Promesas contra el pueblo: “Haciendo lo que hay que hacer” Promesas contra el pueblo: “Haciendo lo que hay que hacer”
Panorama sindical Promesas contra el pueblo: “Haciendo lo que hay que hacer”

Por Mario Hernandez

A pesar de las supuestas propuestas gubernamentales, la inflación no se detiene mientras la economía se derrumba en un contexto de caída y perdida de salarios.

Según el gobierno, hacia octubre la economía crecería un 4%. La inversión arriba del 8%. Y también lo haría el consumo. El repunte de la economía sería calculado contra el tercer trimestre del año pasado (caída del 3,7%). La inversión sobre un retroceso del 8,2%. Y el consumo de bajar 2,9% (representa más de 2/3 del PBI).

Simplemente se estaría remontando la pérdida del 2016. Y flaca en sectores que ocupan mucha mano de obra, como la industria, donde en mayo hubo 1.900 puestos menos que en abril.

El índice de precios se ubicaría en el 21% anual, por encima de la banda de entre el 12 al 17% soñada por Sturzenegger. El acumulado semestral ya llegó a 11,8%. Consultores privados estiman más de 2% para julio. Según Standard & Poors “la meta de inflación es inalcanzable”.

Entre enero y marzo, de acuerdo a la Dirección General de Estadísticas y Censos de la CABA, los alquileres aumentaron entre 36.8% y 28,4%. Los que alquilan una casa o departamento en la Ciudad destinan, en promedio, entre el 35 y 45% de sus ingresos a pagar solo el alquiler mensual. Con otros gastos, como expensas y servicios, puede absorber más de la mitad de los sueldos o ingresos. Al respecto, las expensas aumentaron más del 40%. Según la Asociación de Administradores de Consorcios, el total de consorcistas morosos alcanza a 600 mil.

Los taxis subieron un 19,5%, pero el GNC que los hace funcionar 100 % en los últimos doce meses.

Se prevén nuevos aumentos para la luz en noviembre y febrero próximos. Para el gas en noviembre y abril. Falta añadir colectivos y combustibles. El gobierno analiza un boleto de colectivos a $ 11, un 73% de incremento.

La “reparación histórica” prometida a los jubilados solo llega al 40% de la clase pasiva con un incremento promedio del 24%, muy por debajo de lo prometido. En el transcurso del corriente año se iniciaron 12.000 nuevas causas por reajustes.

Los medicamentos más consumidos por los jubilados subieron hasta un 236% en los últimos dos años. El aumento promedio fue de 98,9%.

En la “era Macri”, entre enero de 2016 y junio de este año, las compras de minoristas y mayoristas para atesoramiento alcanzaron los U$S 26.000 millones. Mientras que para hacer turismo en el exterior se fueron 14.415 millones. Solo por esas dos vías salieron U$S 40.000 millones, una cifra equivalente hoy a la totalidad de las reservas del Banco Central. De allí que crezca el déficit de la balanza comercial en el primer trimestre en un 40% interanual alcanzando los U$S 6.800 millones, el mayor de los últimos años. El incremento de las importaciones ha venido más por el lado de los bienes de consumo (26%), al igual que los automóviles, mientras que los bienes de capital e intermedios lo hizo en un 6,5% interanual.

Según Federico Braun, dueño y presidente de la cadena de supermercados La Anónima, tío del secretario de Comercio, Miguel Braun, “es el peor primer trimestre desde 2002 y el próximo será seguramente peor”.

Por eso no llama la atención que la confianza en el gobierno declinó entre mayo y junio un 10%, según datos de la consultora Isonomía.

Rompiendo la piñata

El Banco Provincia descontó un 50 % en los supermercados para quienes tuvieran su tarjeta. El resultado fueron colas de varias cuadras y una multiplicación de las ventas por diez. Lo repetirán después de las PASO. Macri no quiere que antes de las elecciones primarias se vea una situación que se “parezca a Venezuela”.

Preocupado por su resultado electoral, el gobierno anunció los créditos financiados por la ANSES para beneficiarios de la AUH y de distinto tipo de pensiones que no sólo suponen un uso discrecional de los fondos previsionales mediante un mero decreto presidencial. Antes que eso, representan una política de endeudamiento de las familias de menores recursos, que compromete de manera gravosa su futuro.

El proyecto es para movilizar unos $ 50.000 millones en forma de mini créditos. De 3.000 a 5.000 pesos por hijo, que se pueden multiplicar de acuerdo a la cantidad de planes que tenga cada familia. El Gobierno prevé que el dinero se devuelva descontándolo en 12 o 24 cuotas del ingreso mensual. La tasa de interés que se le aplicará al crédito será del 24% anual, bastante por encima de las actualizaciones que recibirán los jubilados, pensionados y los beneficiados de la AUH. Así, el pago de las cuotas implicará una reducción de los ingresos, que podrá implicar hasta un 30% de los mismos.

El financiamiento del consumo mediante endeudamiento conduce inexorablemente a comprometer el consumo futuro. Esto vale muy especialmente con este anuncio oficial. El consumo cotidiano de una familia debe ser cubierto por el ingreso corriente. Para eso es necesario que los salarios y las jubilaciones cubran al menos el costo de la canasta familiar, que no es lo que ocurre en la actualidad, ya que la mayoría de las personas con ingresos fijos recibe mensualmente menos de $ 10.000.

Desmantelamiento científico

Pasaron siete meses de la toma del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MINCYT) que finalizó con la firma de un Acta Acuerdo donde se establecía la incorporación en instituciones científicas de los 498 científicos que habían aprobado las evaluaciones para la Carrera de Investigador del CONICET, pero cuyo ingreso el gobierno les prohibió por razones presupuestarias. La única oferta llegada desde el Ministerio, hasta el momento, es incorporar en distintas universidades nacionales a 410 de esos postulantes. Les proponen que entren con cargo de Jefe de Trabajo Práctico con dedicación exclusiva, y en universidades que no necesariamente se ubiquen en sus zonas de residencia. ¿Qué sucederá con los restantes 88? Dijeron que se colocarían en organismos tecnológicos como el INTA, el INTI y la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA).

Los científicos rechazaron de plano la idea del gobierno de ubicarlos en universidades de cualquier parte del país con cargo docente, y no de investigación. El convenio anunciado ofrece cargos interinos (precarios) a concursar en el momento en que la Universidad lo disponga, un salario 6.000 pesos por debajo, tareas de docencia y no de investigación, nulas posibilidades de promoción y relocalización forzada.

Información periodística del pasado sábado dio a conocer que el Conicet ocupa el puesto 158 entre más de 5.000 instituciones científicas y universidades centradas en la investigación de todo el mundo, para el período 2011-15. El segundo lugar entre las argentinas es para la Universidad de Buenos Aires en el puesto 425 del ranking y la segunda mejor institución universitaria de América Latina, solo superada por la Universidad de San Pablo (Brasil). Pero entre los organismos gubernamentales de Latinoamérica, el Conicet se ubicó primero.

El Congreso Extraordinario de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu), que lidera Carlos De Feo, aprobó un documento crítico elaborado por el Instituto de Estudios y Capacitación (IEC), sobre el anunciado “Plan Maestro” de la gestión Macri que amenaza con implementarse en la educación superior.

Los docentes señalan que “el Plan declara que se propone mejorar la tasa de ‘retención’ (sic) y graduación de los estudiantes universitarios, así como la ‘calidad’ de la enseñanza, sin hacer ninguna referencia a las condiciones del trabajo docente. No hay ninguna preocupación por los salarios, la estructura de dedicaciones, la regularización de las plantas, ni la implementación de las disposiciones establecidas en el Convenio Colectivo de Trabajo, que constituyen las condiciones necesarias para mejorar la enseñanza jerarquizando la tarea docente”.

Asimismo, definió la aceptación de la propuesta salarial del gobierno y la continuidad del plan de lucha en Defensa de la Universidad Pública.

Sin embargo, la otra Federación que agrupa a los docentes universitarios, Conadu Histórica, rechazó el acuerdo paritario por considerarlo insuficiente ya que la propuesta deja por fuera de la garantía salarial a las y los docentes más bajos del escalafón, los ayudantes de segunda, que son los de menores salarios. Por otro lado, el porcentaje de aumento dista mucho del 35% reclamado. Por tal motivo, la Conadu (H) ha resuelto continuar el plan de lucha durante el segundo semestre por los reclamos paritarios y contra la reforma universitaria.

Para finalizar con el ataque a CyT, el presidente Mauricio Macri aprobó la venta de ARSAT de manera ilegal a una empresa de Estados Unidos. Los próximos satélites producidos en Argentina serán manejados por una firma internacional que también se quedará con el espacio orbital que le correspondía al país.

Reclamos de los movimientos sociales

La CTEP, Barrios de Pie y la CCC le reclamaron a la Ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, que se cumpla con la Ley de Emergencia Social, de la cual sólo se ejecutó un 30%, y se sancione una Ley de Emergencia Alimentaria.

Las organizaciones que integran la CTEP se movilizaron en distintos puntos de la Ciudad y el Conurbano y continuaron con la recolección de firmas para impulsar la Ley de Emergencia Alimentaria, “una situación que hay que tratar de forma urgente”, insistió el coordinador nacional de Barrios de Pie, que semanas atrás lanzó la iniciativa, luego de realizar un relevamiento en los comedores populares, que arrojó que el 43 % de los chicos sufrían malnutrición. También minimizó uno de los logros mostrados por la gestión de María Eugenia Vidal sobre la mejora en los fondos para los comedores escolares e indicó que “el aumento del presupuesto fue de 8 a 16 pesos por chico. Está muy lejos de lo que se necesita para alimentar de manera digna a los pibes”.

El reclamo por ambas iniciativas continuará el próximo 7 de agosto, cuando la CTEP tiene programado repetir la masiva movilización del año pasado desde la Iglesia de San Cayetano. Las organizaciones marcharán desde Liniers hasta el Congreso, donde entregarán un millón de firmas a favor de la Ley de Emergencia Alimentaria y luego finalizarán en la Plaza de Mayo.

El jueves también instalaron ollas populares y campaña de firmas por la aprobación de la Ley de Emergencia Alimentaria frente al Obelisco y a las principales cadenas de supermercados del país, el Frente Popular Darío Santillán y el FPDS (CN).

El pasado 20 de julio diferentes movimientos piqueteros realizaron una masiva protesta en Plaza de Mayo para exigirle al gobierno Nacional: aumento salarial y puestos de trabajo genuinos. “No queremos planes, queremos trabajo”, fue una de las consignas.

Cuatro mil pesos es lo que cobran los trabajadores del programa “Argentina Trabaja” y del “Ellas Hacen”, quedando de esta forma por debajo de la línea de indigencia, ya que la canasta básica familiar ronda entre los 14/15.000 pesos y el salario mínimo es de $ 8.860.

La masiva concentración comenzó en Av. 9 de Julio y 25 de Mayo y finalizó en Plaza de Mayo. Banderas y remeras rojas colmaron la Ciudad de Buenos Aires y se hicieron oír frente a la Casa Rosada. Ahora esperarán una respuesta del gobierno.

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