Policías, corrupción y narcotráfico: un entramado al servicio de De la Sota

Por Lea Ross

Terminó el juicio por el narco-escándalo cordobés. La justicia federal condenó al exjefe de drogas peligrosas, pero no comprobó la existencia del negocio ilegal. Prontuario de un comisario en defensa del poder político.

“Me voy a comer un lomito y lo voy a disfrutar con mi familia”. Eso fue lo que respondió el comisario Rafael Sosa al salir de Tribunales Federales de la ciudad de Córdoba. Un par de minutos atrás, el policía había sido condenado a tres años y ocho meses de prisión por incumplimiento de deberes como funcionario público.

Se trata del “Juicio por el Narco-escándalo”, en alusión a lo acontecido en el año 2013, cuando se desató un maremoto en la escena pública de Córdoba, a partir de que la televisión local mostró los entramados de un negocio orquestado por la policía para extorsionar a narcotraficantes. Esto decantó en el procesamiento de siete integrantes de la División de Drogas Peligrosas de la Policía de Córdoba, que en aquel entonces el jefe principal era Rafael Sosa. Tres años después, el veredicto dictado el martes pasado absolvió a dos policías, a uno lo sentenciaron a seis años de prisión por comprobarse el delito de extorsión, y a los cuatro restantes con condenas leves. Ninguno por asociación ilícita. Es decir, la justicia no logró comprobar la existencia del narco-negocio.

En el caso particular de Sosa, debido a que permaneció detenido dos años y medio luego del narco-escándalo, se le concedió su libertad, un par de horas después de la sentencia.

“No hay que confundir la libertad de Sosa con su no culpabilidad –señala el periodista Adolfo Ruiz, quien fue el primero en descubrir la existencia de este entramado, al presente cronista-. Estamos hablando del jefe de una brigada de narcotráfico que fue condenado a tres años y ocho meses de prisión. Que haya salido en libertad es porque el tipo ya estuvo dos años y ocho meses guardados. Que otros tipos hayan estado condenados a un año y ocho meses y que salgan en libertad por la misma situación no significa que no hayan sido delincuentes. Y esto hay que decirlo con todas las letras: delincuentes. Son policías que nos debieron cuidar y estaban delinquiendo”.

Los fundamentos de la sentencia se publicarían el próximo martes 10 de mayo.

Un comisario al servicio del poder político

El comisario Rafael Sosa estuvo a cargo de investigar resonantes casos policiales, que generaron una mala imagen al gobierno provincial y que logró atar cabos en forma veloz.

En el año 2004, bajo su cargo de titular de la división de homicidios, comenzó a buscar testigos del  triple asesinato del Jardín del Pilar, ocurrida adentro de una pizzería. El crimen generó una mala imagen a la provincia de Córdoba, en donde el gobierno provincial aseveraba tener un territorio de convivencia y de máxima seguridad, en plena época de las marchas encabezadas por Juan Carlos Blumberg. Sin olvidar que todavía estaba presente el sueño eterno del gobernador José Manuel de la Sota para candidatearse a la presidencia nacional.

El juicio por la masacre se llevó a cabo en octubre de 2006, bajo el aporte de una testigo clave –cuyas siglas son G.O.-, realizado a puertas cerradas, sin la presencia de familiares y prensa. Tanto el testimonio de Sosa como de G.O. fueron considerados como en “representación” de los verdaderos testigos, es decir, de terceros que nunca se animaron a declarar.

Un año después, en 2007, el asesinato de Nora Dalmasso, ocurrida en la ciudad de Río Cuarto, traería nuevas trabas electorales, esta vez para el candidato delasotista Juan Schiaretti para la gobernación. El comisario Sosa puso manos a la obra y su investigación apuntó al joven pintor Gastón Zárate como el autor material. La teoría cayó en pedazos, mientras vecinos de la zona se movilizaron en favor del detenido. Dicho y hecho, no hubo pruebas contra el mismo y el joven Zárate quedó libertad, bajo la etiqueta del “perejil”. Por si fuera poco, Sosa y otros tres policías fueron acusados de haber recibido dádivas por parte del abogado de Marcelo Macarrón, viudo de Dalmasso, con alojamiento y todo, para realizar cómodamente sus investigaciones. Dicha acusación quedó archivada. Además de Sosa, uno de los cuatro policías se sentaría también al banquillo casi diez años después, en el juicio de los narco-policías.

Pocos años después, Sosa sería designado como jefe de la división de drogas peligrosas de la provincia.

En el año 2015, se había llevado a cabo el juicio por la desaparición de Facundo Rivera Alegre, el joven que todavía no se sabe de su paradero desde febrero de 2012 y que con el tiempo también generó inquietudes sobre la política de seguridad del delasotismo. Sosa estuvo a cargo del tramo final de la investigación, cuyos resultados le permitieron al fiscal Alejandro Moyano elevar la causa a juicio, con tres detenidos. Inmediatamente después, el gobernador De la Sota lo condecoró a Moyano como el nuevo fiscal general de la provincia.

Al terminar el juicio por la desaparición de Facundo, la justicia no pudo determinar su paradero, aunque asegura que su asesinato quedó más que comprobado a partir de un testimonio clave, a puertas cerradas de la audiencia, donde dio detalles de cómo lo mataron. El nombre de la testigo: G.O. La misma que aportó datos claves en el triple asesinato de 2006. El testimonio también fue obtenido por el propio Rafael Sosa.

Narco-escándalo

“Adolfo. Soy Juan Viarnes. Me gustaría hablar con vos. Tengo una noticia. Si te interesa estoy en mi casa. Como verás, por algo así”.

Así decía el mensaje de texto, todo en letras mayúsculas, que recibió en su celular el periodista Adolfo Ruiz.

Adolfo lo había conocido a Viarnes adentro de la cárcel de San Martín, durante sus investigaciones sobre la circulación de medicamentos vencidos en las celdas. En 2010, Viarnes había obtenido su libertad.

Juan Viarnes es un personaje inefable, escurridizo, con un enorme prontuario, donde se ha metido en distintos hechos delictivos, con suspicacia y buenos contactos. En julio de 2013, su nombre tomó estado público por el allanamiento policial de su domicilio, donde se le encontraron centenares de billetes de dólares falsos. Ante su enojo, decidió destapar la olla y se contactó con Ruiz para hablar de su relación con los integrantes de la división de drogas peligrosas.

-¿Cómo llega la plata a tu casa?
-La trae el Rafa Sosa.
-¿Por qué a tu casa?
-Porque la agarraron de aguantadero.

Viarnes le había explicado al periodista el armado de un negocio ilegal, orquestado por Rafael Sosa desde la cabeza, en donde los integrantes de la división de drogas peligrosas extorsionaban a narcotraficantes a cambio de coimas, mediante la incautación de sus mercaderías. “(Los policías) me mandaban a  que yo les hiciera la negociación por la droga. Yo hablaba con los narcos, ellos filmaban y armaban toda la causa. Después de cobrarle, la destrababan y lo arruinaban al tipo”, señalaba “El Francés”, explayada en un archivo de la revista El Sur de septiembre de 2013. A su vez, se “embagallaba” a víctimas que no tenían relación alguna con el narcotráfico. Es decir, implantaban drogas en sus domicilios para luego extorsionarlos.

Debido a semejante información, se decidió trabajar con el equipo televisivo del programa ADN. A partir del testimonio de Viarnes, más cámaras ocultas, el escándalo impulsó el allanamiento de la sede central de la policía, la misteriosa muerte de dos uniformados –el oficial Juan Alos y la agente Damaris Roldán-, la renuncia del jefe principal Ramón Frías y el ministro de seguridad Alejo Paredes, más la detención de la cúpula de drogas peligrosas. Un año después, Juan Viarnes se daría a la fuga.

Esta semana, a dos años y medio del narco-escándalo, Sosa está condenado y libre. Mientras que  Viarnes está en estado de desaparecido, sin que se conozca su paradero.

“Yo creo que en Córdoba nadie duda de que esto era una verdadera banda de narco-policías –señala Adolfo Ruiz–. Pero lamentablemente, tenemos que conformarnos con que la justicia condena con lo que se puede probar fehacientemente. Cuanto menos está demostrado de que fueron unos delincuentes los que nos tenían que cuidar. No es poco. Me da una sensación de poco, pero no lo es. Porque no recuerdo un antecedente que condenó a una brigada de la policía por su accionar”.