Por Ulises Bosia. En medio del calor y del caos de una ciudad colapsada por la falta de energía eléctrica, una idea para polemizar: ¿El apagón es una consecuencia del modelo? En vísperas del 8N, el rechazo a la intervención del Estado en la economía no representa ninguna solución.
Según economistas de todas las orientaciones ideológicas, el ciclo económico abierto en el 2003 se apoya, entre otros elementos, en un alto nivel de consumo popular. El aumento de los índices de empleo y la relativa recuperación salarial de la clase trabajadora, junto con las importantes ganancias de los sectores medios y la súper rentabilidad de los sectores más acomodados de nuestra sociedad, generaron niveles de consumo altísimos en estos años. Se trata de una tendencia que atraviesa de distintas maneras a todas las clases sociales. De hecho, la misma prédica kirchnerista permanentemente fundamenta medidas de corte redistribucionista, tales como la Asignación Universal por Hijo, por sus efectos multiplicadores del consumo y, en consecuencia, de la actividad económica más en general.
De acuerdo a las autoridades de las concesionarias privadas del servicio eléctrico, las dificultades en la red se deben a un “consumo récord” de energía debido a las altas temperaturas. Esas fueron concretamente las palabras de la vocera de Edesur en el día de ayer. Culpan en gran medida a la proliferación de aparatos de aire acondicionado, visible a simple vista en las grandes ciudades. Teniendo en cuenta la obsesión de los habitantes de Buenos Aires por el clima, tema omnipresente en todo tipo de conversaciones casuales cualquiera sea el fenómeno climático del día, es lógico que uno de los consumos estrella de los últimos años hayan sido los aparatos de aire acondicionado. Aparece entonces una conexión entre las políticas de sostén del consumo y el aumento de la demanda de energía eléctrica.
Una mirada más atenta pondría el acento en la falta de inversión suficiente por parte de las concesionarias privadas del servicio de energía eléctrica. Todos los veranos en Buenos Aires se dan jornadas cuya temperatura supera los 35 grados centígrados, de manera que no puede decirse que estemos en presencia de una situación extraordinaria o que no pueda ser prevista. Muy por el contrario, no parece descabellado exigir que una empresa dedicada al suministro de energía eléctrica realice estimaciones de consumo que se acerquen a la realidad, de manera de poder pronosticar y realizar las inversiones necesarias.
Profundizando un poco más se podría considerar también la baja eficiencia del régimen privatizado de servicios. Así como en otras empresas como YPF, Aerolíneas o Trenes de Buenos Aires quedó en evidencia el fracaso de las gestiones privadas, la reiterada incapacidad de las empresas que distribuyen la energía eléctrica nos plantea la pregunta sobre la conveniencia de que continúen bajo gestión privada, motivadas principalmente por el lucro y no por la entrega de un buen servicio para nuestro pueblo. La reacción de amplio respaldo popular ante las distintas estatizaciones que decidió el kirchnerismo en los últimos años demostró que el consenso privatizador forjado a comienzos de los años noventa ya no existe como tal, o mejor dicho, que se encuentra fuertemente cuestionado. ¿No es tiempo de seguir avanzando en la recuperación de estas empresas estratégicas en manos del Estado?
Un ejemplo que se replica
Pero la situación en el terreno de la energía eléctrica está muy lejos de ser una excepción. Situaciones análogas pueden encontrarse en otros terrenos.
El suministro de energía combustible, por ejemplo, creció fuertemente desde el año 2003, impulsado por el crecimiento de la actividad económica. Año tras año la demanda de hidrocarburos aumentó y, ante la falta de autoabastecimiento, nuestro país debió importar cada vez mayores cantidades para sostener el crecimiento económico. Pero al mismo tiempo la política kirchnerista fue continuar con la empresa petrolera de bandera en manos de Repsol y más adelante también de sectores del capital concentrado nacional. Solamente la llegada de un altísimo déficit en la balanza comercial producto de la necesidad de importar combustibles (mientras exportábamos petróleo en crudo), decidió al Gobierno nacional a expropiar el 51% de las acciones de YPF y así poder recuperar el control estatal de la empresa.
En el caso de los ferrocarriles la situación es similar. El aumento del nivel de empleo trajo consigo que una cantidad mucho mayor de trabajadores debieran movilizarse desde sus casas hasta sus lugares de trabajo. Sin embargo, las políticas que estimularon un mayor nivel de empleo no se propusieron al mismo tiempo un fortalecimiento de los medios de transporte necesarios para esa movilización de la casa al trabajo. Es así que en el caso de los trenes suburbanos del área metropolitana de Buenos Aires, la política oficial fue entregar la concesión a distintos grupos económicos locales (TBA, Roggio, Emepa), que se enriquecieron mediante subsidios millonarios mientras la calidad del servicio empeoraba día a día. La tragedia de Once, en febrero de este año, terminó por poner en el centro del debate esta política oficial y forzó una modificación (muy relativa) de la actitud del Gobierno nacional.
Otros casos de la falta de una planificación más coherente se pueden encontrar por ejemplo en la producción y posterior venta de miles y miles de unidades automotores sin acondicionar correspondientemente las rutas ni planificar el tránsito urbano.
En el día de hoy, 8 de noviembre, está convocado el cacerolazo opositor que transmite un poderoso espíritu liberal, contrario a toda intervención del Estado en la economía. Evidentemente, la solución de cualquiera de los problemas que reseñamos está muy lejos de la prédica tradicional de nuestras clases dominantes, siempre proclives a dejar actuar al “mercado”, es decir, a poder defender sus intereses sin oposición popular.
Más bien se impone lo contrario: el inicio de una política de mayor iniciativa estatal en la economía, yendo más allá de las intenciones que demostró hasta ahora el Gobierno nacional. Cuestionando el carácter empresario del actual Estado neoliberal y buscando el modo de que la recuperación de los resortes estratégicos de la economía por parte del poder público vaya acompañada y a la vez estimule la participación popular en su gestión.