Nos están matando, un clamor por la vida desde Colombia

Por Lisbeth Montaña

2.50 p.m marcaba la hora oficial de Colombia. 92 minutos señalaba el reloj oficial del partido. Yerri Mina, hijo pródigo de la zona del Cauca, le daba el gol más soñado a la selección nacional. Un grito de gol que ahogó los gritos de dolor de 6 líderes y liderasas sociales ejecutados en la misma zona. La arremetida paramilitar suma una centena de ejecuciones en este año.

Solo restaba un minuto oficial para que la selección Colombia cayera ante su par inglés por la copa mundial de fútbol masculino. 92 minutos marcó el reloj del juez Mark Geiger cuando Yerri Mina se elevó por los aires como alzado por pueblo entero, para dar el testazo más importante de las últimas décadas. El pueblo colombiano se unió en gritos y alabanzas ante el gol más importante de los últimos tiempos. Se hizo gigante la figura de Yerri Mina y se enaltecieron monumentos a la región del cauca por haber parido al hijo le estaba dando gloria y un nuevo respiro a la selección.

92 minutos. En ese mismo instante y en esa misma región, 6 líderes y lideresas estaban siendo ejecutados por las fuerzas paraestatales denominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) -o Clan Del Golfo (CDG)-. El grito de gol ahogó el grito de auxilio de estos defensores y defensoras de los Derechos Humanos y de la vida. La razón por cual fueron asesinados es la misma por la que le fue arrebatada la vida en menos de dos años a 311 líderes y lideresas sociales: defender los Derechos Humanos, defender el territorio y  defender de la vida.

En estos últimos 6 años el escenario político en Colombia giró alrededor de las negociaciones de paz y la firma de los acuerdos por parte de la FARC con el gobierno nacional. De este escenario se esperaba abrir nuevos horizontes para Colombia en relación a la paz, la búsqueda de justicia y de verdad para las víctimas que por más de 50 años han sufrido los estragos del conflicto social y armado. Sin embargo, ese esfuerzo se vio empañado, en primer lugar porque los sectores de la oligarquía más conservadora encabezada por el ex presidente Álvaro Uribe Vélez se opusieron al acuerdo desde el inicio de los diálogos de  Habana. En segundo lugar porque se avizoraba nuevos rumbos para concebir una nueva forma de oposición alejada de las armas por parte de las FARC, los líderes/as sociales y diversos sectores de los movimientos sociales.

Todas estas propuestas hoy penden de una delgada línea, ya que el gobierno nacional no tuvo la suficiente fuerza para garantizar que la aprobación de cada una de las propuestas firmadas en el acuerdo final, fueran aprobadas por el senado de la República. Las consecuencias han sido letales. El acuerdo final firmado entre insurgencia y gobierno fue modificado en profundidad botando a la basura más de seis años de discusiones y rondas entre insurgencia, sociedad civil y gobierno.

Todo lo anterior fue una muestra de la poca voluntad política por una parte de la sociedad al a que no le interesa la paz, simplemente porque ellos han sido los artífices de la violencia social y económica del país. Después del proceso de dejación de las armas por parte de una de las insurgencias más grandes de Colombia, distintos ejércitos paraestatales han surgido para tratar de ocupar y controlar de forma violenta aquellas zonas que eran de ocupación de las FARC, regiones como la del Nariño, Cauca, Norte de Santander, el pacífico colombiano, el nororiente antioqueño, entre otros. Territorios que se caracterizan principalmente por ser ricos en bienes de la naturaleza tales como el oro, carbón, agua, petróleo y por poseer enormes cultivos de planta de coca y todas las rutas de salida del narcotráfico.

El papel de los líderes y lideresas sociales ha sido crucial para tratar generar procesos de defensa del territorio ante la arremetida de la transnacionales, el desmantelamiento de las redes narcotráfico y microtráfico, la puesta en evidencia de la estructuras paramilitares, la denuncia permanente de la corrupción estatal y, sobre todo, la defensa de cualquier salida negociada y consensuada con la sociedad civil de los acuerdos de paz.

Sin embargo, a raíz de la ausencia de las insurgencias, el foco de la violencia ha cambiado y apunta a quienes ejercen el derecho a la protesta, los derechos humanos, la defensa del territorio y de la vida. Las cifras son escandalosas, entendiendo que desde hace dos años  se firmó un acuerdo que trataría de garantizar la búsqueda de una paz estable y duradera.

  • A la fecha (5 de julio de 2018) 123 líderes y/o defensores de DDHH han sido asesinados durante el año 2018.
  • En el 80,48 % de las víctimas de homicidios hacían parte de organizaciones campesinas, Juntas de Acción Comunal y/o étnicas.
  • Si se considera el tipo de conflictos se constata que los relacionados con cultivos de coca (pactos de sustitución o erradicación forzada) son el 13 % del total.
  • Los conflictos por tierra, territorio y recursos naturales representan el 83,19% de los homicidios en el 2018.
  • El 14,63% de los homicidios fueron mujeres.
  • Desde la elección presidencial el 17 de junio de 2018 se han asesinado a 22 líderes/as y defensores/as de DDHH (uno diario)
  • En 2016 asesinaron a 57 líderes/as y/o defensores/as de DDHH, en el 2017 asesinaron a 93 líderes/as y/o defensores/as de DDHH y en lo corrido del 2018 han asesinado a 123 líderes/as y/o defensores/as de DDHH.
  • El 34,14 % de los homicidios fueron cometidos en contra de integrantes de las organizaciones nacionales que conforman la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular (ONIC 18, Marcha Patriótica 16, PCN 3, Congreso de los Pueblos 2 y Ríos Vivos 2) y de Confederación Comunal de Colombia 16.
  • En él años 2018, frente a homicidas de ex combatientes de las FARC – EP en proceso de reincorporación se registraron 33 homicidios, igualmente 5 familiares de ex combatientes fueron asesinados.
  • Cabe destacar que en los departamentos donde más se presentaron homicidios fueron en Cauca (19), Antioquia (18) y Norte de Santander (11), Valle del Cauca (11), Córdoba (9) y Nariño (8). Manteniendo la tendencia de los años 2016 y 2017 de ser los Departamentos más afectados por este tipo de violencia.
  • Los homicidios se presentaron en 73 municipios ubicados en 24 departamentos del país. El 67,47 % de los homicidios se concentra en 7 Departamentos.[1]

 

El día 6 de julio fue convocada una serie de acciones a nivel mundial para exigirle al Estado colombiano que ponga fin a esta masacre y que generen mecanismos de protección a los líderes y las lideresas sociales para garantizar sus vidas y obligar al gobierno nacional a que avance con los procesos de investigación y desmantelamiento a las estructura paramilitares.

 

[1] Cifras tomadas del INFORME ESPECIAL. Todos los nombres, todos los rostros: Informe de Derechos Humanos sobre la situación de lideresas y líderes sociales, de defensoras y defensores de Derechos Humanos y de ex combatientes de las FARC – EP y sus familiares en los territorios.