Sumario para representantes del Poder Judicial en el caso Atahualpa Sumario para representantes del Poder Judicial en el caso Atahualpa
También se incluye a un ex fiscal jubilado Sumario para representantes del Poder Judicial en el caso Atahualpa

Por Nadia Fink

En Río Negro, el Consejo de la Magistratura inició sumarios a los camaristas penales Carlos Reussi y Daniela Zágari con acusaciones de mal desempeño de sus funciones en la investigación del homicidio de Atahualpa Martínez Vinaya. Por primera vez se incluyó a un ex fiscal, Ricardo Falca, jubilado en la actualidad.

Natalia Faluggi, como representante del Colegio de Abogados, presentó ayer un extenso informe ante el Consejo de la Magistratura de Río Negro por el medio del cual se iniciarán sumarios a Carlos Reussi y Daniela Zágari, quienes en el momento del asesinato de Atahualpa actuaron como juez de instrucción y fiscal respectivamente.

Atahualpa Martínez Vinaya fue asesinado el 15 de junio de 2008. Fue encontrado el 16 en un descampado y con un disparo en la espalda, a 5 kilómetros del lugar donde había estado la noche anterior. Había ido al pub Miloka, en Viedma, junto con un amigo, Juan Pablo Guachinchail, quien fue al baño. Cuando regresó, unos minutos después, Atahualpa ya no estaba. Nadie lo vio salir, cuando se trataba de un pibe de 16 años que medía 1, 80 y pesaba unos 100 kilos. Ni los dos patovicas del boliche, ni los dos policías de la puerta. Tampoco, en todos estos años, pudieron encontrarse testigos que cuenten, que hablen de lo que vieron allí. Por eso la denuncia de la madre, Julieta Vinaya, y de su familia apunta a las complicidades entre la Policía y el Poder Judicial.

A partir de allí, comenzaron las irregularidades. Y eso es lo que plantea el informe de Faluggi, así como lo había detallado la comisión legislativa especial (armada en 2015 a partir de un pedido de la familia) que analizó la investigación: tanto Reussi como Zágari no realizaron las primeras tareas urgentes, como resguardar el cuerpo, cercar el descampado, allanar Miloka, el último lugar en el que había estado Atahualpa.

Por otro lado, la familia venía reclamando desde hace años la pericia genética sobre la campera de jean, que fuera secuestrada en uno de los allanamientos como prueba. La pericia fue realizada en septiembre de 2008, pero recién la incorporaron al expediente en el año 2012. El examen señalaba la presencia de rastros de sangre, compatibles con las del joven asesinado. La campera había sido encontrada en la casa de Felipe Carrasco, uno de los imputados, pero dijo que “pertenecía a Carlos Morales Toledo”, otro de los imputados, quien reconoció la prenda como suya. Tanto ellos dos como Melisa Belén Fernández Barrientos fueron los tres sospechosos absueltos “por falta de pruebas” en 2014. La causa fue elevada al Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, quien decidió anular el fallo de absolución y reabrir la causa.

Este camino imbricado y sinuoso es el que recorre Laura y familiares, amigas y amigos de Atahualpa –siempre junto a otras y otros familiares de víctimas de violencia policial, de injusticia judicial, o como podamos nombrarlo– desde aquel 2008 en el que decidieron no bajar los brazos hasta conseguir Justicia.

Por eso el pedido de sumario aporta un dato importante: se incluyó ex fiscal Ricardo Falca, quien había reemplazado por unos días a la fiscal Zágari por esos días. A pesar de que en la actualidad está jubilado, podría sentar un precedente para quienes pasan a retiro para salvarse de juicios políticos.

Consultada por Marcha, Laura Vinaya, prima de Atahualpa nos contó: “Para nosotros ayer fue una victoria, si bien no está nada definido nada, porque pudimos escuchar de boca de los Consejeros de la Magistratura cosas que venimos diciendo desde hace años. Entonces, que de algún modo se legitime la palabra de una madre que sabe que hicieron las cosas mal y que no le permitieron aún enterrar a su hijo, es un logro”. Pero además, en este camino colectivo que viene tejiendo con familiares de otras víctimas, detalla: “Es también una posibilidad de ser una primera vez para otros: si logramos que haya una sanción para un fiscal jubilado va a ser todo una victoria. Podría ser un puntapié para otros actos de justicia que todavía están pendientes. La idea de ganar entre tanta pérdida son estos pequeños pero grandes logros de las luchas”.

Si bien el informe de la consejera Faluggi tiene carácter preliminar y aún falta la defensa por parte de las y los acusados, se inició ayer una investigación –que tiene como instructor sumariante al legislador Adrián Casadei– que puede llevar al juicio político a la mandataria y los mandatarios.

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