“Sin Monotributo Social Agropecuario miles de familias pierden el acceso a derechos elementales”

Por Manuel López Mateo  Foto: UTT

Organizaciones campesinas, indígenas, de pequeños productores y de la agricultura familiar rechazan la eliminación del Monotributo Social Agropecuario. La medida pone en peligro el acceso a derechos que les permiten tener obra social,  aportes jubilatorios y darle un marco regulatorio a su actividad. Para el 26 de julio convocan a una gran movilización nacional hasta el Ministerio de Agroindustria de la Nación.

La resolución del Ministerio de Agroindustria de la Nación Publicada en el Boletín Oficial del 3 de julio, anuncia la baja del Monotributo Social Agropecuario para el próximo año. Gracias a este beneficio, cincuenta mil personas, agricultores pobres, disponen de cobertura médica y  esperaban acceder algún día al derecho a una jubilación.

Desde 2019 las y los agricultores familiares que están inscriptos en el Monotributo Social Agropecuario deberá familiar deberá pagar el 25%, porción que actualmente cubre el Estado, por la gran vulnerabilidad del sector. Esto implica al día de hoy unos $268 al que debe sumarse, además una proporción de la obra social por los beneficiarios adherentes, lo que en promedio se estima en unos $1500 por grupo familiar.

En la resolución además se establece que los/as actuales agricultores/as y campesinos/as se deben re-empadronar antes del 10 de agosto para conservar, lo que denominan “beneficio” hasta fin de año. Un trámite formal, que requiere que las y  los trabajadores dejen de trabajar para presentarse en el Ministerio y atiendan los tiempos de la burocracia, a la vez que los vuelve a someter a un mecanismo minucioso de control estatal.

Historica conquista

El Monotributo Social Agropecuario se implementó en el año 2009 para proteger a los/as trabajadores/as de la tierra que producen hortalizas, frutas, carne, miel y artesanías para consumo local. Representa la mayor política de inclusión para un sector que históricamente vive vulnerado y excluido de la formalidad económica.

No solo se trata de la posibilidad de un marco regulatorio básico y mínimas condiciones dignas de trabajo. También es una herramienta que les permite emitir facturas para ser proveedores del estado, entre otros. De este modo pueden vender sus productos directamente a instituciones, como por ejemplo para los comedores escolares.

La eliminación de esta categoría del Monotributo Social afecta directamente a pequeños/as productores/as y agricultores/as de todo el país que viven con lo justo. Muchas  de las familias que trabajan la tierra son inmigrantes, descendientes de inmigrantes o pertenecen a comunidades indígenas, otros son agricultores que vienen de otras regiones. Con una economía de subsistencia que viene sufriendo las consecuencias de las condiciones climáticas y las políticas públicas: malas condiciones climáticas,  disminución en las ventas,  aumentos en los costos de insumos,  a precio dólar (semillas, pesticidas, entre otros), de las tarifas eléctricas y del combustible.

Rosalía Pellegrini, referente de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) en el Cinturón Hortícola de La Plata, explicó que el Ministerio de Agroindustria viene faltando a la ley porque niega el acceso a este derecho y agregó que hace más de un año que se ha congelado la inscripción al Monotributo Social Agropecuario ya que no permiten el acceso a nuevos beneficiarios, ni tampoco a familiares de los inscriptos. Esto muestra una situación que se viene agravando para un sector muy vulnerable, desprotegido y al que le impiden el acceso a derechos mínimos.

Desde la UTT ya han presentado Recursos de Amparo en la Justicia Federal en el fuero Contencioso Administrativo para que se reabran las inscripciones. Además presentarán  medidas cautelares para que el Estado no les niegue sus derechos sociales.

Comunicado

A través de un comunicado las organizaciones indigenas, campesinas, de pequeños productores y de la agricultura familiar de toda la Argentina rechazron de conjunto la decisión del Ministerio de Agroindustria de Nación de dar de baja al Monotributo Social Agropecuario (MSA). Un documento firmado por las organizaciones y movimientos campesinos como el Movimiento Nacional Campesino e Indígena (MNCI), la Asamblea Campesina Indígena del Norte Argentino (ACINA), la Asociación de Mujeres Rurales Argentinas Federales (AMRAF), la Federación Nacional Campesina (FNC) y la Federación Agraria Argentina (FAA), entre otros.

Tal como expresan en el comunicado para el proximo 26 de julio anuncian una gran movilización nacional hacia el Ministerio de Agroindustria de la Nación en la ciudad de Buenos Aires.

Estas organizaciones y movimientos que representan a las y los pequeños productores rurales, de distintas regiones, con economías familiares y de subsistencia,  vienen organizándose hace décadas para luchar por el acceso a los derechos elementales que les den amparo. Organizaciones que luchan por el acceso a la tierra, que les es negado, mientras producen gran parte de lo que consumimos.

“Somos el sector responsable de la más de la mitad de los alimentos que se consumen localmente y, según FAO, un actor clave para combatir la malnutrición y la pobreza rural. Son más de 50 mil familias que pierden el derecho de regularizar su trabajo y son más de 100 mil personas que pierden el derecho de acceder a la salud. Y es toda la población argentina que verá perjudicada su posibilidad de acceder a alimentos producidos en suelo argentino” expresan en el comunicado.

Tal como expresabamos desde el inicio de la gestión Cambiemos se presentaron graves dificultades para el sector de las agriculturas familiares.  Las y los pequeños productores hortícolas, florícolas, chancheros, tamberos y trabajadores de la tierra,  se hallaban  desde el minuto cero de la actual gestión, en graves dificultades por la aplicación de las nuevas políticas económicas que produjeron un fuerte aumento de los insumos dejando al borde de la miseria a las y los productores.

Sin embargo, lejos de resignarse las y los trabajadores de la tierra, productores rurales, campesinos e indígenas, tal como lo vienen haciendo, continúan organizándose para enfrentar al poder de un estado que hoy representa a las corporaciones. Encarecer los insumos, desproteger a las y los más vulnerables, quitarles derechos, parecen estrategias deliberadas para la concentración de la tierra en pocas manos. Lejos de amedrentar a las y los trabajadores de la tierra los ha decidido a organizarse para visibilizar, una vez más,  su lucha con una gran marcha nacional.