Que el derecho al aborto sea ley… También en Cuba

Por Ailynn Torres Santana* / Ilustración: Alina Najlis  

Cuba lo verifica: las leyes restrictivas son directamente proporcionales al número de muertes. Mientras más se penaliza el aborto, más muertes porque lo que se castiga es la pobreza. ¿Llegó el momento de legalizar?

Yo aborté. Ese día, el televisor en la sala de espera del hospital transmitía la misa a la Virgen de la Caridad del Cobre. Casi puedo asegurar que ninguna de las muchas mujeres –y algunos hombres– presentes sintió disonancia con aquella escena. Yo tampoco.

El manto de la patrona de Cuba podía alcanzar para cubrir a quienes lo pidieran. Y nada tenía que ver con que se estuviera en aquel lugar para abortar o para continuar con la gestación. Tampoco importaba si estábamos allí por un imperativo médico y con la voluntad quebrada, o si la razón era falta de recursos, condiciones, o deseos para la maternidad. A Cachita no le preocupa eso. A nosotras tampoco nos contrariaba que ella estuviera, todo lo contrario.

No había, de cierto, ninguna intención disuasoria en el hecho de que alguien hubiese sintonizado la misa –y no otra cosa– en el televisor. Estábamos en aquel hospital, público, porque teníamos el derecho a elegir sobre nuestro cuerpo, nuestro futuro, nuestra maternidad o nuestra no-maternidad. Que así sea, garantiza bajísimas cifras de mortalidad de mujeres en Cuba por causa de abortos. La seguridad de los procedimientos de interrupción del embarazo y los cuidados posteriores, son la clave.

Si sus condiciones de salud biológica no lo permiten, no se le realiza la interrupción. Si usted tiene alguna complicación durante el proceso o no funciona el misoprostol, tendrá atención requerida. Si su factor sanguíneo es negativo, usted tendrá la vacuna anti-D para que pueda tener un embarazo seguro en otra ocasión, si lo desea. El resultado: 2.6 muertes de mujeres por cada 100 mil nacidos vivos, a causa de abortos, según asegura el Anuario Estadístico del Ministerio de Salud Pública.

Los análisis de expertos coinciden en que las leyes restrictivas son directamente proporcionales al número de muertes: mientras más se penaliza el aborto, más muertes. Cuba lo verifica.

En contextos con restricciones para abortar, la variable “clase social” complejiza el panorama. La inmensa mayoría de las muertes son de mujeres de sectores populares, racializadas, migrantes, que no pueden pagar servicios con condiciones de sanidad y profesionalidad, aun ilegales. Lo que se termina penalizando es la pobreza, no el aborto.

La Organización Mundial de la Salud ha informado que anualmente se producen 25 millones de abortos inseguros; muchos de ellos en Asia, África y América Latina. Y que cada año mueren 80 mil mujeres en el mundo debido a esa razón, mientras que otras 5 millones son hospitalizadas, quedan estériles o sufren alteraciones reproductivas o de otro orden de salud biológica durante el resto de su vida.

Otras serán madres después de un embarazo no deseado, madres-niñas o madres cuyos hijos son de sus violadores. En México en 2017 nacieron casi 10 mil bebés hijos de madres de 10 a 14 años de edad; la gran mayoría víctimas de agresión sexual y violación.

Los últimos meses han atestiguado una furibunda lucha de mujeres latinoamericanas por la legalización del aborto. Argentina ha sido el escenario prototípico. Después de meses de organización y de que la Cámara de Diputados hubiese aprobado el proyecto para la legalización y despenalización del aborto, el senado lo rechazó. Miles de mujeres y hombres salieron a las calles. La marea verde, color de la lucha feminista, inundó el país y el continente. La marea azul, de quienes se oponen, contendió.

Durante los últimos días, en Guatemala se debate una ley que castiga con cárcel los abortos involuntarios con condenas de entre dos y cuatro años de prisión. La nueva legislación asegura que los hospitales serán juzgados y salas de criminalística: los médicos deberán rendir informes de muerte del feto y las mujeres demostrar su inocencia.

Chile dio un aliento. La Corte Constitucional ratificó el año pasado una medida que habilitaría tres causales para la realización del aborto: peligro para la madre, violación o inviabilidad fetal. Así sucede en muchos países de América Latina.

La mayor contra-fuerza a la legalización del aborto es la alianza entre los poderes conservadores de la política y la religión. Parte importante de las iglesias se organizan en movimientos provida –nunca peor dicho– que dicen defender a los fetos del “asesinato”.

El papa Francisco planteó que “no está bien” tomar una vida humana, “no importa lo pequeño que sea”, y comparó el procedimiento con “contratar a un sicario para resolver un problema”. Antes, comparó el aborto con “lo que hacían los nazis” para cuidar la pureza de la raza, “pero con guantes blancos” y pidió a las familias que “acepten a los hijos que Dios les da”.

Si esta imaginación estuviera instalada en Cuba, la Virgen de la Caridad del Cobre no habría estado como una compañera en la sala de aquel hospital donde mujeres esperábamos para abortar: hubiese sido censora.

Cuba

Miradas desde Cuba, las disputas en torno al aborto son cosa extraña. Casi podríamos suspirar, viendo arder las barbas del vecino y creyendo que las nuestras están a buen recaudo. Pero quizás nuestras barbas no esté a salvo, y es mejor ponerlas en remojo.

En Cuba el aborto no está legalizado. Eso quiere decir que no hay ninguna ley que refrende que las mujeres tienen derecho a la interrupción voluntaria de sus embarazos, si no hay ningún impedimento de salud.

El aborto está, eso sí, institucionalizado. Y se trata como un asunto de salud. Las Guías Metodológicas del Ministerio de Salud Pública son las que regulan el derecho y el procedimiento. Además, ese mismo Ministerio, en alianza con otras instituciones, diseña estrategias para evitar que este tipo de procedimientos se usen como método anticonceptivo.

Ciertamente, es importante incentivar la disminución de las interrupciones de embarazos, porque tienen probabilidad de ocasionar problemas de salud en las mujeres. En 2017 se realizaron en el país 83,904 abortos inducidos. Así ha sido, aproximadamente, desde 2009. La década previa fue algo inferior.

La posibilidad de disminuir la cifra depende de la efectividad de las campañas de educación sexual y el acceso a anticonceptivos, nunca de la restricción del derecho. Hasta el momento, el discurso político no ha dado indicio alguno de querer intervenir en su desmedro. El pulso del sentido común ciudadano, tampoco. Entonces, ¿hay que preocuparse?

Un argumento de peligro

El debate constitucional que tiene lugar en Cuba ha revelado renovados actores que hacen uso estratégico de argumentos que bien podrían interpelar el derecho al aborto y, en general, el derecho a la toma de decisiones autónomas sobre la vida y salud sexual y reproductiva propias.

El artículo más polémico ha sido el 68. El texto propuesto refrenda que el matrimonio es la unión legalmente reconocida entre dos personas con aptitud legal para ello –y no la unión entre un hombre y una mujer, como reza ahora. Ello podría abrir paso a la posibilidad del matrimonio igualitario en el país.

Esa posibilidad ha visibilizado la existencia de un tejido social, progresivamente organizado y adscrito a denominaciones religiosas, que se pronuncia contra la “ideología de género” y la diversidad de familias. Esos sectores están funcionando de forma organizada, se han pronunciado oficialmente, y han mostrado un expansivo calado de “ideologías religiosas” conservadoras en el país. Un proceso similar tiene lugar en toda Latinoamérica.

El artículo 68 propuesto también choca con otro conservadurismo, de raíz secular, que rechaza el reconocimiento de uniones diversas, sin apelar a referentes religiosos.

Unos y otros esgrimen un argumento que trasciende la cuestión del 68: no deben posibilitarse las uniones legalmente reconocidas de parejas homosexuales porque Cuba es un país envejecido, con bajas tasas de natalidad, y necesita de aumentar sus índices de reproducción biológica.

Cuando hace falta fuerza de trabajo, la gente es poder, y en Cuba no hay reemplazo poblacional desde 1978. Eso quiere decir que cada mujer no tiene una hija que la reemplace en su función reproductiva.

Esa tesis se basa en la creencia de que, una vez exista la posibilidad, más personas decidirán por una relación homosexual y que eso, además, recabará sobre su decisión sobre la maternidad o paternidad. Sin embargo, el reconocimiento legal de matrimonios homosexuales no tiene la más mínima relación con la tasas de natalidad del país. Las familias diversas ya existen; lo que se demanda es su reconocimiento legal.

Pero ese argumento tiene otra base de más fondo: la convicción de que la entidad reproductiva de las mujeres y los hombres debe estar sujeta a las necesidades productivas del país.

Es cierta la necesidad de fuerza de trabajo, y que un país envejecido y con baja natalidad es un desafío para la política económica y social. Cuba ha intentado estimular la natalidad, por ejemplo, a través de la reducción de las cargas impositivas a las trabajadoras del sector privado con hijos, o del autorizo a licencias para el cuidado de recién nacidos a abuelos, abuelas y padres. Esos esfuerzos, sin embargo, bajo ningún concepto deben suponer la coartación de un derecho ni su supeditación de las necesidades productivas del país.

El argumento de la baja natalidad podría alcanzar la política que garantiza el derecho al aborto en Cuba. Hasta ahora no ha sido así, pero podría serlo de existir una coyuntura de oportunidad.

Poner el parche antes de que salga el hueco

El conservadurismo religioso parece expandirse. Y aun cuando no logre mayoría en un plazo previsible, podría eventualmente funcionar como actor político y contender sobre temas de derechos que parecen asegurados. El primero y más obvio es el derecho al aborto.

Ese conservadurismo religioso podría secuestrar a la Virgen de la Caridad del Cobre de la sala de espera de un hospital, y convertirla en estandarte del deber divino de procrear, no importa si no quieres, no puedes, no debes, si fuiste violada o si tienes 13 años de edad.

Si llegara ese momento, el derecho sería mucho más vulnerable porque no está asentado en ley. Y podría producirse una confluencia peligrosa entre el conservadurismo religioso y las necesidades nacionales de fuerza de trabajo.

Después de tantas décadas de práctica, sería demasiado inesperado que se eliminara de un tajo la posibilidad de abortar en Cuba. Pero podrían haber otros formatos. Por ejemplo, restricciones para interrumpir los embarazos, o disminución de la disponibilidad de los procedimientos (ha pasado antes, aunque por periodos localizados de tiempo y en territorios específicos).

El momento de cambio constitucional puede ser una buena oportunidad para asegurar el derecho. El anteproyecto habla de la salud en general, pero podría hablar del derecho a tomar decisiones libres e informadas sobre la salud y vida reproductiva propias. Otras constituciones del mundo lo hacen. La cubana podría incluirlo. Así tendríamos un dique seguro frente a cualquier marea azul y, en temas de derecho al aborto, Cuba seguiría siendo verde, como las palmas.

 

*Original en OnCubaNews