Escrituras en la cárcel, encuentro de saberes

Por Vivian Palmbaum @vivi_pal

El jueves 5 y el viernes 6 de octubre se llevó adelante el IV Encuentro Nacional de Escritura en la Cárcel, que se realizó en el Centro Cultural Paco Urondo, una dependencia de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, con una numerosa cantidad de actividades que reflejaron los trabajos de escrituras diversas, para ponerle palabras y escucharlas de boca de sus protagonistas.  En este encuentro también participaron otros programas como el CUSAM y  colectivos que trabajan con las personas privadas de su libertad y en contextos de encierro.  Un encuentro que mostró la potencialidad de las personas que se encuentran privadas de su libertad, cuando se les brinda esta posibilidad y que contrasta con el discurso punitivista y las políticas de criminalización,  que se intenta instalar en la sociedad.

En la planta baja del Centro Cultural Paco Urondo,  bajo la consigna “Porque tenemos algo para decir”, se llevaron adelante una serie de actividades programadas para este encuentro: talleres, lecturas, muestras, espectáculos, paneles y feria.

El Departamento de Letras y el Programa de Extensión en Cárceles de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, albergó la cuarta edición de este evento anual. Tal como se difunde en la gacetilla de prensa “busca abrir un espacio de reunión y debate sobre la palabra escrita y las lenguas, políticas y acciones que atraviesan el encierro. Su objetivo es compartir saberes y prácticas  vinculadas a la lectura y escritura en cárceles y difundir la producción artística y las distintas formas de organización e intervenciones desde el arte, la cultura y la educación en contextos de encierro”.

Universidad en la cárcel

El Programa de Extensión en Cárceles, de la UBA, busca promover prácticas y acciones de enseñanza, investigación y extensión en contextos de encierro o vinculadas con las problemáticas propias del sistema penal y la cárcel, orientadas a defender los derechos humanos y generar herramientas para la inclusión social de las personas privadas de su libertad ambulatoria y liberadas. Desde allí propone distintos espacios de formación, discusión y acción en penales y centros de régimen cerrado; diseña y lleva adelante proyectos de investigación y extensión; desarrolla seminarios, prácticas y demás instancias de formación docente; promueve articulaciones internas con otros programas y equipos y genera vínculos con áreas estatales, organismos de derechos humanos y organizaciones sociales, para colaborar en la producción de conocimiento sobre el tema, fortalecer los procesos organizativos y participar en la elaboración o implementación de políticas públicas que intervengan sobre la realidad carcelaria.

Otros programas como el CUSAM,  Centro Universitario San Martín  también coordina y organiza un espacio educativo creado por la Universidad de San Martín, que funciona en el interior de la Unidad Penal N° 48 del Servicio Penitenciario Bonaerense, en la Localidad de José León Suárez del Partido de General San Martín (PBA). Desde este programa expresan que  el objetivo principal  es garantizar el derecho a la educación y al mismo tiempo se proponen  en un segundo orden, mitigar  la vulnerabilidad de quienes se encuentran privadxs de su libertad en este contexto de encierro. Al mismo tiempo la UNSAM también articula con organizaciones sociales, escuelas de educación media d ela zona. La particularidad de la carrera de Sociología que se dicta en el penal, es que allí  reúne como estudiantes a presxs junto a integrantes del Servicio Penitenciario.

Los distintos programas universitarios para personas en contexto de encierro reconocen que las personas privadas de su libertad sufren las peores consecuencias de la exclusión social y la violencia. Así también lo consideran esos otros colectivxs que se organizan para trabajar en estos contextos de encierro, tanto de mayores como de menores.   La sociedad, en su conjunto, a través del estado no se hace cargo de esta gran deuda y solo amenaza con intensificar el castigo con mayores penas y con el aparato represivo que hoy está recargado.

Desde el CUSAM, uno de los proyectos que se lleva adelante es el Pabellón Frazada, así lo expresó Marcos, profesor de teatro: “que intenta contener muchas de las actividades artísticas y también alojar recitales de poesía, feria de publicaciones y una de las actividades es pedagógica: talleres artístico tumberos. Además expresó que “se trata de un intercambio de saberes, porque quienes vamos allí a enseñar, tenemos mucho más que aprender”. En el Pabellón se organizan distintos saberes informales, alguno de los cuales se expusieron como formas de calentamiento, sistemas de comunicación y el lenguaje que se hace necesario aprender para  sobrevivir en estos contextos de encierro.  

Testimonio en primera persona

Pólvora, una persona que hace solo dos meses que está en libertad (hoy da clases en escuelas de villa Hidalgo y la Carcova) , luego de 28 años de privación de ella,  dio su testimonio y muy emocionado proclamó: “El que va a la cárcel es el que tiene menos conocimiento, el que no sabe, al que nadie se toma el trabajo de explicarle lo que es bueno para la vida”. Luego continuó: “Nosotros cuando llegamos ahí, al CUSAM, descubrimos algo nuevo, donde pude recibirme y hoy doy clases en varios colegios, con la ayuda de los profesor@s y de mi familia. “Yo estuve 28 años detenido, y ahora me parece que no hubiese estado nunca, al venir acá hablar con ustedes., dar clases en varios colegios y cambiar de vida. Y pienso que es muy bueno”. Luego expresó : “Los profes creyeron en nosotros,  ahora me siento útil, eso lo encontré en la universidad que está acá adentro”. Entre otras cuestiones que le dejó el encierro y el hecho de volver a salir a la calle, destacó que ahora sí puede hablar y que “antes era un antisocial”, contraste que lo lleva a reflexionar sobre lo que le sucedió ante esa situación: “Me di cuenta que yo también soy parte de la sociedad”.  

Feria y exposiciones

Una muestra del material producido en estos contextos,  fue parte de este encuentro. Algunos de los trabajos: banderines y serigrafías, que realizan jóvenes y adolescentes que están en los centros de régimen cerrado de la Ciudad  (el Belgrano, el Roca/Agote y el San Martín) y los CIDAC  que se realizaron en los talleres de artes y oficios.  Las imágenes, palabras y producciones que reflejan el potencial profundo y creativo de lxs pibxs que hacen arte, escriben, leen, dicen, crean y se organizan, tal como se expresa.

En la cárcel de Devoto se dicta un taller de diseño de afiche social que ellos mismos definen como “un espacio de reflexión colectiva que luego se plasma en papel”. Además aclaran que quienes participan  no cuentan con formación previa ni con las herramientas de diseño virtual y que a pesar de la escasez de recursos crean obras de gran expresividad.

Además se expusieron productos de cooperativas y proyectos sociales de liberadxs, mesa de publicaciones, espacio audiovisual.

Estas son algunas de la gran cantidad de actividades,  con  invitades que llegaron de distintos lugares del país, más o menos académicos, testimonios en primera persona de presas y presos, familiares y trabajadores,   que expresan en común que cuando se brindan más y mejores oportunidades a aquellxs que no tienen posibilidades,  aparece un potencial y la ocasión de transformación. Unas experiencias que contradicen las políticas punitivistas y de criminalización de las y los más vulnerables. La escritura de lo real, un encuentro de otras y otros,  como posibilidad de transformación.

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Existe en el imaginario colectivo una especie de mantra que consiste en asumir que ante la violencia propia de los delitos es decisivo la aplicación de penas más duras para evitarla. Bajo este poderoso influjo y un hecho de sangre a comienzos de este año en el barrio de Flores que sirvió de espoleta, el gobierno nacional avanza en la reforma al Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil que incluye —entre otros puntos— bajar la edad de imputabilidad penal. Tal cual el modelo español y chileno, según afirma el Ministro de Justicia, Germán Garavano, se pretende reducir la edad de imputabilidad penal de los dieciséis años a los catorce. Si bien el propio Ministro se apuró en mencionar que el objetivo de la reforma es más amplio, que apunta a reforzar mecanismos preventivos y establecer medidas de carácter socioeducativo, todo ello solo sirve para enmascarar una política criminal de corte regresivo sobre el colectivo de la infancia.

Considerando que se trata de una reforma impulsada llamativamente en un año electoral, bajo un halo de reserva y desoyendo voces de quienes advierten sobre la peligrosidad del proyecto, no resulta una tarea simple investigar sobre la racionalidad interna del proyecto. Se puede presumir que las justificaciones serán las mismas y falaces argumentaciones que se dan siempre en estos tipos de casos: la necesidad de adaptarse a los nuevos tiempos, los cambios de valoraciones en la sociedad, la necesidad de proteger la vida y la seguridad de los buenos ciudadanos, recuperar la confianza en la administración de justicia y demás ideas similares.

Frente a ello, es necesario preguntarse: ¿existe un aumento de la criminalidad por parte de los jóvenes que justifique una expansión de tan largo alcance? ¿Realmente podemos hablar de un problema grave? ¿Se puede remediar la sintomatología que evidencia el cuerpo social con más cárcel? ¿Cuáles son realmente las razones que justifican una expansión del derecho penal sobre una franja de edad particularmente tan sensible?

Si se observan las estadísticas que brinda el propio Ministerio Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, no parecen existir razones que justifiquen una reforma de estas dimensiones. En el siguiente cuadro se exponen las cifras de las investigaciones penales abiertas menores de edad a consecuencia de outputs lesivos a terceros desde 2012 a 2015. Aún no se encuentra disponible las cifras correspondientes al año 2016. Según estos datos, producidos en el distrito más numeroso y con una mayor conflictividad, las cifras se han mantenido estable y sin variaciones significativas que permitan justificar de manera racional una ampliación del sistema penal sobre franjas etarias de jóvenes menores a los dieciséis años.

Año

Numero de Investigaciones abiertas

2012

29.550

2013

28.892

2014

29.155

2015

26.798

Cabe apuntar también que, de la constelación de causas, en las cuales resulten acusados menores de edad, y tomando como base el año 2015, se observa claramente que los delitos que podríamos considerar más graves ocupan una franja minoritaria del total de las causas. Por ejemplo, los delitos contra la vida representan solo un 1.1 % de la totalidad de casos. No se trata de contar vidas humanas, pero en última instancia debemos dimensionar el problema como elemento para configurar una política criminal menos frívola que la propuesta por el gobierno nacional.

Los datos aportados por el Ministerio Público Fiscal muestran que los jóvenes suelen cometer delitos de escasa entidad y que tienen que ver, en muchos casos, con hechos que podríamos calificar de hechos propios de la edad. Los delitos que con mayor reiteración aparecen en los expedientes judiciales son básicamente ataques contra la propiedad (38%), lesiones leves (13%), amenazas (8%), tenencias de estupefacientes (6%) y daño (5%). Además de ello, la experiencia demuestra que la mayoría de los delitos son cometidos dentro del mismo barrio o entorno en los cuales los pibes viven o estudian. La misma tipología delictual muestran las conclusiones de los relevamientos de Unicef. Distintos informes afirman que los delitos contra la propiedad constituyen el grupo con mayor prevalencia, representando más de la mitad de los ilícitos imputados. Entre estos, el robo calificado (generalmente mediante el uso de arma) es el tipo de hecho que se encuentra con más frecuencia.

Las cifras mencionadas refieren a todos los menores de edad, incluyendo a pibes de entre catorce y dieciséis años, a los cuales la reforma planea incorporar como futuros sujetos imputables. Vale remarcar que estas estadísticas muestran una magnitud sobredimensionada del fenómeno, ya que atiende al solo dato objetivo de la apertura de una causa penal e indica únicamente que un menor de edad se halla bajo investigación, solo eso, sin significar que efectivamente fueron autores o partícipes. El 70 % de estas causas culminan con cierres por sobreseimiento. Es decir, concluyen en archivos por inexistencia de elementos que permitan fundar una acusación, y sobreseimientos por menor cuantía del delito o en cambio de figuras legales graves por otras de menor entidad. Justamente, es importante saber que las calificaciones legales son siempre provisorias. La práctica cotidiana del fuero de Responsabilidad Penal Juvenil demuestra que muchas de estas imputaciones, especialmente cuando resulta difusa la figura legal a aplicar, en el “juego” de encuadres, los fiscales prefieren la estrategia de acusar por las figuras legales más graves y luego, ya durante el transcurso de la investigación y ante la aparición de nuevos elementos de investigación, optar por figuras legales menos graves.

Entonces, sin ánimo de descreer de datos fiables y reconociendo la existencia de un núcleo duro de delitos —reducido, pero existente— podemos reconocer igualmente que el proyecto de reforma no encuentra anclajes firmes en el plano fáctico.

Ahora bien, para aquella proporción ¿puede una reforma de esta naturaleza reducir los hechos lesivos a terceros? Como es sabido, el rendimiento de la legislación penal en materia preventiva, ya sea general o especial, suele ser bastante escaso. En términos de libertad, una ley de este tipo da más pérdidas que ganancias. Está claro que la reforma está dirigida a criminalizar a los pibes pertenecientes a los sectores más vulnerables de la población. La particular manera de entender el fenómeno que se tiene por parte de los impulsores de la reforma resulta de un anacronismo alarmante y reveladora de una política criminal de bajo vuelo.

La falsa imagen que se construye desde los medios de comunicación poniendo al derecho penal como remedio “sanalotodo”, la percepción del ciudadano que la inseguridad consiste en “me va a ocurrir a mí”, y el oportunismo de la clase dirigente, que no cesa en construir enemigos, nos pone sobre una pendiente resbaladiza que lleva a modelos legislativos que admiten límites mínimos escalofriantes. Dicho de un modo radical, el fondo de la pendiente puede ser la Crime Disorder Act inglesa (1998), la cual a partir del caso Bulger declara imputables a los menores desde los 10 años de edad o la Juvenile Justice and Delinquency Act norteamericana (1973), que no fija un mínimo de edad y por lo tanto cualquier sujeto dependiendo solo de las características del delito puede ser imputado penalmente. En la adulterada imagen que proyecta esta perversa matriz se vuelven ciertas las lacerantes reflexiones de T. Adorno, quien afirmaba que “cuanto más obtusa y complicada se torna la vida moderna, mayor es la propensión de las personas a apegarse a clichés que parecen conllevar un cierto orden en lo que de otra forma sería incomprensible”. Los medios de comunicación son en gran medida fuente de reproducción y producción de estos tópicos. Así se puede comprender como la ciudadanía identifica el problema como inseguridad y la solución es siempre la clase política (oportunista) garantizadora de una legislación penal más expansiva y como único remedio para conjurar peligros.

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