Por Aníbal Szapiro*. Evaluación científica, tecnología y desarrollo social. Sobre las últimas modificaciones al sistema con el que se acredita la investigación para la llamada “ciencia aplicada”.
Recientemente se dio publicidad a un acuerdo alcanzado por las principales instituciones vinculadas a la producción científico-tecnológica argentina (CONICET, CIN, CRUP, CONEAU, entre otras) que busca resolver un problema específico del sistema de evaluación científica. Se trata, básicamente, de que los investigadores pertenecientes al campo de las ciencias aplicadas puedan acreditar su labor mediante indicadores distintos al del paper (publicación de avances o resultados en una revista científica especializada).
Los impulsores de esta medida señalan que resulta injusta y forzada la aplicación de criterios de validación propios de las ciencias básicas a las ciencias aplicadas y por ello buscaron establecer que otros indicadores sean suficientes tanto para ingresar como para avanzar en la carrera de investigador. Los métodos de evaluación científica afectan, sólo en CONICET, a casi 20.000 científicos -entre investigadores de planta (CIC) y becarios- y a miles de aspirantes que año tras año buscan ingresar al organismo.
La medida anunciada no puede entenderse sino como respuesta a las críticas suscitadas por los resultados de las últimas selecciones, que dejaron a miles de científicos fuera del sistema. Pero parece necesario discutir qué clase de respuesta.
Ciencias aplicadas… ¿a qué?
El problema comienza con el sugerente silencio por parte de los responsables de la medida respecto de cuál de los criterios posibles para la distinción entre ciencia básica y ciencia aplicada se utilizará. En cualquier caso, la introducción de un Banco Nacional de Proyectos de Desarrollo Tecnológico y Social como instrumento sobresaliente ayuda a despejar al menos el “a qué” de las ciencias aplicadas: al desarrollo tecnológico y social.
Pero, ¿al desarrollo tecnológico y, simultáneamente, al desarrollo social? ¿O al desarrollo tecnológico y, mediante éste, al desarrollo social? Si fuese lo primero, sería de esperar que las ciencias sociales y afines estén involucradas en los nuevos mecanismos de evaluación. Pero el desglose de la medida y las entrevistas dadas por sus responsables parecen indicar que, en realidad, se trata de lo segundo. Ciencia aplicada es, para ellos, sinónimo de tecnología. Para la tecnología, y sólo para ella, la publicación de papers dejará de ser el criterio exclusivo.
Así, no se discute la continuidad de los criterios vigentes en otros ámbitos de la producción científica. La revisión discriminada de los métodos de evaluación que modifica el criterio para la tecnología, se traduce así en una reivindicación (implícita y explícita) del paper como instrumento privilegiado para la no-tecnología: las ciencias básicas (que a partir de esta distinción reúne actividades tan disímiles como la astronomía, la psicología, la historia o la educación) continúan, como si nada, bajo el yugo de la paper-cracia.
La publicación como herramienta esencial -que inmediatamente deviene cuantitativa-, desconoce las especificidades y las necesidades reales de los distintos campos profesionales para su desarrollo. Continúa imponiendo como fin lo que en muchos casos no debieran ser más que medios o emergentes de un proceso complejo y heterogéneo.
¿Un avance?
Lo anterior no sería condición suficiente para desestimar la medida, si acaso revistiera un avance para la tecnología y/o para el desarrollo social. Pero no es tan sencillo.
La evaluación de la tecnología por fuera de la publicación de papers exige la introducción de otros mecanismos que permitan evaluarla. Así, cobra fuerza otro indicador de la productividad científica, que es históricamente indiscernible del proceso de privatización del conocimiento que tuvo lugar en el marco del capitalismo: las patentes. Si bien patentar no excluye publicar -así como tampoco publicar implica socializar-, la patente tiene como propósito específico definir una propiedad sobre un bien para impedir que sea utilizado por otro sin la respectiva contraprestación económica. La exclusividad y confidencialidad por un período determinado se convierten en las claves para garantizar el éxito de la apropiación (privada) de ese conocimiento.
Esto, lejos de ser disimulado por los mentores de la política, es vociferado a partir de la valoración positiva del trabajo científico definido a partir de demandas específicas de clientes, cuya satisfacción sería un nuevo indicador. Esto señala el camino del proyecto científico-técnico del gobierno: una ciencia, no para el bienestar, sino para el beneficio… y no para un beneficio público sino privado (o, a lo sumo, estatal).
El desarrollo social aparece así doblemente postergado. Postergado respecto de la posible acción no mediada por la tecnología y postergado respecto de la posible apropiación directa de los bienes tecnológicos producidos por el sistema científico.
Desde la retórica se pretende salvar esa brecha señalando que el cambio tecnológico redundará en desarrollo social. Una suerte de teoría del derrame aggiornada. Este discurso se encuentra legitimado por muchos científicos que, motivados por una suerte de orgullo cientificista incentivado por una buena dosis de recursos, prefieren no poner reparos ni señalar públicamente las grietas que advierten en el sistema científico.
El reclamo queda en manos de unos pocos que, tal como sucedió en las últimas selecciones, esbozan críticas. Entre ellas, algunas -como la demanda de transparencia en los criterios, la publicación de cupos y áreas de preferencia, o el fin del anonimato de los evaluadores- que son legítimas pero que no atacan los mecanismos de mercantilización del conocimiento. Otras, que sí apuntalan algunos elementos para su desarticulación, como la democratización de los mecanismos de decisión en política científica con creciente participación social en la definición de las prioridades. Claramente, la medida anunciada no sólo no es convergente con estas últimas sino que refuerza una ciencia dirigida desde arriba y orientada a satisfacer necesidades del mercado.
*Investigador y docente de la materia Historia Social de la Ciencia y de la Técnica (FFyL-UBA) y del seminario Estudios Sociales de la Ciencia y de la Tecnología (FCS-UBA).