El relato mediático del conflicto universitario

En pocas horas se realizará una nueva Marcha de Antorchas en el marco del conflicto educativo, en defensa de la Universidad pública, la ciencia, la tecnología y el salario. Con el arrastre de una crisis estructural que se remonta a la Ley de Educación Superior del menemismo, el feroz ajuste de Cambiemos viene a poner el dedo en una llaga que no termina de sanar.

Por Luz Ailín Báez | Foto de Leandro Guidii

El recorte en educación no es un caso aislado en Sudamérica y mientras se escriben estas líneas, en Brasil están parando una marcha contra las desfinanciación promovida por el gobierno de Jair Bolsonaro. Desde el inicio de la gestión de Cambiemos, universitarios docentes, no docentes y estudiantes han promovido movilizaciones de variados niveles de adhesión. Pero, ¿cuánto de este esfuerzo, de poner el cuerpo, es plasmado en los grandes medios de comunicación?

Cristian Dodaro, Doctor en Ciencias Sociales, docente de la facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y Secretario de Prensa del Sindicato de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (FEDUBA), analizó en un trabajo de investigación, titulado “Son todos vagos”, el papel que cumplen los diarios de mayor tirada (Clarín y La Nación) en la visibilización del conflicto universitario.

“En 2016 y 2018, hay una constante temática: los estudiantes como rehenes de los docentes, obviando las organizaciones estudiantiles que acompañan el reclamo, y definen a la paritaria docente como un delito de la cual nadie paga ningún costo. Sobre el conflicto universitario en 2018, recién en la semana del 20 de agosto comienza a visibilizarse de forma contundente. Se mantiene en ambos diarios la figura de estudiantes-rehenes. La estrella de las noticias es la Universidad de Buenos Aires, siguiendo en orden de visibilidad las universidades del conurbano. Este recorte selectivo permite que sea verosímil calificar como acatamiento dispar un paro que alcanzó 57 universidades”, narra en su investigación Dodaro.

Y agrega: “Como ocurrió en 1989 con la primera privatización de los canales de televisión durante el primer gobierno menemista, lo primero que hizo el gobierno actual fue avanzar contra la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA), permitiendo una concentración aun mayor, persiguiendo medios alternativos y despidiendo trabajadores de prensa. Nosotros, como trabajadores universitarios, fuimos fuertemente estigmatizados. Por eso hicimos un trabajo para ver cómo era la forma en que se producían los estigmas de setteo (configuración/planificación) de agenda y vimos cuáles eran las palabras que se repetían, las formas en que se titulaba, con el hecho fundante de Prat Gay diciendo que iba a sacar la grasa militante del Estado y con Télam y con las dos fechas fuertes del 12 de mayo de 2016 y el conflicto universitario del 2018”.

Sobre la batalla cultural, especificó que “se construyen sentidos que se repiten constantemente, una metodología de laburo por fuera del medio con una estrategia clara de manipulación. Hay una previa a la salida de los declarantes a los medios. El jefe de gabinete (Marcos) Peña larga un documento (“Qué estamos diciendo”), un brief con indicaciones a sus funcionarios que luego son reproducidas hasta el hartazgo por las redes sociales y los twitteros caracterizados, repitiendo el mismo patrón o guión con casi las mismas palabras y casi el mismo discurso. Un ejemplo: hay 1 estudiante cada 4 docentes universitarios”, explica Dodaro, dejando lugar a la noción de que entonces “sobran docentes”.

Para el grueso de la población, el conflicto en el área de Ciencia y Tecnología salió a la luz tras la participación de Mariana Simián, bióloga que dirige un grupo de investigación en la Universidad de San Martín abocado a encontrar tratamientos para el cáncer, en el programa ¿Quién quiere ser millonario?, conducido por Santiago Del Moro en Telefé. La historia de Marina se volvió viral y estalló en las redes sociales luego de que revelara el motivo por el que decidió concursar en el programa: “no nos depositan los subsidios que tenemos ganados y tenemos que trabajar. Me anoté porque soy osada y me pareció una oportunidad. Pueden venir cuando quieran a ver el trabajo que hacemos”, aseguró la investigadora que reveló que usará el dinero para comprar reactivos para su investigación.

A la efervescencia redsocialera colmada de indignación sobrevino la reacción del Gobierno. Una reunión con la científica, una foto y un mensaje de 188 caracteres: “Recibí en Olivos a Marina Simián, investigadora del CONICET. Tuvimos una buena reunión donde conversamos sobre qué medidas tomar para mejorar la situación de los científicos en el país y facilitar el desarrollo científico”.

¿Conclusiones, detalles de la charla? Esa también nos la debe. Podemos hablar a esta altura de pañitos fríos, paliativos redsocialeros para apaciguar indignaciones de sillón por quienes no pueden continuar investigando. ¿Pero qué ocurre si quien ve coartada su posibilidad de investigar, es una doctora en Letras, un filósofo, un estudioso de la cultura popular?

“Lo hicieron con nosotros, lo hicieron con Télam, el INTI, el Conicet y ahora lo repiten respecto de las ciencias sociales. Lo que dice Finocchiaro diciendo cuáles son los sectores que él considera que son estratégicos y que sólo financian los espacios que son estratégicos porque el pueblo tiene que financiar todas las investigaciones y no se puede investigar lo que uno quiere. Lo cual implica una discusión mayor, pero es una discusión que se está dando todo el tiempo en el Conicet o en las Ciencias sociales, que tiene que ver con el aporte que hace tu investigación a lo social”, sostiene Dodaro y agrega: “Lo que yo te cuento es aplicar mi capacidad como licenciado en comunicación y doctor en ciencias sociales a una dimensión práctica: cómo los medios producen estigma, para poder contribuir a un funcionamiento más democrático de los medios”. En el punto álgido del conflicto universitario en 2018, y previendo la línea de avance discursivo estigmatizador del gobierno nacional, los universitarios armaron una respuesta punto por punto a lo dicho por los medios hegemónicos y plantearon la discusión acerca de esa reiteración que pretendía crear esa acción de estigma.

Durante estas últimas semanas, la comunidad científica y universitaria utilizó el caso de Simián a su favor y respondió en el mismo tenor que el gobierno. Las redes se colmaron de fotos de investigadores con pancartas improvisadas, en clara alusión a la imagen de quien pide limosna en la calle, pidiendo que la gente de a pie les tomara una foto y viralizara la situación de desamparo en la que se encuentran.

Dodaro reflexiona: “tiene que ver con una dimensión de lo político, toda definición científica-tecnológica es política. Esto viene desde Horkheimer hasta Varsavsky, que es uno de nuestros mayores exponentes de pensar la investigación y su aplicación a la sociedad. Es el que mejor entiende el proyecto científico-tecnológico como un proyecto ligado a la emancipación y como un proyecto de desarrollo colectivo. Lo que Ramón Carrillo dijo para la salud en el ’45, Varsavsky lo dijo pensando en los ‘70 pensando en una sociedad que ya era tecnológica. Tenemos una línea que va en detrimento de eso y de posibilidades estratégicas de ahorro de costos. En el PARLASUR se había logrado la compra regional de medicamentos a los laboratorios y eso bajaba mucho el valor de vacunas y medicamentos. Todo eso está siendo dejado de lado, desplumado”.

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