Panorama sindical: insisten con reforma laboral a pesar de la fragilidad del empleo

Por Mario Hernández

El gobierno avanza con la flexibilización laboral a pesar de finalizar un año intenso de protestas, cierres, despidos y huelgas de distintos gremios.

Sobre el final del año el Gobierno busca recuperar la iniciativa política ante una conflictividad extendida, pero disgregada, condicionada por la contención burocrática y el 2019.

En un año cargado de protestas contra cierres y despidos, con huelgas recurrentes de docentes, estatales y trabajadores de la salud,  teñido de verde por el movimiento de mujeres y con el anuncio de brutales tarifazos, la mayoría de los actores gremiales, sociales y políticos trabajaron para evitar un nuevo diciembre caliente.

Los niveles de crisis y descomposición del tejido social aún no han alcanzado los niveles que precedieron al estallido del 2001.Los sectores más bajos de la clase trabajadora están más organizados pero al mismo tiempo más institucionalizados y contenidos por lo que Luisina Perelmiter denomina una “burocracia plebeya”. De todos modos, la responsabilidad principal es la de la CGT. Aunque ambas apuestan al objetivo electoral futuro sacrificando la acción del presente.

Patronal al gobierno

El ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, dejó claro esta semana que Macri quiere avanzar con la flexibilización laboral.

“Vamos a impulsar la reforma laboral. Continuaremos con el diálogo con la CGT y con los sectores empresariales para bajar los costos extra salariales que nos quitan competitividad”, dijo Sica. Como si estuviera repitiendo un guión redactado por la UIA,  dijo que “hay un exceso de regulaciones y de penalizaciones que terminan impidiendo las nuevas formas de contratación”.

También Marcos Galperin, CEO de Mercado Libre y uno de los empresarios favoritos de Mauricio Macri, salió a respaldar la iniciativa de Cambiemos de relanzar la reforma laboral que se explicitó en las últimas horas.

Además señaló que “los países vecinos y socios comerciales, tienen un marco laboral absolutamente moderno. Cuando un inversor decide dónde poner su fábrica, en Brasil, Argentina o Chile, y compara esos marcos, tenemos muy pocas posibilidades de ganar esa competencia”.

En un reciente informe de Orlando Ferreres & Asociados elogia la reforma laboral brasileña basada en la “libertad de contratación” (acuerdos entre empleador y trabajador, en desmedro de los convenios colectivos), la reducción en la “indemnización por despido en un 30%”, y “la incorporación de autónomos que no impliquen una relación de dependencia”, entre otros puntos.

Como toda flexibilización, el objetivo final no es mejorar la situación laboral sino ejercer presión para la baja de los salarios (amenaza de desempleo mediante) y de otros costos como el de despido.

Al respecto, el FMI sostuvo que: “La agenda de reformas estructurales continúa […] Las prioridades incluyen un sistema tributario menos distorsivo, un sistema de regulaciones del mercado laboral más balanceado […], menos barreras al comercio y a la inversión extranjera”.

Es decir, el FMI brinda oxígeno durante 2019 para que el Gobierno intente generar un consenso que le permita ganar las elecciones y después ir a fondo con las reformas estructurales pendientes de acuerdo a los ajustadores.

Conflictividad laboral

Después de 24 días de huelga y 23 de ocupación de la planta Interpack,  en rechazo al despido de once trabajadores, la Secretaría de Trabajo dictó una resolución de “Conciliación Obligatoria”.

El dictamen, firmado por la Directora Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, Mercedes Gadea,  en otro claro gesto político contra las luchas obreras,  estableció la legitimidad de los despidos injustificados e ilegales del Grupo Zupan e intimó al sindicato, y a los trabajadores, a deponer las medida de acción directa y a prestar tareas con normalidad, bajo apercibimiento de aplicar todo tipo de sanciones.

La Comisión Interna de Interpack y la Federación Gráfica Bonaerense rechazaron formalmente la resolución y, en una importante asamblea realizada en la planta, el conjunto de las y los trabajadores resolvieron,  por unanimidad, continuar con el plan de lucha con la ocupación de la planta.

El pasado jueves 27 una delegación de diputados nacionales, provinciales y organismos de Derechos Humanos, se entrevistaron con la fiscal a cargo de UFI 6, para rechazar la pretensión de la empresa de transformar este conflicto laboral en una cuestión penal, ya que han interpuesto una denuncia por “usurpación”, absolutamente falaz.

A pocos días de retomar sus actividades laborales,  luego de haber cobrado parte de la deuda salarial que reclamaban, los trabajadores de Industrias Agrícolas Rosario SA (IARSA) de Casilda (Santa Fe) iniciaron una nueva medida de fuerza porque aún no percibieron el resto de las remuneraciones atrasadas.

Una situación similar atraviesan los y las trabajadoras de la fábrica Marani aunque, que estuvo también paralizada por la falta de pago de salarios y aunque ahora se mantiene en actividad, continúan los atrasos salariales.

El panorama no es menos preocupante, también en Casilda,  en la industria de sembradoras y herramientas manuales de ferretería, Gherardi SA, donde si bien los obreros están trabajando con jornadas reducidas, siguen con dificultades para percibir sus haberes.

La problemática de este establecimiento metalúrgico es la que mayor intranquilidad genera en la comunidad ya que se trata de la principal empleadora de la ciudad en el sector privado.

“La situación de las empresas metalúrgicas de Casilda es similar a lo que sucede con la Pymes de Firmat”, dijo Morinigo, dirigente de la UOM local, y apuntó fundamentalmente contra “las políticas económicas del gobierno nacional que no ayudan a la industria nacional ni al empleo”.

Trabajadores de Coca-Cola Femsa iniciaron un paro de actividades, con el objetivo de reclamar que la multinacional devuelva “las tareas perdidas en manos de la reventa y de cadenas de hipermercados que operan como centros de distribución”.

La medida busca que “de una vez por todas los afiliados recuperen parte del salario perdido”, según un comunicado que dio a conocer el secretario Adjunto de Camioneros, Pablo Moyano.

Miguel Herrera, titular de la Asociación Obrera de la Industria del Transporte Automotor (AOITA), manifestó su preocupación por las más de 30 empresas de Córdoba, que desde el 1º de enero quedarán sin el subsidio de la Nación, por lo que peligran 1.500 puestos de trabajo.

Desde la Federación de Empresarios de Transporte Automotor de Pasajeros (FETAP) sostienen que es “arbitrario y discriminatorio” el trato de la Provincia para con las empresas de más de 60 kilómetros, que ya no tendrán subsidios nacionales, e indican que 300 localidades quedarán sin servicio.

En las últimas horas del jueves 27, se conoció que nuevos despidos afectarían a trabajadores de Fabricaciones Militares,  en las distintas plantas del país. La noticia fue confirmada por los representantes de la Asociación de Trabajadores del Estado Villa María, en una conferencia de prensa. Suman 60 cesanteados que se conocieron a través de una comunicación interna del interventor del organismo.

La Federación Marítima, Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina (FeMPINRA), que conduce Juan Carlos Schmid, firmó con la Administración General de Puertos (AGP) que preside Gonzalo Mórtola, una cláusula anti despidos, que garantiza los puestos de trabajo durante 20 meses ante la licitación del Puerto de Buenos Aires.

Con respaldo de la CATT, el Frente Sindical para el Modelo Nacional y la CTA Autónoma, los y las trabajadoras de aeronavegantes movilizaron al Ministerio de Transporte para expresar su rechazo a la política aerocomercial del Gobierno.

La Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA) exigió resolver conflictos paritarios en Aerolíneas Argentinas y Austral, en medio de la conciliación obligatoria que sigue rigiendo y evitó un paro de 24 horas convocado para el jueves.

“El Gobierno apoya a las empresas de capitales extranjeros y las subsidia, que si bien es cierto que crean puestos de trabajo, son puestos precarizados, donde no hay convenios y no cumplen con la ley”, se quejó el secretario general Juan Pablo Brey sobre la política oficial para el sector.

Y agregó: “Lo que no cuentan es lo que pasa con Andes, Aerolíneas, Austral, Avianca y otras, que nos prometieron que iban a crecer y ahora están devolviendo aviones”.

“Nosotros y nosotras ya expusimos los problemas que vivimos en las asambleas que llevamos a cabo en Aeroparque el 2, 16 y 27 de noviembre, pero no tuvimos respuestas. Acá no están en juego los privilegios de los sindicatos, sino la soberanía de nuestros cielos ante un gobierno que viene a entregarlo todo”, completó.

Bauen, nueva orden de desalojo

El Consejo de Administración de la Cooperativa Hotel Bauen comunicó que este viernes 28 de diciembre, último día hábil del año, la Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó el recurso extraordinario que presentaron hace un año y medio. Esto implica que, notificación mediante a la Cámara de Apelaciones y al Juzgado Comercial que lleva la causa, podría volver a dictarse una nueva orden de desalojo.

La cooperativa había presentado el recurso ante el Máximo Tribunal sosteniendo que la Constitución Nacional no prevé un plazo para que el Congreso pueda insistir con una norma aprobada por el Parlamento y después vetada por el Presidente.

En diciembre de 2016 el Senado votaba la expropiación del Hotel Bauen después de 15 años de lucha ininterrumpida, que fue vetada por Mauricio Macri. Esto fue la condición necesaria para que en marzo de 2017 la jueza María Paula Hualde ordenara la “restitución” del edificio a sus antiguos dueños de la empresa Mercoteles, estableciendo como fecha límite el día 19 de abril.

La misma llegó a solicitar al jefe de Gabinete “el apoyo de las fuerzas de seguridad” para realizar el desalojo, que finalmente fue suspendido tras una gran campaña de solidaridad y apoyo hacia la gestión de sus trabajadores y trabajadoras,  que incluyó a cientos de personalidades políticas, organizaciones de Derechos Humanos y sociales.

Los y las trabajadoras del Bauen consiguieron a través del recurso de insistencia que se mantuviera su estado parlamentario durante dos años, y al finalizar la Corte declaró abstracto el recurso, si bien curiosamente no objetó la argumentación.

“Por ahora tenemos que esperar que termine la feria judicial y ver qué pasos da el juzgado de primera instancia”, dijo Federico Tonarelli, vicepresidente de la cooperativa. “No descartamos ir a la Corte Interamericana”, agregó.

“Nosotros consideramos que el Bauen es del Estado por las deudas que había dejado la gestión empresarial. Sobre esa base, el Congreso declaró de utilidad pública el edificio. Eso vetó Macri. En el edificio además funcionan varias cooperativas, como la de trabajo Dignidad y El Descubridor, que preside el actor Manuel Callau. Con ellos firmamos un convenio para utilizar y relanzar el auditorio del edificio”, explicó Tonarelli, lo que pone en evidencia el cumplimiento del criterio de utilidad pública de la Ley,  aprobada por el Congreso,  que fuera vetada por Macri.

Tonarelli agradeció las muestras de solidaridad de distintas organizaciones y personalidades que ya se han puesto en contacto y anticipó que irán informando los pasos a seguir para enfrentar este nuevo ataque judicial.