Sistema de Identificación Biométrica, un Estado con permiso para espiar Sistema de Identificación Biométrica, un Estado con permiso para espiar
Está bajo la responsabilidad del polémico Eugenio Burzaco Sistema de Identificación Biométrica, un Estado con permiso para espiar

Por Vivian Palmbaum / @vivi_pal

El 7 de abril el Poder Ejecutivo Nacional emitió el Decreto N° 243/2017 que regula el programa de seguridad interior SIBIOS, y centraliza su manejo en la Secretaría de Seguridad, a cargo de Eugenio Burzaco, que depende el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación.

Este decreto se emite un día después que la Confederación General del Trabajo (CGT) realizara el masivo primer paro general de trabajadores y trabajadoras contra la gestión de gobierno Cambiemos. Uno intento más por amedrentar la protesta social.

Decretos

El 7 de noviembre de 2011, con el Decreto N° 1766/2011 se creó el Sistema Federal de Identificación Biométrica para la Seguridad (SIBIOS), firmado por Fernandez de Kirchner, Anibal Fernandez, Florencio Randazzo y Nilda Garré. Tal como allí se expresa su objeto es prestar un servicio centralizado de información respecto de los registros patronímicos y biológicos individuales, a los fines de contribuir a la comprobación idónea y oportuna en materia de identificación de personas y rastros, en procura de optimizar la investigación científica de delitos y el apoyo a la función preventiva de seguridad. Con información que proviene de distintas dependencias públicas que manejan la información sobre la identificación de las personas y al que pueden acceder distintos usuarios del sistema SIBIOS: Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Registro Nacional de las Personas, Dirección Nacional de Migraciones.

En el Art. 5º se establecía que el Sistema Federal de Identificación Biométrica para la Seguridad (SIBIOS) contará con una Unidad de Coordinación que funcionaría en el Ministerio de Seguridad e integrado por representantes del ministerio, del RENAPER y de la Dirección Nacional de Migraciones, contando con el asesoramiento de especialistas de la policía científica de la Policía Federal Argentina, la Gendarmería, la Prefectura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Además contaba con el asesoramiento de la Oficina Nacional de Tecnologías de la Información (ONTI).

La suma del poder represivo

El decreto promulgado por la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner fue la puerta de entrada para que en la actualidad se concentre la suma del poder represivo a manos de un funcionario que depende del Poder Ejecutivo Nacional. Eugenio Burzaco, según el Decreto N° 243/2017, es quien concentrará la Unidad de Coordinación y Seguimiento que pasa a depender de la Secretaría de Investigación del Delito Organizado y Complejo de la Secretaría de Seguridad del Ministerio de Seguridad, contando con el asesoramiento de especialistas de: RENAPER, Dirección Nacional de Migraciones, de las áreas de policía científica de la Policía Federal Argentina, Gendarmería, Prefectura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

Entonces donde había un consejo colegiado para la aplicación de una norma, ahora hay un Secretario de Seguridad que aplicará la norma con asesoramiento de las fuerzas. Un decreto que ponía un delgadísimo límite en relación a la seguridad interior y la intervención de fuerzas de seguridad hoy dio lugar a que se cometan todo tipo de atropellos, como los que ya vienen cometiendo las fuerzas de seguridad contra las protestas y en los barrios con políticas de represión solapada y disfrazada bajo la denominación de excesos. Mujeres embarazadas, jóvenes, docentes, trabajadoras y trabajadores que protestan, son avasallados y lastimados por fuerzas de seguridad que ahora además tendrán un decreto que los ampare. Si además le sumamos que desde el año pasado la Jefatura de Gabinete del Poder Ejecutivo Nacional es quien dispone de la base de datos personales del ANSES y que las políticas represivas tienen por objeto a quienes protestan por el empeoramiento de sus condiciones de vida y la falta de acceso al trabajo, la combinación parece bastante peligrosa para aquellos y aquellas que vienen quedando por fuera de las mínimas condiciones que garanticen una subsistencia digna.

El pasado 6 de abril la figura de Eugenio Burzaco tuvo repercusión mediática por ordenar, con un gesto decidido, la represión contra trabajadores y trabajadoras que estaban manifestándose el día del Paro General, en Panamericana y Ruta 197. Una escena muy bien tomada por las cámaras de televisión. No parece ninguna casualidad que al día siguiente fuera oficialmente designado para el manejo centralizado de los datos biométricos de todos los habitantes de nuestro país.

Tal como nos viene mostrando la gestión Cambiemos, las puestas en escena parecen su fuerte: Macri viajando en colectivo, inaugurando viviendas terminadas en la gestión anterior, reinaugurando en Cresta Roja a los pocos días de reprimir a sus trabajadores (apenas comenzada su gestión). Una cantidad de escenas mediáticas que no tienen otra realidad que el escenario montado y creado para producir efectos en las y los espectadores, a la vez que la clase de aplaudidores, que se hacen llamar periodistas, intentan crear confusión con la finalidad de instalar climas de opinión pública, que de otro modo serían insostenibles. Una puesta en escena que acompañan los diarios de mayor circulación, cómplices históricos de los negociados del poder conservador. Luego 20.000 personas que se manifestaron a favor del gobierno, con manifestantes que reivindican el mayor genocidio del siglo XX, y nos quiere hacer creer que es suficiente legitimidad para una democracia con políticas públicas de espaldas a la mayoría de la población, que representan a millones, que empiezan a caer por debajo de la línea de pobreza.

Se crea un clima de enfrentamiento entre las y los habitantes al mismo tiempo que se pregona como el gobierno del diálogo, que impulsa por ejemplo el desfinanciamiento del sistema de educación público y ha operado una de las mayores transferencias de recursos públicos al sector privado junto con un descomunal endeudamiento externo, sin ninguna vergüenza por comprometer el futuro del país. Decretos de regulación de la protesta o de la actividad periodística que cubra la manifestación pública, jactanciosas proclamas de funcionarios públicos y hasta del propio presidente de la Nación, no han sido suficientes para amedrentar a quienes necesitamos políticas públicas que cobijen a los más débiles y vulnerables que cada día sufren más.

El pueblo lucha por lo que considera que son sus derechos inalienables, salud, trabajo, vivienda y educación. Que se le garantice poder comer todos los días, y la realidad muestra a miles, cientos, millones que a lo largo y ancho del país se manifiestan a pesar de cualquier amenaza que intente crear el miedo.

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