Palabras urgentes para Nicaragua

Por Andrea Jarowisky

A 6 meses de las primeras manifestaciones del pueblo nicaragüense en contra de las políticas del gobierno de Ortega-Murillo, la hostil represión a la protesta social no cesa y el posicionamiento de las izquierdas sigue brillando por su ausencia.

El desencadenante de las protestas del pueblo nicaragüense fue la reforma del sistema de seguridad social llevada a cabo por el gobierno, sin consultar a las bases sandinistas, que reduce las pensiones de las y los jubilados en un 5% y aumenta los aportes obligatorios tanto de los empresarios como de los trabajadores y trabajadoras , en un 22% y 7 % respectivamente. De esta forma, no solo se produciría un aumento del desempleo sino que también se precarizaría el trabajo haciendo que sea más conveniente tanto para empleadores como trabajadores el empleo en negro.

Este ajuste se entiende como parte de las recetas neoliberales que en febrero de este año el FMI recomendó. Entre otros puntos, se trató de poner en práctica la reforma de la seguridad social a fin de aumentar la recaudación del Estado. Desde aquellos días, las manifestaciones fueron respondidas con represión, violencia, censura, persecución. En la actualidad ya son más de 320 muertes ocasionadas por la policía, grupos paramilitares armados y turbas que salieron a las calles, primero reprimiendo las protestas violentamente y luego haciendo persecuciones selectivas a activistas y detenciones arbitrarias.

Si bien el gobierno dio marcha atrás con la reforma, las protestas continuaron dando cuenta del gran descontento popular. Para Ortega, la persistencia de la gente en las calles está más relacionado con agentes desestabilizadores externos que con una genuina expresión de los ciudadanos nicaragüenses. Mientras que para la Iglesia Católica -que se había acercado al orteguismo cuando se promulgó la prohibición del aborto en todas las causales- se fue alejando e intentó actuar como mediadora creando mesas de diálogo entre el gobierno, empresarios, estudiantes y organizaciones de Derechos Humanos, que por falta de acuerdo se han suspendido.

Por su gravedad, la situación de Nicaragua se ha convertido en un tema regional. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha recibido varias solicitudes de protección por parte de activistas nicaragüenses y sus familias, como así también las solicitudes de visa a otros países se han incrementado. En ese sentido, varios/as activistas sociales y estudiantiles debieron migrar a países vecinos. La CIDH solicitó a los países de la región crear las condiciones adecuadas para recibirlos/as y garantizar sus derechos.

En este contexto, tanto la OEA como la ONU se han pronunciado con preocupación.  En mayo, una misión de la Corte Interamericana de derechos Humanos, que en un principio recibió la negativa por parte del gobierno, pudo hacerse presente en Nicaragua denunciando la gravedad de la crisis sociopolítica y la violación a los derechos humanos de la población.

Por su parte, Estados Unidos, como es usual, ha optado por actuar unilateralmente por fuera de los organismos multilaterales. Está en proceso la promulgación de una ley, la Nica Act, que permitiría a EEUU la incautación de activos nicaragüenses en dicho país, la denegación de visas a los funcionarios que hayan cometido actos “significativos” de corrupción o violencia contra manifestantes desde abril o acciones que socavan la democracia de la nación. Y obligaría a Estados Unidos a vetar los préstamos a Nicaragua en organismos financieros internacionales si no se respeta el estado de derecho en el país.

Si bien una ley de sanciones a los funcionarios sandinistas se viene debatiendo desde hace dos años en el parlamento estadounidense, los hechos de abril permitieron acelerar los tiempos. En estos momentos, la Cámara de representantes ya la aprobó pero resta que el senado lo haga en noviembre de este año.

En lo que respecta a la oposición, distintos bloques de resistencia se fueron estableciendo a lo largo de los meses de protesta. Entre ellos, en los últimos días se ha consolidado el Movimiento Nacional Azul y Blanco bajo el lema “sólo el pueblo salva al pueblo”. Allí, más de 40 organizaciones, conformadas por empresarios, estudiantes, campesinos/as, Madres de las víctimas de abril, organizaciones feministas, ambientalistas y activistas por los derechos humanos, emitieron un comunicado con diez demandas urgentes para superar la crisis política. Entre ellas, se encuentra el llamado al diálogo nacional, el cese de la represión, los despidos arbitrarios y el adelanto de las elecciones.

Si bien en los últimos días se han debido cancelar algunas manifestaciones en Managua y Bluefield debido a la fuerte presencia de fuerzas policiales, otras por su parte se han sostenido como lo fue con la marcha opositora a la realizada por el gobierno en homenaje al Mons Romero el pasado domingo. La misma ha sido objetivo de un feroz ataque donde se desplegaron las fuerzas policiales, antimotines y paramilitares contra las y los manifestantes.

En esa línea, la policía ha declarado la ilegalidad de las protestas contra el gobierno basándose en que las manifestaciones llevadas a cabo han sido violentas, de esta forma es clara su intención de cercenar el derecho del pueblo a expresarse libremente en las calles. Teniendo en cuenta que a su vez indicó que haría responsables legalmente a quienes las convoquen.

De esta manera, se ha instalado en Nicaragua un operativo explícito y sistemático de aniquilación contra cualquier manifestación de protesta o disidencia. Por eso, preocupa el silencio generalizado en el continente. Es el pueblo nicaragüense el que acusa a Ortega y a su esposa Rosario Murillo, actual vicepresidenta, de haber traicionado las bases de la revolución sandinista, de haber aplicado las recetas neoliberales tradicionales del FMI en detrimento de la población a partir de su llegada al gobierno en 2007 y por eso exige su expulsión.

A través de la reforma constitucional, Ortega logró que haya reelección indefinida lo que contribuye a pensar que lo que busca es tanto la centralización del poder como la perpetuación en el mismo. A su vez, si bien en julio, había declarado que se adelantarían las elecciones del 2021 a 2019 para poder salir de la crisis sociopolítica, posteriormente se ha retractado indicando que no abandonaría el poder antes de la conclusión de su mandato.

En lo que respecta a la actividad económica hubo un claro descenso, aumentaron los despidos, el clima social no ayuda y el FMI tampoco. El 24 de octubre se espera una nueva visita de dicho organismo, que ya ha adelantado que en vistas de la situación sociopolítica, no prevé otorgar ningún préstamo. Esta actitud no puede sorprendernos: primero “recomienda” ajustar y luego se lava las manos, dejando al pueblo a la deriva.

Por todo lo dicho, el gran desconcierto en las izquierdas latinoamericanas al no poder decidir si apoyar a Ortega o salir a condenarlo debe ser cuestionado. Si bien parte de las izquierdas lo conciben como un revolucionario sandinista que luchó contra la dictadura de Somoza, actualmente ocupa un lugar principal en ese mismo Estado que se tronó  represor y opresor. La conclusión de este artículo no será ni original ni grandiosa, pero la historia ha demuestra que siempre es necesario repetirlo: no hay ajuste sin represión.