Pueblo Mapuche: fallo histórico. Absolución y reconocimiento de la criminalización por parte del Estado

Por Pedro Medved Foto: Cadena del Sur

La justicia absuelve a lxs 6 integrantes de la Pu Lof en Resistencia Cushamen, acusados por la multinacional Benetton y el Estado de Chubut, mientras cuestionó el uso de la fuerza.

El pasado 18 de marzo lxs 6 integrantes de Pu Lof en Resistencia de Cushamen: Facundo Jones Huala, Andrea Millañanco, Sergio Ruiz Henchupan, Matías Santana, Rodrigo Jaramillo y Nicolás Hernández Huala,  fueron absueltxs por “usurpación” y sobreseídos de los cargos de “abigeato”, acusados por la multinacional Benetton y de la provincia de Chubut. La jueza reconoció que el estado criminalizó a la comunidad y cuestionó el uso de la violencia por parte del mismo. También, ordenó al Consejo de la Magistratura local que inicie una investigación por mal desempeño contra el fiscal Oscar Oro, primer impulsor de la denuncia contra la Pu Lof.

Al fin, la responsabilidad puesta en el Estado

La jueza de Esquel, Carina Estefanía, cuestionó fuertemente el uso de la violencia como única respuesta por parte del Estado nacional y provincial hacia las comunidades. En declaraciones a Página 12, Estefanía expresó: “en los procesos que tuve hasta ahora como jueza y en los 20 años que estoy dentro del Poder Judicial, nunca me había tocado un caso donde estuvieran involucrados los derechos de los pueblos originarios. Cuando fui designada entendí que era un caso para juzgar con perspectiva indígena, es decir sin desconocer su historia. No debemos desconocer las consecuencias de la Campaña del Desierto, como por ejemplo el despojo, la expropiación, la deportación, la división de las familias, los prisioneros, los campos de concentración”.

Reconoce así que la recuperación territorial comenzada en marzo de 2015 se inscribe en un conflicto histórico del pueblo mapuche con el Estado,  que con su sesgo racista solo ha tenido políticas de negación. “Determinados funcionarios no vieron que estábamos ante un reclamo de un pueblo originario, que merecía una mirada distinta. No se pueden tratar todos los conflictos de la misma manera. Las deficiencias que se dieron desde el comienzo de la investigación tienen que ver con la falta de capacitación de los funcionarios públicos, que no estuvieron a la altura de las circunstancias. Tenemos que enseñarle a la sociedad a convivir con este tipo de reclamos”. Palabras que no resultan para nada nuevas para los sectores de la sociedad que vienen desarrollando paulatinamente conciencia y sensibilidad para con los pueblos originarios (cuya resistencia lleva 500 años), pero que en voz de una funcionaria pública no se vienen escuchando.

De ser oído por otros poderes del Estado, podría ser un avance hacia una coherencia que hace tanto se viene reclamando. Los derechos de los pueblos preexistentes están incluidos en la Constitución Nacional, pero las acciones y las políticas que se llevan adelante siguen siendo coloniales.

Metodos de protesta, la criminalización estatal y el caso Santiago Maldonado

“Muchos grupos sociales que reclaman por sus derechos utilizan la capucha, esto no es solamente una cuestión de los pueblos originarios. Las capuchas no esconden sino exhiben lo que quieren mostrar: el conflicto. Por eso los funcionarios públicos y policiales tienen que estar capacitados para no instalar que los que se encapuchan son delincuentes”.

Estas afirmaciones de Estefanía son un claro llamado a cambiar el foco de la mirada que se instaló fuertemente desde los medios masivos sobre el pueblo mapuche, con burlas y estigmatizaciones; y desde el gobierno nacional, con una fuerte campaña de criminalización, encabezada por la ministra de seguridad Patricia Bullrich. Sustentada en acusaciones que la propia jueza desmintió, como el hecho de que esté comprobada la pertenencia de algún integrante de la comunidad a la llamada “RAM”.

Ante la pregunta de si considera que Santiago no habría muerto si el Estado hubiera dado respuestas en vez de utilizar la violencia, la jueza Estefanía fue contundente: “no existiría el caso, pero lamentablemente existe. Hicimos todo para que la escalada de violencia no continúe y es el Estado el que debe actuar de manera diferente para evitar la retroalimentación del conflicto. No les podes pedir a los ciudadanos que están reclamando que frenen su petición. Si los combatís con el uso de la violencia, la violencia continuará.”

El aparato judicial, históricamente anti-mapuche

También Andrea Millañanco, -una de las integrantes de la comunidad que tuvieron que someterse a este proceso-, valoró el fallo de la jueza y el hecho de que haya tenido en cuenta las pruebas que la comunidad aportó, tras reconocer que tenía pocas expectativas.

La judicialización constituye una de las principales herramientas que utiliza el Estado para amedrentar al pueblo mapuche y apelar al desgaste para que desistan de sus reclamos.  Cada integrante de la comunidad suele tener numerosas causas, y aunque luego son absueltos, se enfrentan a un proceso arduo, teniendo que comparecer ante los juzgados permanentemente.

Al respecto, Andrea declaró al portal EQS Notas: “entendiendo la persecución política que hay atras de la recuperación que viene levantando la Pu Lof en Resistencia de Cushamen, las declaraciones que se han hecho públicas tanto lo que tiene que ver con tierras como con las diferentes ilegalidades que se han cometido contra nuestro pueblo, este juicio no tenía las pruebas suficientes para desarrollarse, pero así y todo tuvimos que someternos a este proceso que duró 30 días que fueron extensos y agotadores, y nos trajo varios perjuicios a nivel psicológico y emocional. Al tener que repetir la historia dolorosa de nuestra familia y nuestro pueblo, y que ha querido ser tapada por la fundación de este país reiteradas veces”.

“El pueblo mapuche ha podido trascender, sobrevivir al genocidio, hemos renacido con la fortaleza de nuestros antepasados, y para eso es necesario el territorio. Como esta recuperación se van a dar más recuperaciones, porque es lo que necesita nuestro pueblo para obtener una vida digna” expresó Andrea Millañanco y prosiguió: “Fuimos arrojados a los barrios marginales de la ciudad, obligados a trabajar como mano barata más de una vez, y esta historia se repite en todas las familias del pueblo mapuche. Nuestros padres y abuelos fueron muchísimas veces humillados por su condición indígena, por no entender de protocolos coloniales, por no entender de leyes, muchas veces fueron engañados”.

Facundo Jones Huala

En relación al Lonko de la comunidad, Facundo Jones Huala, quien fue recientemente condenado en Valdivia, Chile, a 9 años, Millañanco declaró: “lo que sucedió tiene que ver con la persecusión política, el fallo se va a apelar nuevamente. Él se encuentra digno, y fuerte, a pesar de haberse sometido a una huelga de hambre de 40 días. Está fuerte y creo que con esta noticia lo va a estar mucho más, sabiendo que el esfuerzo, las convicciones, la fortaleza, la valentía de afrontar procesos de recuperación así, tienen un resultado. También a nivel de nuestro pueblo, la cantidad de gente que se ha reivindicado como mapuche ultimamente, han sido numerosos, y esa es la mayor gratitud para nosotros y para él también. Facundo se encuentra asumiendo esta prisión política, y desde la instancia carcelaria se vienen avanzando con proyectos para mejorar las condiciones para presos políticos mapuches. Lamentablemente nuestro pueblo sabe que por el momento que ni el Estado chileno ni el estado Argentino generan un diálogo ni un trato acorde a las necesidades de las comunidades para la reconstitución de las tierras, y que atravesar las cárceles será es una condición más como lo es la muerte y la persecución para distintos miembros del pueblo mapuche”, fueron las palabras de la hermana originaria.

Del lado del pueblo mapuche, la palabra

“Esto se enmarca en el contexto en el cual se desarrollan lamentablemente todas las recuperaciones territoriales del Pu Lof, con el tiempo la perseverancia y la convicción de una lucha digna y justa da sus frutos”, expresaron desde la comunidad mapuche, “Conseguir justicia que es lo que nuestros antepasados han querido, a la par de evitar el genocidio y etnocidio contra nuestro pueblo que nunca terminó, que solamente las prácticas han ido cambiando para adaptarse de acuerdo al contexto. Es un suspiro, en estos cuatro años de tantas injusticias que hemos sufrido. También hay que recordar que fue la propia Provincia la que tiró abajo la mesa de diálogo”.

“Allí quedó fuertemente establecido y evidenciado que de lado del pueblo mapuche la palabra es muy fuerte y los argumentos son sólidos, para entablar cualquier tipo de conversación. Esto representa al pueblo mapuche desde tiempos centenarios,  inclusive cuando nos quiso exterminar la corona española, en donde se intentó llegar a pactos y tratados que sostuvieran esta convivencia”.

Esperemos que este sea el puntapié inicial para que los juzgados de la llamada “justicia” no sean ya un lugar de conocidas humillaciones, y que comiencen a estar a la altura de la demanda que desde hace tiempo exige ser atendida.

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