Alfredo Cuellar: “Sigo esperando que me comuniquen su muerte”

Por Laura Salomé Canteros

Alfredo Cuellar, un padre que reclama por el esclarecimiento de la muerte de su hija, “la China”, en la Unidad Penitenciaria IV de Ezeiza. Desde diciembre pasado se convirtió en un luchador por los Derechos Humanos, fue secuestrado y ahora exige la respuesta de los poderes con denuncias que estremecen y alertan.

Hay quienes aseguran que el encarcelamiento es la muerte en vida y que las prisiones constituyen el infierno o una suerte de cementerios que la sociedad toda acepta en forma de silenciosa complicidad pretendiendo sostener un orden que castiga a algunas personas en pos del resguardo de la propiedad de otras. Pero, ¿cuántos de nosotros somos conscientes y aceptamos sostener el  sistema de muerte, tortura, discriminación y persecución que ejercen algunas y algunos funcionarios del servicio penitenciario en nuestro país sobre las personas que han sido condenadas, que cumplen una pena y la misma es privativa de su libertad? ¿Cuál es el pacto que firmamos y cuándo es que se produjo?

Alfredo Cuellar aprendió a reflexionar y a ser un luchador contra este aparentemente legitimado sistema del terror. El 23 de diciembre de 2012 se enteró por un llamado que “algo había pasado” con su hija de 23 años, Florencia, la China, privada de su libertad desde 2007 en el Complejo Penitenciario IV de la ciudad de Ezeiza. Acudió inmediatamente al penal y hasta el día de hoy, a pesar de haberse entrevistado con altos funcionarios, aún no recibió la confirmación oficial de parte de la fuerza de la muerte de su hija. Había estado hablando con ella horas antes de su deceso, “ella murió el domingo 23”, relata. “Nuestra última comunicación fue esa misma madrugada. Como siempre, hablamos de cómo estaba, de nuestras cosas y muchas pavadas como para sacarla del lugar de encierro. Ella estaba bien y hasta planeamos hablar por teléfono el 24 a las 12 de la noche por la navidad. Iba a ser la madrina de mi nieta por lo que estaba muy contenta”.

Cuenta Alfredo que cuando llegó a Ezeiza a averiguar qué había pasado con su hija, los agentes estuvieron más de una hora para darle algún tipo de información. “En un momento empecé a decir que yo de acá no me iba sin hablar con el director del Servicio Penitenciario Federal. A la media hora, aparece un oficial con una veintena de policías custodiándolo y le digo que necesito que me de explicaciones por lo que le pasó a mi hija, pero lo cierto es que me trataron como un delincuente cuando quienes tenían y tienen que dar explicaciones son ellos”. Ese funcionario le dijo que se tenía que dirigir al juzgado, “no tuvo el valor de decirme nada a pesar de que es su deber informar sobre la integridad de las personas que tiene a su guarda en un penal”. Y sigue relatando: “En ese momento escucho un revuelo y veo que sacan a una piba en ambulancia. Yo de esto no sabía nada, era mi hija. Y me fui sin una respuesta”.

A todo esto, Alfredo apenas sabía que su hija había fallecido y ya comenzaban a maltratarlo y a violentarlo desde las instituciones. Cuando fue a buscar el cuerpo de la China a la morgue judicial “quisieron que firme el suicidio”. “Me dijeron que se había ahorcado con un cordón de zapatillas a lo que respondí que era imposible ya que la China pesaba más de 80 kilos y tenia golpes en el torso”.  Alfredo exige que los poderes actúen en forma imparcial y cumplan con sus funciones en la investigación de las circunstancias que llevaron a la muerte de su hija. Cuenta que hubo irregularidades, que no se respetó la escena del suceso y que hubo encubrimiento y abandono de persona. “Mi hija apreció bañada, cambiada y arriba de la cama”, contó.

Verificar la tortura

En septiembre pasado el jefe del Complejo Penitenciario Federal IV de mujeres de Ezeiza, prefecto Juan Montenegro, fue desplazado de su cargo y pasado a disponibilidad por maltratos, a partir de un informe de la Comisión de Coordinación y Seguimiento de Control Judicial de Unidades Carcelarias. El alejamiento de Montenegro fue dispuesto por el director del Servicio Penitenciario Federal (SPF), Alejandro Marambio, tras recibir el informe sobre la visita al penal que realizaran un grupo de jueces, encabezados por el presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, Gustavo Hornos, indicándose que durante la visita “se constataron rastros de maltrato en al menos dos internas materializados en golpes, suministro excesivo de fármacos psiquiátricos y aislamientos en celdas individuales”.

El secuestro y la búsqueda de lo que llamamos justicia

Como Alfredo Cuellar se negó a aceptar la autopsia que consideraba la muerte de su hija como un suicidio, ha sido amenazado de muerte en reiteradas ocasiones. En mayo fue secuestrado en la zona de Parque Patricios por cuatro sujetos que lo introdujeron a un auto y le proporcionaron golpes a la altura de los riñones -lo cual le ocasionó escoriaciones en los vasos- y lo amenazaron con tirarlo al riachuelo y hacerlo desaparecer y torturar a sus hijos e hijas si no se dejaba de joder con el asunto de la China. Después de varias horas fue liberado en Puente 12 y Camino de Cintura.

Entre 2009 y 2012 fueron halladas sin vida nueve mujeres en el Complejo penitenciario IV de la ciudad de Ezeiza. Es la cantidad total de las muertes de mujeres en prisiones federales de todo el país. Seis de ellas fueron “colgadas”, dos asfixiadas y de una no se conocen detalles de su muerte. Porque de ellas poco se sabe y por ellas pocos reclaman. Ninguno de los fallecimientos fue esclarecida. Alfredo sospecha que a su hija la golpearon y dejaron agonizar agentes del servicio penitenciario. Luego intentaron disfrazar la situación como un suicidio.

Cumplir una pena no tiene nada que ver con perder la vida y los asesinatos, las torturas y los malos tratos en los penales también constituyen terribles violaciones a los derechos humanos, ejercicios brutales de la violencia de las instituciones y el abuso de poder por parte de sus funcionarios/as para mantener bajo control un orden legitimado socialmente.

El próximo 31 de octubre a las 17 se realizará una convocatoria en Plaza Once para luego marchar e interpelar la sede central del Servicio Penitenciario Federal. Alfredo busca justicia por su hija, pero está acompañado de muchas personas, familiares, amigos de víctimas de la violencia institucional y los abusos de poder.  “Las pibas que mueren en las cárceles son las que luchan, son las que protestan, son las que constantemente están reclamando por sus derechos. Las eliminan porque es una forma de reafirmar quienes son los que mandan. Y esto también es represión en democracia”, afirmó.