Se prepara el camino para el Oyarbide del Pro

Se prepara el camino para el Oyarbide del Pro

Por Jonatan Emanuel Baldiviezo. La designación de Martín Diego Farrell como Juez de la Ciudad abre a Mauricio Macri una espalda de mayor tranquilidad respecto de los controles. La poca idoneidad del nombramiento: historia de favores políticos y corrupción.

La Legislatura de la Ciudad actualmente se encuentra tratando la designación de Martín Diego Farrell para el cargo de Juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario. Los Jueces Contecioso-Administrativos intervienen en todas las causas judiciales en las cuales es parte el Gobierno de la Ciudad. Principalmente se encargan de controlar que los funcionarios cumplan con sus deberes y de proteger los derechos de los ciudadanos porteños. Por estos motivos, para ser juez se requiere no sólo la idoneidad sino también una vida que muestre respeto absoluto por la normas, ajena a conductas delictuales y de corrupción, y preocupación por los derechos de los porteños. Ninguna de éstas cualidades posee Martín Diego Farrell.

Durante el año 2012, Diego Farrell participó en el concurso convocado por el Consejo de la Magistratura para designar nuevos jueces para el fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad. Quedó en el puesto n° 15. La Legislatura de la Ciudad en el año 2013 designó a 14 jueces, por lo tanto, quedó en la lista de espera. Con la designación de Inés Weinberg de Roca como integrante del Tribunal Superior de Justicia y su reemplazo en la SAla I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo por Fabiana Schafrik dejó en el fuero una vacancia en primera instancia que habilitó que se remitiera los pliegos de Farrell a la Legislatura para que se discuta su designación.

Diego Farrell era el Director de Habilitaciones de la Ciudad de Buenos Aires cuando se produjo el derrumbe del boliche Beara (Avenida Scalabrini Ortiz N° 1638 – Palermo) en el que murieron el 10 de septiembre de 2010 Ariana Beatriz Lizárraga de 21 años y Paula Leticia Provedo de 20 años. En la causa penal que se abrió por estos hechos se lo citó a indagatoria para el día 14 de Mayo de 2014 por los delitos de homicidio culposo, incumplimiento de los deberes de funcionario público y cohecho.

En esta causa (N° 35.475/2010 caratulada: “Yun, Juan Carlos María y otros s/ derrumbe seguido de muerte”) en virtud de lo que sostiene el fiscal de la causa existen pruebas suficientes para su procesamiento. Esto aún no ha ocurrido porque la indagatorio tardó 4 años en llegar. La Constitución de la Ciudad establece que “(n)adie puede ser designado en la función pública cuando se encuentra procesado por un delito doloso en perjuicio de la Administración Pública. Luego del 14 de mayo se podría dictar el procesamiento de Farrell y si esto sucede con anterioridad a su designación su postulación debe ser rechazada sin más trámite.

El fiscal afirma que incumplió los deberes a su cargo al expedir habilitación para el rubro “Casa Para Fiestas Privadas” respecto de un local que no reunía las condiciones que la norma exigía. En la causa consta que omitió adoptar las medidas preventivas y de protección de los ciudadanos en presencia de situaciones de riesgo que deberían haberse materializado a través del acto del acto administrativo que dispusiera la clausura preventiva del local y denegara la habilitación en trámite. En lugar de ello, Farrell expidió la habilitación solicitada a los 3 días de que fue informado sobre estos hechos.

También de acuerdo a la imputación del fiscal existen pruebas de que Farrell recibió dinero de los dueños del boliche para otorgar la habilitación aún cuando tenía conocimiento de la falta de aptitud edilicia del local y que su explotación excedería el permiso permitido para el rubro pretendido, en especial las relativas a la capacidad, a la deficiente construcción y utilización del entrepiso que terminó derrumbándose.

Consta en la causa que los dueños de Beara destinaron para coimas al menos $114.600 (U$S 30000 al cambio de $ 3.82 de enero de 2010) para conseguir la habilitación.

Farrell, además de esta causa penal, está imputado en la causa N° 45397/09, por “abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público”; en la causa N° 46453 del año 2009, por los mismos delitos; en la causa N° 2030 del año 2010 por “abuso de autoridad”, y en un quinto proceso, también del año 2010, que tramita en el juzgado correccional a cargo de la jueza Ana Díaz Cano.

A pesar de todos estos antecedentes, el macrismo impulsa su designación en la Legislatura porteña y hace uso de artilugios parlamentarios para que se designe a Farrell sin discusión por parte del Cuerpo Legislativo y sin una votación expresa. El art. 118 dispone que los jueces son designados por el voto de la mayoría absoluta de la Legislatura (es decir, con el voto de 31 de los 60 legisladores). La Legislatura tiene el deber de pronunciarse dentro de los 60 días hábiles, de lo contrario, vencido dicho plazo se considera aprobada la designación, una especie de aprobación tácita.

El expediente de la candidatura de Farrell llegó a la Legislatura de la Ciudad el día 1 de abril de 2014, los 60 días hábiles se cumplen el 1 de julio de 2014. El Pro que preside la Junta de Ética, Acuerdos y Organismos de Control a través del Dip. Garayalde. Este dio trámite al expediente un mes después y recién en el 7 de mayo estableció un cronograma con plazos laxos que estipula que la audiencia pública se hará el día 25 de Junio, haciendo imposible que la Legislatura pueda votar o rechazar su designación antes del cumplimiento del plazo de 60 días hábiles. Por primera vez, desde que la Ciudad dictó su constitución, un juez va a ser designado en forma tácita, sin discusión legislativa. Ni los diputados del Pro se atreven a votar públicamente y a favor de la designación de Farrell.

Farrell viene de ser funcionario del corazón del macrismo de una de las áreas que en forma constante están siendo denunciadas y acusadas de corrupción y falta de control. Resulta indudable que tiene la protección del Pro y su pleno respaldo luego de los graves hechos que se le imputan. Todo hace prever que si es designado Juez respondería a este apoyo protegiendo similares negocios de los que él está ahora siendo investigado y ocultando las ilegales que cometan funcionarios del Gobierno macrista tal cuál es el rol del Juez Oyarbide respecto al gobierno kirchnerista.