En Tigre toda represión es política

Por Gonzalo Reartes

El viernes 21 de octubre movimientos sociales, organizaciones sindicales, vecinas y vecinos se concentraron en las cercanías de la estación ferroviaria de Tigre para movilizarse hasta la Municipalidad. El objetivo: denunciar los casos de violencia institucional y abuso de autoridad protagonizados por el Centro de Operaciones Tigre (COT), la policía municipal controlada por el gobierno massista de Julio Zamora, así como también aquellos cometidos por la policía bonaerense que responde a la macrista María Eugenia Vidal.

Si esta cárcel sigue así…

La concentración fue impulsada por uno de los tantos hechos denunciados por los vecinos con relación a estos temas: el pasado 14 de octubre se difundió el video de la brutal agresión por parte de un oficial del COT a un repartidor de harina en Benavídez. Las imágenes despertaron una indignación masiva y se viralizaron en las redes sociales. Al poco tiempo, gracias a  la Coordinadora contra la represión policial e institucional (CORREPI), se conoció la identidad del violento oficial: Héctor Eusebio Sosa, un ex cabo 1° de la Policía Bonaerense, responsable del asesinato de tres jóvenes entre los años 1999 y 2006 en casos de gatillo fácil.

En el texto que difundió CORREPI, se puede ver qué se esconde tras la figura del ex cabo Sosa. En 1999, en San Fernando, ejecutó a dos pibes que se hallaban desarmados y pidiendo que no disparara. Uno de ellos, Víctor “El Frente” Vital, de 17 años, recibió cuatro balazos y falleció; el otro chico, de 15 años, recibió un tiro en la cabeza, lo dieron por muerto, lo arrastraron, pero no murió. “En 2001, una semana antes del juicio oral, el fiscal y la defensa hicieron un acuerdo de juicio abreviado por homicidio ‘en exceso de la legítima defensa’. El Tribunal 1 de San Isidro admitió el trámite abreviado, pero prefirió absolver a Sosa. CORREPI interpuso recurso de casación, y logramos anular ese fallo, pero el nuevo juicio, ante el Tribunal Criminal nº 3, terminó con una escandalosa nueva absolución”. En 2006, mató a Jonathan Lorenzo, de 19 años, y a Jorge Andrés Martínez, de 24. Al primero, de tres disparos en la espalda y al segundo, de otros tres en la espalda y uno en la nuca. “Sosa nunca fue apartado de la fuerza, y el 2 de diciembre de 2002 lo ascendieron a sargento, antes incluso de que se realizara el juicio oral”.

Los abusos del COT son cosa de todos los días, en complicidad y conjunto con la bonaerense. No son sino parte de algo que se repite en varios municipios de la provincia de Buenos Aires: hombres y mujeres vestidos de azul, más interesados en echar a una madre que está amamantando a su bebé en una plaza (como ocurrió en San Isidro) o en pedir documentos a cuatro o cinco pibes que están tomando una cerveza en la esquina, mientras el poder político avala la especulación y los mega emprendimientos inmobiliarios y no mueve ni un dedo para combatir el narcotráfico. El narcotráfico de verdad, no los soldaditos del barrio que venden marihuana prensada de 25 gramos por 300 pesos. Porque esos pibes, ¿de dónde sacan las astillas? Este caso no hace más que reafirmar que la fuerza creada por Sergio Massa, nutrida por hombres con el prontuario de Sosa, acumula casos de abusos, persecución y represión al por mayor.

El video en cuestión muestra cómo agentes del COT y personal de la policía bonaerense retienen a una persona con sangre en su rostro. El hecho sucedió el día jueves 13 de octubre, cuando el conductor agredido, José Ojeda, le había pedido a los agentes del móvil del COT, que habían detenido su marcha en una estación de servicio ubicada en Ruta 27 y Ruta 9, en Benavídez, que corrieran su vehículo para poder cargar y descargar mercadería. En las imágenes del video también se muestra cómo un agente intenta intimidar a quien se encontraba filmando la escena, tratando de imperdírselo.

Temerosos políticos

Parece que fue hace muchísimo tiempo. Allá por abril de 2015, el Frente Renovador, de la mano del ex intendente de San Miguel y actual funcionario provincial del PRO (ministro de Producción bonaerense), Joaquín de la Torre, criticaba las políticas públicas contra la inseguridad impulsadas por el gobernador bonaerense, Daniel Scioli, y señalaba que desde el ejecutivo provincial se ideaban “parches” en vez de “un plan serio”, en relación con la creación de la policía municipal.

En ese mismo abril de 2015, el intendente de Tigre, Julio Zamora, afirmaba: “Estamos contentos de que se haya dado inicio a la Policía local. Tigre tiene desde el 2007 un compromiso muy fuerte con la policía (…) nosotros hemos ofrecido reparos, diciendo que la policía local tendría que ser dependiente del ejecutivo municipal”. Cabe recordar que el COT se inauguró el 1 de marzo de 2008 para “monitorear el sistema de cámaras en la vía pública, así como el reforzar el patrullaje preventivo tanto de móviles de fuerza de seguridad como las unidades de apoyo municipal”.

Un común va a pestañear

En Patas Arriba, Eduardo Galeano nos dice: “En un mundo que prefiere la seguridad a la justicia, hay cada vez más gente que aplaude el sacrificio de la justicia en los altares de la seguridad”. Según cifras de CORREPI, entre 1996 y 2009, unas 2.826 personas fueron asesinadas por el aparato represivo del Estado. Si se confunde seguridad con más mano dura o con matar al ladrón desarmado por la espalda, nunca se logrará que el perro deje de morderse la cola. Es así que no será posible que se pueda salir de este círculo vicioso que se autoalimenta constantemente desde los medios masivos de comunicación, que promueven la violencia. Este círculo que no enfoca sus energías en los verdaderos responsables, aquellos que nunca muestran su cara. Por citar a un reciente ganador del premio nobel de la literatura acerca de la violencia institucional: “El rostro del verdugo/ siempre está bien escondido”.

Lo cierto es que el COT de Tigre actúa con la impunidad de quienes se saben protegidos por el poder político. De un tiempo a esta parte, no ha hecho sino acumular denuncias entre las que la suenan y vuelven a sonar el abuso de autoridad y la represión. Y es que cuando la voluntad política lleva como norte proteger los intereses de los poderosos, la luz verde de la violencia institucional sólo puede ser detenida por la acción conjunta del pueblo y las organizaciones sociales y políticas que, desde la lucha y en las calles, deberán dar la batalla priorizando la unidad y la organización.