su origen en el loteo que la Administración de Parques Nacionales llevara a cabo en el año 1942 de las tierras que expropiara a los pobladores originarios (mapuches) con motivo de la creación del Parque Nacional Lanín.

Desde Marcha entrevistamos a Luis Alberto Curruhuinca, que hasta hace poco tiempo llevaba la voz de la comunidad y es descendiente del Lonko Bartolomé, que estaba en el territorio cuando llegó la Conquista del Desierto y se funda San Martín de Los Andes.

“Hace dos años Parques Nacionales hace entrega de las tierras de la comunidad para un emprendimiento privado, nuestras tierras son usurpadas sin aviso y sin consulta previa, tal como lo establece el Convenio 169”, relata Luis Alberto Curruhuinca, sobre los más recientes sucesos de usurpación territorial y emprendimientos comerciales. La fecha no parece casual ya que ese mismo año avanzan las fuerzas de Gendarmería y Prefectura con acciones represivas en defensa de la propiedad privada de grandes terratenientes, lo que les cuesta la vida a Santiago Maldonado y Rafael Nahuel.

“Hemos pedido a Parques Nacionales esos terrenos que son de la comunidad que nunca se fue de esos territorios y nos niegan” relata Curruhuinca y agrega “en esas tierras hay un lugar de ceremonia que debe ser restituido y que también entregaron”.

Este integrante de la comunidad cuenta que en esas tierras tenían previsto hacer una salita de primeros auxilios, un vivero y otros emprendimientos productivos que llevaría adelante la propia comunidad como una manera de generar sus fuentes de recursos, para una población empobrecida y muy explotada, en un territorio que tiene un gran flujo turístico.  “Queremos que nuestro territorio sea restituido para que podamos manejar nuestros recursos y no ser mano de obra barata para los trabajos de las empresas concesionadas”.

Desde el propio Concejo Deliberante de San Martín de Los Andes reconocen la importancia de estas iniciativas comunales, “la comunidad Curruhuinca vienen gestionando, en los ámbitos políticos institucionales, terrenos en Villa Quila Quina para una posta sanitaria que será de uso de todos los pobladores y vecinos de la villa residencial; un espacio para la concreción de un vivero de especies nativas en el marco de un programa de conservación de recursos naturales dentro de la propiedad comunitaria, dado que las investigaciones científicas dan cuenta que las poblaciones de roble pellín en los bosques de la región son los más biodiversos de toda la cuenca, siendo su conservación de máximo interés en contextos de cambio climático”.

Luis Curruhuinca explica que la primera mesa de negociación pasó a un cuarto intermedio hasta el próximo viernes 22, porque le ofrecieron a la comunidad que los terrenos sean entregados en comodato, una figura de tenencia precaria: “nuestra intención no es el comodato, sino que los terrenos sean restituidos”.

Legitimidad territorial

Dentro del Parque Nacional Lanin la comunidad mapuche tiene derechos territoriales, sin embargo desde años esas tierras vienen siendo concesionadas, sin la consulta a la comunidad, para diferentes emprendimientos privados como pistas de Ski, concesión de explotación fluvial del lago, entre los más importantes.

“En la comunidad de Quila Quina hay un territorio que tiene una larga historia”, así relata Luis Alberto Curruhuinca. “Ya en el año 1937 las tierras se entregaron a una elite porteña y durante muchos años se hizo este reclamo. En 1938 hubo una reunión con el Lonko en un acuerdo que luego en 1947 es violentado con la quema de todas las casas de la comunidad”. Una historia que sufre el pueblo mapuche en cualquiera de sus territorios y que adquirió gran notoriedad con la llegada de las actuales políticas del gobierno nacional. “Los Perez Companc, los Zubizarreta y otros apellidos de notables y oligarcas porteños son los nombres que encabezan el despojo”, tal como lo hace saber Luis. Esas tierras están mezcladas con la sangre de sus pueblos, una herencia que se trasmite de generación en generación y que viene desde Julio A. Roca, célebre como exterminador de los pueblos de la Patagonia, con la lógica de apropiación territorial.

Tal como lo establecen los tratados incorporados al a Constitución Nacional, la comunidad debe ser consultada.  Así lo establece la Constitución Nacional y el Convenio 169 de la OIT.

El Convenio 169 fue adoptado por la Conferencia Internacional del Trabajo el 27 de junio de 1989. El Convenio es, hasta la fecha, el tratado internacional más avanzado específicamente dedicado a la promoción de los derechos de los pueblos indígenas. El Convenio incorpora una serie de disposiciones relativas, entre otros, a la administración de justicia y el derecho consuetudinario indígena; el derecho a la consulta y a la participación; el derecho a la tierra, territorio y recursos naturales; derechos sociales y laborales; educación bilingüe, y cooperación transfronteriza.

El avasallamiento de sus derechos, las noticias periodísticas que circulan sobre la posible venta de esos lotes y la negativa a responder al pedido por parte de Parques Nacionales impulsó una acción de reserva de la comunidad sobre el territorio, con una ocupación pacífica. Desde el Concejo Deliberante habilitaron el espacio de la Mesa de Protocolo Intercultural que ayude a abrir un diálogo entre la comunidad Curruhuinca y Parques Nacionales, ante la posibilidad de que se produzca un escenario represivo con la intervención del Ministerio de Seguridad. Situaciones similares terminaron con la vida de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel (los más conocidos entre tantos casos de represión que sufren las comunidades).

“Hemos sido traicionados por el Intendente del Parque porque ni nos consultaron, corre el rumor que están en venta el diez por ciento de las tierras de Parques Nacionales”, afirma enfáticamente Luis Curruhuinca.

Organizaciones sociales y gremiales locales en un comunicado expresaron su aval al reclamo histórico de la Comunidad Mapuche Curruhuinca, mientras  que denuncian las maniobras y hacen notar la legitimidad del reclamo mientras advierten  “no aceptamos la militarización del Territorio y exigimos a la Administración de Parque Nacionales, que la situación desatada sea tratada bajo la figura de la Resolución No Violenta de los Conflictos, tal como lo recomiendan todos los organismos internacionales incluyendo a la Organización de las Naciones Unidas (ONU)”.

Facundo Jones Huala

Hace pocos días conocimos la noticia de la absolución que dictó la justicia de Facundo Jones Huala y otros integrantes de la Pu Lof en Resistencia Cushamen, de los cargos de abigeato y ocupación territorial que impulsaban Benetton y el gobierno de la provincia de Chubut y que estaba avalado desde el gobierno nacional.

Esta parece ser una de las continuas situaciones que viven las comunidades originarias mapuches en el sur de nuestra región, a un lado y otro de la Cordillera, con sus integrantes criminalizados por defender la legitimidad territorial.