Tucumán sigue pegando abajo

Por Ximena Schinca / Foto: Veronica Canino
Esta semana mujeres, lesbianas, trans y travestis de Tucumán revivieron el dolor de un golpe reciente en su cuerpo. No hay tregua. Y ahora el Gobierno de Juan Manzur y los sectores reaccionarios intentan convertir a Washington Navarro Dávila en el primer ministro público de la Defensa provincial.

Washington Navarro Dávila es el fiscal que en 2014 decidió instruir un proceso y acusar a Belén de “aborto seguido de homicidio”, una figura penal inexistente y violatoria y que ignoró el diagnóstico médico de aborto espontáneo presente en la historia clínica de la chica. El mismo que luego modificó la acusación de la joven tucumana de 25 años, pidió su encarcelamiento, obtuvo su detención preventiva, la encarceló por 881 días y consiguió una condena a 8 años por homicidio. Washington Navarro Dávila, quien logró tanto protagonismo en una investigación viciada de tantos “errores”, que llamó la atención del Comité de Derechos Humanos y del Relator contra la Tortura de la ONU. Genio y figura de cómo la criminalización del aborto opera de manera desigual y discriminatoria para perseguir, condenar y castigar a las más jóvenes y a las más pobres.

“Es una bofetada a los derechos de las mujeres. Se trata de un fiscal que dejó que primen sus prejuicios de género por sobre la búsqueda de la verdad material y que no solo no tiene antecedentes de conocimiento en género y derechos humanos, sino que demostró una sólida ignorancia de derecho. Si existiera la objeción de conciencia judicial contra los derechos de las mujeres, él la encarnaría”, señaló Soledad Deza, la abogada feminista que logró dar vuelta la causa, liberar y obtener la absolución de Belén. Fue recién en marzo de 2016 cuando Deza, abogada feminista y miembro de Católicas por el Derecho a Decidir, supo del caso Belén. Y fue recién en agosto que Belén logró recuperar su libertad, y varios meses después que la Corte provincial anuló la condena. Y todavía hoy, Belén protege su verdadera identidad con este seudónimo con el que el movimiento de mujeres de Tucumán la bautizó y la convirtió en bandera.

“La investigación instruida por Navarro Dávila en el caso Belén contiene “datos por demás elocuentes para inhabilitarlo en el desempeño de la noble tarea de ejercer la Coordinación de las Defensorías Públicas en nuestra Provincia”, señaló un comunicado en repudio a la propuesta, firmado por la Fundación Mujeres X Mujeres. La abogada subraya que Navarro Dávila “imputó un homicidio aunque su historia clínica contenía un diagnóstico de aborto espontáneo, y lo hizo aún antes de tener una autopsia del feto, pasó por alto todas las contradicciones del informe forense que luego fue desestimado por la Corte como prueba y omitió valorar que no había ADN que confirme el vínculo con el cual imputaba un agravante, imputó homicidio aunque en la causa había un certificado de defunción fetal, previsto por la ley 26.413 solo para casos de aborto, y decidió no investigar que había pasado dentro del Hospital cuando las horas del hallazgo del feto no coincidían con el ingreso de Belén al Hospital y hasta hoy no se sabe qué ocurrió”.

El martes, organizaciones que participaron como amicus curiae en el proceso contra Belén (ANDHES, Amnistía, APEL, APP, CELS, CLADEM, ELA, Innocence Project Argentina, Partido Obrero) presentaron una petición al gobernador Manzur para que “retire el pliego y considere la postulación de un candidato o candidata que cumpla con los requisitos de idoneidad para garantizar el acceso a la justicia y a la Defensa en la Provincia de Tucumán”. “Es una piña al estómago. Fue un personaje nefasto dentro de la etapa de instrucción (de la causa Belén), que no valoró las pruebas como debiera haberlo hecho, que tomó documentación clínica de manera indebida para servirse de prueba, para lograr una imputación, para criminalizar y perseguir a Belén”, señaló Noelia Aisama, integrante de la Fundación Mujeres X Mujeres y Católicas por el Derecho a Decidir.

Una propuesta sin perspectiva

“Las irregularidades en las actuaciones judiciales se dieron justamente por la falta de una perspectiva de género en la etapa de instrucción, del reconocimiento y respeto de derechos humanos. Si eso hubiera existido, la causa Belén se hubiera anulado a fojas 1, y jamás hubiera sido procesada y condenada a 8 años de prisión”, destacó Aisama, tras exponer ante la Comisión de Petición y Acuerdo de la Honorable Legislatura de Tucumán.

Por la Ley 8.983 de febrero de 2017, Ley Orgánica del Poder Judicial de Tucumán, se creó el cargo de Ministro de la Defensa. Las etapas en el proceso de selección son: concursos de antecedentes y oposición, entrevistas y opiniones vertidas por la ciudadanía acerca de los candidatos propuestos, y período de impugnación. Sin embargo, como en la provincia a partir del año que viene se implementa el Nuevo Código Procesal Penal que contempla las funciones y atribuciones del Ministro de la Defensa y los Defensores Oficiales a su cargo, es necesario “cubrir rápidamente” el puesto de ministro. Así, sin concurso previo, el Gobernador presentó esta semana el pliego de propuesta ante la Comisión de Petición y Acuerdo de la Legislatura provincial, encargada de darle tratamiento para su posible designación.

Toda mujer será culpable

El ministro de la Defensa cumplirá la función de representación máxima ante la Corte Suprema de Justicia de Tucumán. Además supervisa y garantiza el desempeño de los y las defensores/as oficiales y de lxs empleadxs del Ministerio de la Defensa y el Ministerio Pupilar, asiste las visitas a la cárcel, fija el régimen y el procedimiento disciplinario, aplica sanciones disciplinarias a funcionarios, nombra al Defensor General, y organiza las capacitaciones.

Desde Mujeres X Mujeres, cuestionaron los antecedentes que el Gobernador Manzur tuvo en cuenta para proponer a Navarro Dávila como Ministro de la Defensa, es decir, como Coordinador de las Defensorías de la Provincia que debiera garantizar el “acceso a la justicia” para quienes necesitarán contar con un Defensor Oficial. “Para nosotras es un compromiso lograr esta impugnación, no sólo por Belén sino por cualquier otra mujer que pueda llegar en una situación similar y caiga con un sujeto que tiene este modo de actuar”, subrayó Aisama, que participó en el equipo de defensa de la causa Belén que dirigió la abogada Deza.

“Como fiscal en el caso Belén vulneró derechos fundamentales que demuestran que justamente lo que no hará es garantizar la defensa. Es responsable del armado de la causa y condena sobre la base de la violación del secreto profesional. ¡Qué pueden esperar las mujeres que necesiten la actuación del ministerio a cargo de quién desconoce los derechos humanos y en particular lo que atañen a la protección de las mujeres”, expresó Alejandra del Castillo, miembro del Plenario de Trabajadoras que adhirió a la impugnación de MxM. Castilo interpreta que la propuesta de Navarro Dávila para el cargo forma parte de un copamiento del poder político de la justicia provincial para blindarse de impunidad frente a los distintos atropellos que se comenten contra el pueblo: “Fue parte del armado aleccionador contra Belén y a través de ella de las mujeres pobres”.

Hasta el miércoles habían ingresado siete impugnaciones a la Comisión de Peticiones y Acuerdos de la Legislatura, que hoy jueves se reunía con el objetivo de habilitar la votación del nombramiento en la sesión prevista para mañana. “No hay justicia cercana y trasparente si una mujer es perseguida penalmente bajo los parámetros de una justicia de ensañamiento clasista y disciplinamiento patriarcal, en el que pueda caer presa por un delito que no cometió”, concluyeron desde Mujeres X Mujeres.