Siguen disparando contra la prensa

Por Tomas Eliaschev* – @TomasEliaschev / Foto: La Izquierda Diario

Apenas asumió el nuevo gobierno el jefe de gabinete Marcos Peña dijo que se había terminado “la guerra del Estado contra el periodismo”. Pero lo que empezó fue una guerra contra los trabajadores de prensa, asediados por despidos, balazos de goma y las detenciones arbitrarias.

El mismo día que se cumplía un nuevo aniversario del asesinato del fotógrafo José Luis Cabezas, el jueves 25 de enero pasado, un policía de civil realizó un seguimiento a un equipo de periodistas de la agencia Télam que venían de cubrir una marcha del movimiento Barrios de Pie. Cuando volvían hacía la agencia en un auto ploteado con el logo de la empresa notaron que los seguían en otro vehículo. El perseguidor, que estaba de civil, se puso a la par. La persona que conducía el auto se presentó como policía y les preguntó si eran de Barrios de Pie.

Al día siguiente se dieron a conocer los procesamientos de 40 personas, entre ellas el de la periodista Estefanía Cámera Da Boa Morte, integrante de FM Mundo Sur y de Mundo Villa. El 14 de diciembre último se encontraba filmando la represión contra manifestantes que repudiaban la ley de Reforma Previsional, cerca del Congreso. Sin que mediara ninguna otra razón, fue detenida por la gendarmería, que la tuvo encerrada 24 horas. A pesar de que no cuenta con ninguna prueba el juez Claudio Bonadio acaba de procesarla por “intimidación pública y resistencia a la autoridad”.

A fin de año pasado se realizó un camarazo con la consigna “no disparen contra la prensa”. Al cierre de medios y a la pérdida de no menos de 3000 puestos de trabajo se le suma una ola de violencia policial y judicial contra la prensa. El año pasado dejó un tendal de agresiones policiales contra la prensa: al menos 37 fotógrafos, camarógrafos y periodistas heridos con balas de goma, mientras que 13 sufrieron detenciones arbitrarias. Golpes, amenazas y gases completan el panorama sombrío que padeció la prensa en 2017. Es el Protocolo en acción. Sin embargo, casi no se habla de esta realidad y las autoridades no parecen muy preocupadas por las denuncias. Desde las redacciones, se comienza a romper el cerco.

Veamos por ejemplo qué pasó con el caso de Télam. En un principio, los directivos optaron por el silencio. Al día siguiente, los trabajadores convocaron a una conferencia de prensa en la sede de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, con la presencia del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), Barrios de Pie, la Correpi, el Cels y la adhesion de varias decenas de organizaciones.

Ante la difusión del caso, se hizo presente en Télam el subsecretario de Vinculación Ciudadana con la Seguridad del Ministerio de Seguridad de la Ciudad, Juan Pablo Arenaza. Ya era imposible obviar el incidente, por lo que la gerencia periodística autorizó a que un redactor escribiera un cable.

Según podemos saber gracias a la denuncia de la Comisión Gremial Interna, en la versión que salió por el servicio de la agencia pública se mutilaron las palabras del delegado Esteban Giachero. También fue cercenada la voz de Daniel Menéndez, dirigente de Barrios de Pie.

“El hecho es grave, se trate de un seguimiento con un móvil policial no identificado a periodistas o a compañeros en lucha”, fueron las palabras de Giachero que la gerencia censuró.

“Entendemos que hay una escalada represiva en el borde del estado de derecho y que estamos frente a un hecho ilegal y torpe. Llamamos a los funcionarios de los gobiernos nacional y de la ciudad a que cesen estas prácticas que, lejos de resolver la conflictividad social, la van agravar”, fueron los dichos de Menéndez que los directivos de la agencia no toleraron ver publicadas.

Es un ejemplo claro de la disputa entre trabajadores que defienden la libertad de expresión y funcionarios que se aferran a un concepto gubernamental de medios públicos que nada tiene que ver con el pluralismo. Nótese este detalle: el cable original del redactor estaba titulado de forma ecuánime. “SiPreBa denunció ´seguimiento´ y el gobierno porteño atribuyó el hecho a una ´confusión’”. El cable publicado por el gerente periodístico tenía un título que desmentía algo que nunca había sido informado por la agencia: “El gobierno porteño aseguró que no hizo seguimiento a periodistas de Télam”.

“Lecciones prácticas sobre la pluralidad de voces”, resumieron irónicamente desde la comisión interna al difundir este hecho de censura. No es la primera vez que trabajadores de prensa en lucha le enseñan periodismo a gerentes, carneros y escribas del poder, como por ejemplo han hecho desde la comisión interna de Clarín en oportunidad de los conflictos de AGR y en el juicio a la interna de Perfil.

La disputa de los trabajadores de Télam no sucede en cualquier contexto: el pasado martes 23 de enero un multitudinario abrazo a la TV Pública se plantó contra el ajuste y el vaciamiento, en defensa del noticiero. Allí, quedó planteada la importancia del trabajo periodístico. “Nos duele lo que pasa con los medios. Nosotras gracias a los medios pudimos difundir el horror que se vivía en la Argentina”, dijo la madre de Plaza de Mayo Nora Cortiñas, solidarizándose con los trabajadores de canal 7, radio Nacional y la agencia Télam. La lucha en defensa de los puestos de trabajo es en el fondo una pelea por defender la libertad de expresión del pueblo.

*Secretario de Derechos Humanos del Sindicato de Prensa de Buenos Aires 

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