Scioli tiene un plan

Scioli tiene un plan

Por Francisco Longa y Edgar Junck. Tras anunciar la ‘emergencia en seguridad’ en la provincia, el gobernador de Buenos Aires anunció un plan de 22 puntos que oscilan entre la demagogia y la punición. Un análisis de cómo se destinan dichos fondos.

No es una novedad que los delitos comunes ocurren y afectan enormemente la vida cotidiana de miles de trabajadores en nuestro país. La exposición mediática que las últimas semanas se le dio a sucesos de ‘linchamientos’ a presuntos ladrones o directamente a ‘portadores de rostro’, en varias ciudades del país, revivió el debate sobre ‘mano dura’, justicia por mano propia, Estado ausente y, sobre todo, la tan mentada ‘inseguridad’.

Es así que el sábado pasado, acompañado de todo su gabinete –con la sugerente excepción del vicegobernador Gabriel Mariotto-, Daniel Scioli anunció la ‘emergencia en seguridad’ en la provincia de Buenos Aires. En ese marco dispuso un plan con 22 puntos que van desde la creación de 4 nuevas Unidades Penitenciarias hasta la adquisición de mil nuevos móviles policiales, pasando por la reincorporación de personal retirado de policía de la Provincia a las funciones operativas, entre otras.

Aquel que se interese por desmenuzar la concepción y proyección que sustentan los 22 puntos anunciados, solamente podrá encontrar detrás un enfoque predominante: el punitivismo como tratamiento privilegiado para el delito. Medidas relativas a la prevención y o a la contención social, brillan por su ausencia; la única referencia apenas más amplia llega recién en el punto 22, donde se propone “continuar con los programas de educación e igualdad de oportunidades e inclusión social que promovemos desde nuestro gobierno”, señala el documento.

Sacando esa tímida referencia que podría asociarse con la idea de prevención del delito, el resto no es más que ‘punitivismo à la carte’, cortoplacista y anclado en la mano dura: “esta declaración de emergencia servirá para aplicarles todo el peso de un Estado presente a los asesinos y a los delincuentes. Tenemos que ser dinámicos para perseguir, atrapar y encarcelar a los criminales”, afirmó el gobernador.

El presupuesto: una pena

Pero este acontecimiento tiene varios antecedentes relevantes para pensar el enfoque que el distrito más grande del país está proyectando hacia la cuestión del delito común. Un ejercicio de memoria veloz debería devolvernos fácilmente a aquellas imágenes del año pasado, donde massistas, sciolistas y kirchneristas duros interpretaron casi una novela para la aprobación del presupuesto 2014 en la provincia.

La resultante fue un presupuesto que destina, por ejemplo, más dinero al Ministerio de Seguridad, que recibirá 14 mil millones de pesos, que al Ministerio de Salud al cual se le adjudican 12 mil millones de pesos, o a Desarrollo Social quien queda con apenas 5 millones.

A pesar que parezca una batalla perdida contra el sentido común instalado, vale la pena destacar que ‘inseguridad’ es un concepto que, si bien puede relacionarse con la falta de seguridad que implica estar expuesto a un delito común, debería contemplar como mínimo que inseguros también son los contextos sociales de desempleo, de falta de acceso a la salud, de restricciones en la educación, etc.

Desde esa mirada, podemos analizar la situación de una semana atrás,  cuando durante el conflicto docente en la provincia, el gobernador en varias conferencias de prensa aludió insistentemente a que no había plata para la actualización salarial del 35 por ciento que los docentes reclamaban.

Sin olvidar que el gobierno bonaerense a finales del año pasado aumentó por decreto un 60 por ciento el sueldo básico de la policía de la provincia, la actual decisión de destinar 600 millones de pesos provenientes de utilidades del Banco Provincia para este nuevo plan de ‘seguridad’, nos vuelve a ofrecer un panorama nítido respecto de las prioridades de Scioli.

Con mucha facilidad entonces, si trazamos una línea que indicara el recorrido de los fondos que la provincia recauda, veríamos que la tendencia apunta a destinarlos al sector más punitivo de toda la larga cadena que está involucrada en la conflictividad social y el delito, mientras que la línea se aleja significativamente de la inversión en salud y en desarrollo social, entre otras.

¿Mano dura hasta 2015?

Si con la designación de Alberto Granados del año pasado, Scioli había tomado por primera ver la temperatura social que generaba designar al frente de la seguridad a un paladín de la mano dura, la andanada mediática de las últimas semanas relativas a los linchamientos parecen haberle ayudado a dar el paso que faltaba para terminar de definir el perfil para lo que resta de su gestión.

Probablemente el escenario que viene consolidando a Sergio Massa como el mejor alumno del consignismo mediático de la mano dura, aceleró estas definiciones en materia de seguridad de Scioli, quien parece no estar dispuesto a perder casilleros en la carrera presidencial de 2015.

Por ejemplo, mientras que el gobernador omitió en el lanzamiento del plan de seguridad hablar del anteproyecto del código penal que propone el gobierno nacional, o de la participación de las fuerzas armadas en la lucha contra el delito, desde el kirchnerismo cristinista los intentos por despegarse del ‘endurecimiento’ de Scioli han sido débiles.

Esta situación puede leerse también en diálogo con el debate reciente que generó el anteproyecto de nuevo código, donde mientras algunos massistas acusaban al gobierno nacional de ‘garantista’, muchas de las voces kirchneristas se defendían de las acusaciones de los sectores de derecha aclarando que, por el contrario, el código que ellos estaban proponiendo en realidad aumentaba mucho más las penas de varios delitos: cuando Massa criticó que se ‘bajarían las penas de 146 delitos’, Roberto Carlés, coordinador del equipo que redactó el anteproyecto, replicó: “no es cierto, despenaliza 17 conductas, pero aumenta las penas de 159 delitos”.

Lo que se observa en suma desde ambas partes es una simplificación del debate y un abandono casi permanente de posicionamientos que re piensen el delito común desde un enfoque más amplio y comprensivo, que tenga en cuenta su raíz en las profundas desigualdades sociales.

Sin una voz que logre ampliar el espectro para pensar estas problemáticas, no estaremos lejos de empezar a recorrer ese camino que termina en el modelo brasilero -o colombiano- de militarización de la vida en sociedad, de punitivismo exacerbado, donde la estigmatización de sujetos ‘peligroso’ hace poco más que seguir consolidando fracturas sociales.