¿Quién defiende al público?

Por Ignacio Marchini – @profneurus | Foto de Julieta Lopresto Palermo

La Defensoría del Público, el organismo estatal encargado de garantizar que se respeten una visión federal, democrática e inclusiva de la comunicación y los derechos de las audiencias en todo el país, tiene como nuevo titular por 60 días a Emilio Jesús Alonso, un joven abogado sin ningún antecedente público en materia de comunicación. ¿Qué sentido tiene esta designación transitoria?

La Defensoría del Público es un organismo encargado de “promover, difundir y defender el Derecho a la Comunicación democrática de las audiencias de los medios de comunicación audiovisual en todo el territorio nacional”. Fue creado mediante la sanción de la Ley 26.522, más conocida como la Ley de Medios, en el año 2009. Ley que fue desguazada por el macrismo mediante el Decreto N° 267/2015, a menos de un mes de haber asumido el gobierno nacional.

Por eso llama particularmente la atención que se haya designado a un abogado de 32 años, Emilio Jesús Alonso, que no tiene ningún antecedente público en materia del Derecho a la Comunicación y cuyo único currículo conocido es haber trabajado en la Secretaría General de la Presidencia desde la asunción de Mauricio Macri. Además fue empleado del senador Eduardo Costa (UCR), presidente de la Comisión Bicameral que lo designó al frente de la Defensoría y miembro de Cambiemos en la provincia de Santa Cruz. Un dato interesante es que Alonso borró su cuenta de Twitter una vez que fue designado, quizás para ocultar sus posiciones políticas.

Este ente se encontraba acéfalo desde noviembre de 2016, cuando terminó el mandato de la última (y única) persona que ocupó el cargo formalmente, Cynthia Ottaviano. Hace una semana, la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, las Tecnologías de las Telecomunicaciones y la Digitalización designó a Emilio Jesús Alonso como Defensor del Público, negándose en esa misma reunión a presentar los antecedentes que lo posicionaran como alguien apto para el cargo. Ante los reiterados pedidos de Gabriela Cerruti, diputada por Unidad Ciudadana, de contar con el currículo de Alonso, la respuesta fue “vamos a acercar después los antecedentes. Ahora no los tenemos”.

Llama la atención esta designación por 60 días, teniendo en cuenta que se le otorgaron las mismas funciones que ya venía desempeñando María José Guembe, proveniente de la gestión anterior y con probada capacidad de estar al frente del organismo, aunque sea transitoriamente, hasta que se designe un Defensor o Defensora definitivo/a. Por eso Marcha dialogó con Francisco Godinez Galay, director del Centro de Producciones Radiofónicas (CPR), perteneciente al Centro de Políticas Públicas para el Socialismo (CEPPAS), para entender el sentido de posicionar a Alonso al frente de la Defensoría del Público.

¿Cuáles son las posibles interpretaciones de esta designación transitoria?

“Hay varias lecturas posibles pero todas van aproximadamente en el mismo sentido. Una es poner a alguien cercano al oficialismo para tantear el funcionamiento del organismo, para que la transición hacia un Defensor definitivo propio sea más suave si se quiere, un cambio de timón menos brusco. Yo creo que consideran que es un organismo demasiado autónomo, demasiado crítico al gobierno en su trabajo diario.

Otra lectura un poco más amplia es entender que este gobierno entiende a la comunicación no como un derecho sino como un factor dinamizador del mercado. Cargan todas las tintas en las telecomunicaciones, la banda ancha, los servicios de telefonía celular, etc., dándoles mayor margen de maniobra a los grandes jugadores para que sean más grandes aún y hacer un mercado fuerte, sin tener en cuenta que la comunicación se trata de un derecho.

Todas las cosas que vienen pasando desde la asunción de Cambiemos hasta ahora no deben verse de manera aislada. Son distintas gotas que rebasan el mismo vaso. Esto se suma a haber creado un Ministerio de Comunicaciones y después haberlo disuelto; haber disuelto la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (AFTIC) y la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) para crear el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM); haber congelado los fondos de fomentos a medios comunitarios durante un año –conocidos como FOMECA- y que cuando volvieran fueran con restricciones importantes para los medios comunitarios; que no se termine de sancionar la ley de publicidad oficial; que en el Ciudad de Buenos Aires se haya recortado la pauta oficial para los Medios Vecinales y que se haya apercibido a cerca de 40 medios alternativos por incumplimientos a los requisitos de esa ley. Ni hablar de autorizar la fusión de Cablevisión con Telecom.

Una lectura aún más amplia es vincular esta decisión con la llegada del FMI al país, porque este ajuste que ya está en proceso se va a sostener con represión, con violencia institucional y con la clausura del debate público. Justamente, un organismo que trabaja sobre derechos de audiencias, que hace investigaciones sobre el tratamiento que tienen los medios comerciales respecto de algunas poblaciones vulnerables, que hace capacitaciones a sectores sociales y comunitarios de la comunicación, resulta un lugar estratégico de formulación de opinión crítica que es contraproducente contra el plan de ajuste del gobierno”.

¿La designación de Alonso vendría en este sentido?

“Lo leo como un síntoma. Todavía no sé qué pueda llegar a pasar, si realmente va a ser transitorio, porque la palabra del oficialismo no es muy creíble en estos últimos tiempos. También dijeron, cuando asumieron, que en 180 días iban a hacer una ley de comunicaciones convergentes y ya la prorrogaron 3 veces. Incluso si es realmente transitoria, hay que ver una transición hacia qué.

Por eso estos 60 días van a ser claves para ver si hay propuestas para un Defensor definitivo, con qué perfil. Porque por lo que se pudo averiguar, Emilio Jesús Alonso es un abogado joven que no tiene trayectoria, en principio, en defensa del derecho a la comunicación. El presidente de la Comisión Bicameral explicó que sólo iba a tener potestades administrativas, que no necesitaba demostrar idoneidad. Lo cual te hace preguntar para qué lo ponen, si para esa misma función ya estaba María José Guembe que además conoce al organismo y su funcionamiento. A ella la pusieron a cargo porque la Comisión anterior no había decidido un nuevo Defensor y el organismo había quedado con poco margen de acción. El mismo escaso margen que va a tener ahora con Alonso”.

¿Lo ves como un síntoma de qué?

“Es un síntoma del escenario que ellos quieren o de la forma en que actúan. Quieren ver hasta dónde llegan. Con esta medida, tienen a alguien dentro para que vea cómo funciona el organismo y corren a gente que capaz les resulta muy afín al gobierno anterior”.

Cabe recordar la situación que se dio con el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), otro ente autárquico que intervinieron, informalmente, para poder controlarlo. Con la destitución de Alejandro Cacetta de la presidencia del Instituto, se designó como Gerente de Administración a Nicolás Yocca, ex Gerente de Finanzas de Artear (1990-1994) y ex Gerente General de Radio Mitre (2000-2008), ambas empresas pertenecientes al grupo Clarín.

¿Qué concepción tiene la gestión actual de la comunicación y de la Defensoría del Público?

“Hay que pensarlo en el contexto del ajuste, están recortando por todos lados. No creo que los derechos de las audiencias sea hoy algo fundamental para este gobierno, entendiendo que no ven a la comunicación como un derecho. Son todas especulaciones pero sí me parece que hay un intento de ir llegando a esos espacios que son estatales pero que tienen cierta autonomía y no perder el control sobre ellos, muy a pesar de lo que opine el sector.

Hasta los medios más críticos al kirchnerismo, como los medios alternativos, defienden la existencia de un organismo como la Defensoría del Público y reconocen su trabajo. Quienes saben de comunicación y están en ese ámbito entienden que es un organismo de vanguardia que tiene que existir de la mejor manera y que esta virtual intervención te hace pensar que algo raro hay”.

Designación irregular

En diálogo con Radio Futura, la ex Defensora del Público, Cynthia Ottaviano, criticó duramente el método de designación de Emilio Alonso: “el reglamento establece que primero (el candidato/a) debe ser presentado en el ámbito de la comisión bicameral, sus antecedentes tienen que ser publicados en medios de difusión durante varios días para que la población en general pueda acceder a conocerlos. Luego hay un periodo para que se puedan presentar en esa comisión observaciones por parte de organizaciones sociales, de derechos humanos, de ámbitos académicos, sindicales y profesionales y luego, una vez que la bicameral aprueba esa candidatura, tiene que ser aprobada en ambas cámaras”.

En relación a la serie de irregularidades en la designación, Godinez Galay agregó que “en la reunión (del miércoles 26 de septiembre) había mayoría oficialista. El diputado Pablo Carro, Secretario de la comisión que es del Frente para la Victoria (FPV), estaba viniendo desde Aeroparque y no lo esperaron para empezar. Es casi una obra de teatro de Ionesco”.