Se extiende el rechazo a los tarifazos y políticas públicas

Por Mario Hernandez Foto: Mey Tejada

El año se inició con movilizaciones programadas para resistir los tarifazos anunciados para 2019. También trabajadores y trabajadoras de la tierra realizan feriazos contra las políticas para el sector.

Contra los tarifazos

Por tercer viernes consecutivo, las esquinas de las 15 comunas porteñas y otras en el Conurbano bonaerense fueron el lugar para rechazar la política de tarifazos de servicios públicos esenciales, con palmas, cacerolas y cantos.

“Porque el acceso a los servicios públicos es un derecho humano” porque “las tarifas no pueden aumentar más que nuestros salarios”, reclamaba la convocatoria al “Ruidazo” hecha en la Ciudad de Buenos Aires por el Observatorio del Derecho a la Ciudad, Argentina en Red y el Movimiento Comunero, que convocó a miles de vecinos a través de las redes.

Este 2019 se inició con un fuerte incremento en los servicios, que tal como anunció el gobierno, serán en los primeros cuatro meses del año. Este sábado 12 el transporte colectivo subió un 38,5%, también acompañado por el boleto de ferrocarril, mientras el subte aumenta este día 15 de enero.

Los servicios públicos también aumentarán en promedio un 50%, el servicio de agua pegará un incremento del 48,5%, mientras que la luz y el gas aumentarán en torno al 55%. A esto se le suma, entre otras subas, peajes y prepagas. En febrero llegará el subte a $ 16.50, en tanto en abril de 2019 costará $ 21. Esto representa un aumento del 180% en un año. Entre 2016 y abril de 2018, el gas se ha incrementado 1.261 %, el agua sin medidor 956 % y la electricidad 1.435 %, de acuerdo a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. 

Los tarifazos en los servicios públicos no son garantía de la prestación de los servicios, que continúan siendo deficientes, tal como lo evidencian por ejemplo los prolongados cortes de luz a los que se somete a la población, sobretodo en las áreas comprendidas por Edesur.

La marcha de antorchas para resistir al tarifazo, que tuvo una desbordante convocatoria, atravesó la Ciudad el jueves 10 de enero. Representantes de las organizaciones convocantes, con mayor visibilidad como Pablo Moyano (secretario adjunto de Camioneros), Hugo Yasky (CTA de los Trabajadores) y Pablo Micheli (CTA Autónoma) junto a otras, finalizaron el acto al pie del Congreso.  “No damos por agotada, con esta proclama, la protesta contra el tarifazo y el ajuste brutal. Al contrario, llamamos a realizar marchas en todo el país”, expresa el documento consensuado que firman la CTA de los Trabajadores, el Movimiento 21F (moyanismo), el Frente Sindical para el Modelo Nacional (del que forma parte el gremio mecánico SMATA), la CTA Autónoma y las 62 Organizaciones.

“Que quede claro: no nos resignamos ni levantamos bandera blanca y seguiremos en las calles movilizados hasta derrotar la política de hambre y el ajuste. Decimos no a la Reforma Laboral. Decimos no a la Reforma Previsional. Decimos no al tarifazo. Basta de atropellos contra el pueblo argentino”, decía el último párrafo de la declaración conjunta.

Al finalizar la lectura del documento, mientras confluían trabajadores y trabajadoras de la educación de CABA, junto a simpatizantes de la oposición, se repitieron dos consignas: “Las escuelas no se cierran” y “paro, paro, paro/paro general”, que muestran también el fastidio con el rol de la conducción de la CGT.

El Frente de Izquierda también se movilizó con sus propias banderas, con críticas a los límites de la convocatoria y expresando la necesidad de un programa que enfrente los tarifazos, y que plantee una salida de fondo para el conjunto de los servicios públicos. En ese sentido proponen medidas como la estatización de los servicios bajo gestión de trabajadores y trabajadoras que junto al control de los usuarios y usuarias populares, garanticen un servicio de calidad con tarifas accesibles en todos los servicios públicos.

Las protestas contra los tarifazos se repetirán cada jueves en diferentes puntos del país y hasta el 7 de febrero. En enero el próximo 17 en Rosario y Santa Fe, el 24 en Mar del Plata, el 31 en Bariloche y el 7 de febrero en Mendoza.

Feriazos  

Pequeños productores y productoras nucleadas en la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) realizaron este jueves un nuevo feriazo bajo la consigna “Pagá menos, comé mejor y apoyá a los trabajadores de la tierra”, en Plaza Miserere, en el barrio porteño de Balvanera.

La iniciativa busca instalar en la opinión pública la crisis que atraviesa el sector y poner en evidencia las diferencias que existen entre los precios que se pagan en los supermercados y verdulerías y la escasa retribución que el pequeño productor recibe en su quinta.

La organización advirtió también que la devaluación, los altos costos de producción y los aumentos en los servicios están “ahogando” a los pequeños productores. Los trabajadores de la tierra producen más del 80 % de las verduras que se consumen en Buenos Aires y zonas aledañas.

En la misma línea los productores reclaman por la falta de políticas públicas para el sector y cuestionan la eliminación del Monotributo Social Agropecuario. Se trata de un sistema que le permitía al Estado saber dónde están, qué hacen y qué políticas públicas podrían necesitar, mientras que a los productores y productoras les permitía acceder, entre otras cosas, a subsidios, créditos, circuitos de comercio formal mientras garantizaba el acceso a la salud y el aporte al sistema previsional para garantizarles una mínima prestación para su vejez.

También reclaman por el desmantelamiento de la Secretaría de Agricultura Familiar. Según cifras de ATE, Agricultura Familiar tenía 1.450 trabajadores y trabajadoras en todo el país. Entre febrero de 2016 y agosto de 2018 despidieron a más de 910 personas,  más del 62 %. El impacto del recorte fue aún más duro en la Patagonia: entre Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz, echaron a casi el 80 %. A nivel nacional se pudo revertir el despido del 10 %, en su mayoría despedidos y despedidas en 2016. Algunos fueron reincorporados por vía judicial, otros por temas de salud y dos por cuestiones de tutela gremial. Con los despidos en Agricultura Familiar, el gobierno de Cambiemos rompió con una estructura que tomó más de 20 años construir. El argumento que dio Nación fue la necesidad de cumplir con las metas fiscales impuestas por los organismos financieros internacionales.

El apoyo estatal para el desarrollo de cierto tipo de productores rurales parece ser visto como un gasto y además muestra como las políticas públicas son diseñadas por estos organismos fuera de nuestro país. El feriazo continuará el proximo viernes en la Plaza Retiro.