Panorama Sindical I: Ajuste a palos

Por Mario Hernandez

Distintos operativos de las fuerzas de seguridad intentan reprimir las protestas frente a las políticas de ajuste del gobierno.

Efectivos de la Gendarmería ingresaron ayer al predio donde estudiantes y profesores mantenían una toma pacífica, desde hace tres meses, en la sede del Vicerrectorado de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN). La protesta, se realiza en el marco del plan de lucha definido por las universidades nacionales contra el ajuste,  del gobierno de Mauricio Macri, que las afecta. La Gendarmería desalojó violentamente con balas de gomas, gases lacrimógenos y camiones hidrantes el lugar.  La orden de desalojo del  juez federal Hugo Greca fue la respuesta a la denuncia penal del rector Juan Carlos Bellos. En el Día Internacional de los Derechos Humanos y a 35 años de la recuperación de la democracia en la Argentina,  11 personas quedaron detenidas y luego fueron liberadas.

El secretario general de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) también se refirío a la políticas represivas del gobierno nacional,  “un ajuste de estas características, convertido ya en un saqueo nacional, solamente se podía tolerar con mayor represión”.  “Si hay alguien que no quiere que haya desbordes o estallido social, somos nosotros porque la historia demuestra que en la mayoría de esos hechos los muertos son nuestros”, sostuvo Esteban “Gringo” Castro. “El Gobierno tiene que resolver los problemas y dejar de plantear problemas relacionados a la seguridad, cuando el tema es el saqueo que se está generando en nuestro país”, añadió. Castro cuestionó el nuevo protocolo del accionar de las fuerzas de Seguridad y consideró que “el Gobierno se quedó sin discurso”.

El mismo día en que UNICEF publicó su informe sobre “Pobreza Monetaria y Privaciones no Monetarias en la Argentina”, que reveló que el 48% de los niños y niñas viven en situación de pobreza,  se realizó un abrumador operativo protagonizado por la Infantería de la Policía de la Ciudad. Un intento por impedir el acampe que pretendían realizar unas 15.000 personas organizadas en una veintena de organizaciones sociales, en las puertas del Ministerio de Desarrollo Social. La medida se replicó en 19 provincias del país.

Eduardo Belliboni, vocero del Polo Obrero, denunció que “nos impiden manifestarnos. El Cuerpo de motos ingresó a nuestras columnas y golpeó a nuestras compañeras y tiró gas pimienta. Con este brutal operativo nos quieren impedir que nos manifestemos y que nos reunamos con nuestros compañeros que están en el Ministerio, donde vamos a reclamar por la situación de los planes sociales”.

Un gran operativo de seguridad en la estación de subtes de Constitución,  para impedir que las y los manifestantes llegaran hasta el Ministerio,  provocó la interrupción del servicio y con ello la bronca de miles de usuarios en el final de la jornada laboral.

Sin embargo el acampe se instaló y las organizaciones se retiraron 20 horas después, una vez que funcionarios aceptaron tratar alguno de las demandas en una reunión para esta semana. La situación culminó con el pago de un bono de fin de año, equivalente a la mitad de lo que perciben mensualmente, 3.000 pesos.  Esta asistencia adicional alcanza a unas 450.000 personas  que reciben el Salario Social Complementario y el programa Hacemos Futuro y otros planes menores. Sin embargo, desde las organizaciones sociales sostienen que ya estaba acordado un extra de 1.000 pesos.

La disputa,  frente a la cartera liderada por Carolina Stanley,  empalmó con la resolución del Ministerio de Seguridad, liderado por Patricia Bullrich, tendiente a flexibilizar las atribuciones de los agentes policiales para el uso de armas de fuego. Una resolución que refuerza  al aparato represivo y que el gobierno apuesta a capitalizar en el plano electoral pero que no alcanza para ocultar la profundidad de la crisis social.

El jueves, efectivos de la Policía bonaerense reprimieron a los trabajadores de la Planta II , de la avícola Cresta Roja. Desde hace dos semanas, las y los trabajadores despedidos,  a los que la nueva gestión de Tres Arroyos prometió reincorporación, protestan en las puertas frente a la planta  ubicada en avenida Fair al 2800, partido de Esteban Echeverría.

La CTA-A expresó su más profundo repudio a la resolución 61156527 del Ministerio de Seguridad firmada por su titular, Patricia Bullrich, que autoriza a las fuerzas federales que se encuentran bajo su órbita al uso de armas de fuego en “caso de peligro inminente de muerte o de lesiones graves”.

Esta decisión, firmada el lunes 26 de noviembre, no fue publicada en el Boletín Oficial lo que constituye un deliberado intento de ocultar a la población esta medida que representa una franca amenaza para las organizaciones populares y la ciudadanía en general. El empleo de armas de fuego por parte de las fuerzas represivas ha tenido en la historia argentina un desenlace trágico y ha significado para nuestro pueblo pérdida de vidas que el gobierno de Macri parece querer volver a reeditar.