Prisión preventiva para el asesino de Pablo Vera: golpe a la Policía de Río Negro

Por Victoria Naffa*

La abogada representante de la familia de Pablo Vera da cuenta del camino recorrido hasta llegar a la perpetua y a la prisión preventiva del policía Jorge Villegas. Esta vez, el gatillo fácil, el abuso policial y la connivencia con la Justicia tuvieron que dar un paso al costado.

El 25 de septiembre de 2014 un policía llamado Jorge Villegas disparó con su arma reglamentaria y en la nuca a un joven del barrio Gómez de Fiske Menuco. Pablo Vera había salido a disfrutar esa noche, y en la vuelta hacia su casa pasó enfrente de la casa del efectivo policial que, respondiendo al “olfato policial” propio de su función, cargó su arma reglamentaria y disparó contra él. Así convirtió esa noche en la última de Pablo.

Villegas sabía lo que hacía: era consciente de que había matado a un “pibe chorro” y que la institución policial lo ampararía. Era consciente de que la historia de la justicia rionegrina era la historia de la impunidad judicial-policial. Sabía que la policía había logrado desaparecer a Daniel Solano, que había aniquilado a Atahualpa y a tantos otros. Y sabía que luego del asesinato se iban a empezar a tejer ciertas redes que confluirían en su impunidad.

Lo que no podía saber Villegas es lo que efectivamente sucedió después de esa madrugada. Mató a un joven de los más estigmatizados de la ciudad, muchas veces detenido arbitrariamente, muchas veces golpeado por manos policiales, esas mismas manos que iban a acabar con su vida. Pero pese a todo esto, la familia y los amigos de Pablo no naturalizaban esa violencia, y su asesinato despertó la indignación propia del sentimiento de injusticia, y el dolor de la pérdida fue motor de una larga lucha que empezaba.

Junto con el acompañamiento de organizaciones sociales que fueron acercándose, la familia atravesó cada uno de los obstáculos que la justicia le iba imponiendo: vallas, provocaciones, ninguneos, represión, tortura, criminalización.
Así llegaron al juicio en febrero de este año y lograron una condena a perpetua. Es decir, que por primera vez se condenó a perpetua en la provincia a un efectivo policial que mató con su arma reglamentaria mientras estaba de licencia. La lucha de la familia y el acompañamiento de organizaciones logró que la Justicia reconociera que cuando un policía dispara, el que apunta es el Estado, como decía una bandera de la Coordinadora 13 de Enero en las afueras de Tribunales el día de la lectura de la sentencia.

Reconocer las connivencias policiales

Luego de ese logro teníamos una tarea pendiente: darle carácter estructural al asesinato de Pablo, al asesinato policial de jóvenes pobres. La consigna “no es un policía es toda la institución” nos seguía empujando a que se reconociera esto.

Y en alguna medida fue lo que se logró esta semana con el fallo del Superior Tribunal de Justicia, El mayor órgano judicial de la provincia reconoció no solo que Villegas actuó en cumplimiento de sus funciones, sino también que su pertenencia a la institución policial lo colocaba en peligro de fuga. El STJ tuvo en cuenta la posibilidad de “apoyo y asistencia de camaradas, tanto desde la información hasta medios materiales”. Y reafirmó, como lo hizo la Cámara Criminal III meses atrás, la existencia de “lealtades policiales” que en gran medida se percibieron durante las audiencias del juicio.

La confirmación de la prisión preventiva cobra así un doble sentido. Por un lado reafirma la lucha que venimos dando por Pablo y por la prisión perpetua y efectiva al policía Jorge Villegas. Pero, al mismo tiempo, pone en evidencia que las prácticas violentas de la policía son estructurales, y es la propia institución policial la primera en otorgarle impunidad a estos hechos.

En estos días la Policía de la Provincia de Río Negro atraviesa una de sus mayores crisis institucionales por la desaparición del policía Lucas Muñoz, hecho que pone en evidencia el poder que tiene el propio Estado de desaparecer y aniquilar a quien quiera, incluso a un propio efectivo policial.

El fallo del Superior Tribunal viene entonces a poner en evidencia y reafirmar este entramado de impunidad que envuelve al accionar judicial en la Provincia. Y tenemos claro que sólo fue posible gracias a la lucha que fuimos construyendo en estos últimos años en nuestra ciudad.

Somos conscientes de que es pequeño pero inmenso el logro conseguido en una Provincia donde la impunidad policial es el principio rector. El caso de Daniel Solano, de Atahualpa Martínez Vinaya y de tantos otros pibes asesinados por balas policiales lo demuestra.

La impunidad judicial y el privilegio a las fuerzas policiales seguirán existiendo. Pero sumamos un nuevo precedente que, al igual que la perpetua conseguida en febrero, nos lleva a seguir pronunciando siempre los nombres de quienes murieron por el accionar del Estado.

*Abogada, parte de la Coordinadora 13 de Enero