Sin #AbortoLegal no hay #NiUnaMenos

Por Celeste Mac Dougall* / Foto: Veinticuatrotres

El aborto inseguro provoca la misma cifra de muertes que los femicidios. Invisibilizado como problemática, la criminalización es una forma más de violencia hacia las mujeres. En el día internacional de lucha contra las violencias, el reclamo de reconocimiento histórico de un derecho omitido por Estados y gobiernos.

El 25 de noviembre es el día global de lucha contra las violencias machistas, vengan éstas de los varones en ejercicio abusivo de su poder y privilegios sociales o bien producto de las acciones u omisiones de las corporaciones e instituciones políticas y sindicales.

Entre estas violencias se encuentra la omisión del Estado de legislar sobre la demanda de mayor consenso dentro del movimiento de mujeres y feminista: el reconocimiento del derecho al aborto libre, legal, seguro y gratuito. Omisión que además convierte en responsables a las los funcionarios públicos por las maternidades forzadas, las muertes y las presas que genera el actual status legal de la interrupción voluntaria de los embarazos.

En un contexto de persecución y criminalización a jóvenes como “Belén” en Tucumán y de incumplimiento o la inexistencia de Protocolos de Atención de las Interrupciones Legales del Embarazo que provocan vulneraciones de derechos como los de “Juana” en Salta, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, una vez más levantará su bandera y grito en un día clave de la agenda feminista.

Ni todas las mujeres ni todas las violencias

El plan de acción para la eliminación y erradicación de la violencia hacia las mujeres presentado en junio pasado por el Consejo Nacional de las Mujeres (CNM) sostiene en el artículo 4 que “se entiende por violencia contra las mujeres toda conducta, acción u omisión, que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal. Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus agentes”.

En esa letra y teniendo en cuenta las características de las violencias hacia las mujeres y, como define el citado plan a la violencia sexual, “cualquier acción que implique la vulneración en todas sus formas del derecho de la mujer de decidir voluntariamente acerca de su vida sexual y reproductiva”, decimos que es el Estado el primer violador de los derechos de las mujeres al negar sistemáticamente, inclusive, a través de declaraciones públicas de parte del Presidente de la Nación, Mauricio Macri, el derecho al aborto. Enmarcada esta violencia como una de sus modalidades, establecida en el artículo 6 de la Ley 26.485 de Protección Integral hacia las Mujeres, de violencia contra la libertad reproductiva.

Según la encuesta de salud sexual y reproductiva de 2013, el 24% de las mujeres manifestaron que no querían o hubiesen esperado para embarazarse en relación a su último hijo o hija. El plan sostiene que se estima que el peso proporcional de las muertes por abortos inseguros está relacionado al alto porcentaje de embarazos no deseados y a las barreras en el acceso a métodos anticonceptivos, factores que atentan contra la libertad reproductiva de las mujeres y que condicionan su autonomía.

Lo que decimos es que el peso proporcional de las muertes por aborto inseguro están relacionadas con las condiciones de ilegalidad y clandestinidad, y que esas condiciones de clandestinidad e ilegalidad son perpetuadas por un Estado ausente y que, sistemáticamente, se niega a debatir y sancionar a través de la responsabilidad que le cabe a sus poderes, sobre todo al Legislativo, la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo presentada por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

Sin #AbortoLegal no hay #NiUnaMenos

Quien atenta contra la libertad reproductiva es el propio Estado porque no hay eliminación y erradicación de las violencias hacia las mujeres posible si no hay aborto legal, seguro y gratuito. El mismo Estado que pone trabas dilaciones, veta protocolos de atención y aprueba protocolos regresivos en relación a los abortos que ya son legales en el país. Como hizo recientemente la gobernadora de la provincia de Buenos Aires María Eugenia Vidal al dejar sin efecto el protocolo de atención de interrupciones legales de embarazos.

Es significativo también que las muertes de mujeres por abortos y complicaciones relacionadas con la gestación son alrededor de 300 por año (casi el mismo número que los femicidio), y sin embargo las denuncias sobre violencia contra la libertad reproductiva es solamente el 0,08% (mientras que la doméstica es el 98,4%).

Si se calculan 500.000 abortos (clandestinos) por año; la no identificación por parte de las mujeres de esos abortos como violencia de género hace que en las estadísticas sobre denuncias no figuren. Y por lo tanto que no sea identificado como “problemática” de violencia hacia las mujeres.

El derecho al aborto, negado por el Estado. Invisibilizada la ilegalidad y la clandestinidad como violencia hacia las mujeres. Con un jefe de Estado Vaticano que “perdona” a quien aborta, situando a la libre decisión sobre el propio cuerpo en el lugar de la culpa y el pecado; decimos que la erradicación de la violencia hacia las mujeres no es posible sin #Aborto Legal. Por eso una vez más este 25 de Noviembre gritamos que el Aborto ilegal es violencia hacia las mujeres es violencia estatal.

 

*activista de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito