Una mano negra petróleo: causa armada a una comunidad mapuche

Por Juliana Díaz Lozano y Eugenia Marengo

El “progreso” huele a petróleo y suena como un gruñido de máquinas sin pausa en las extensas planicies de la zona centro de Neuquén. Son las cigüeñas metálicas que chupan el crudo que sostiene al MPN y a la burguesía petrolera del país. Llamarles cigüeñas es un eufemismo que oculta la rapiña de estas aves que se reproducen en la zona. Para las familias de la comunidad mapuche Winkul Newen, vivir con las cigüeñas entre las humildes casitas que habitan no ha significado ningún progreso, más bien incontables enfermedades y represiones. 

 

En los primeros años de este siglo, con el recrudecimiento del extractivismo, las familias que ancestralmente poblaron allí, vieron cómo día a día se multiplicaban alrededor suyo las estacas con las que las petroleras señalaban las futuras perforaciones. Y de a poco, fueron organizando la resistencia contra la sucesión de empresas concesionarias que cambiaron los nombres pero no las políticas. Fue en ese momento que la comunidad inició con los bloqueos a la Ruta Provincial N°17, la misma que constituye la entrada a las picadas (caminos internos) que desembocan en los pozos[1]. En estos quince años las fuerzas represivas desalojaron infinidad de veces a las familias que defendían el territorio con armas de todo tipo, y todas esas veces, a pesar de los/as heridos/as y las amenazas la comunidad siguió resistiendo. Pero en los últimos años, la estrategia del gobierno y de la actual concesionaria Apache Corporation se hizo más elaborada y peligrosa. El relato de Relmu Ñamku, mujer integrante de la comunidad, reconstruye un armado que da cuenta de que la criminalización es un proceso planificado y que tiende a profundizarse.

 

De la protesta a la criminalización: el armado de la causa

Año 2012. Eran las tres de la tarde de un 28 de diciembre cuando la oficial de justicia Verónica Pelayes, sin notificación previa, ingresó al territorio de la comunidad Winkul Newen con una orden de desalojo de la Jueza Ivonne San Martín, que habilitaba a la petrolera Apache a la explotación del Yacimiento Portezuelo Norte.

La empresa Apache, actualmente vendida a Yacimientos del Sur, filial de YPF, tiene nueve pozos de petróleo y gas activos en la zona. La intención del desalojo fue avanzar sobre la comunidad para abrir en su territorio otros 40 pozos más.

Sobre la ruta de acceso, una topadora aguardaba por el visto bueno de la oficial rodeada de policías y camionetas de la empresa, para iniciar el desalojo: “Nosotros vamos a ingresar”, les dijo la oficial y en una demostración de poder dio la orden y no hablaron más. La topadora avanzó y las familias comenzaron a defender su territorio.

De inmediato los y las integrantes de la comunidad Winkul Newen bloquearon la ruta y resistieron tirando piedras. Eran veinte en total, sólo ocho adultos, el resto niños, niñas y adolescentes. “Actuamos en legítima defensa, nos defendimos de esa topadora que iba a pasar por encima nuestro. Ya vivimos hechos de violencia con la policía, donde quedaron hermanos baleados en el medio del campo. Han golpeado a jóvenes y mujeres embarazadas. Sabíamos lo que teníamos enfrente, si nos querían pasar por encima con la topadora, lo iban hacer”, explica Relmu Ñamku.

Verónica Pelayes es una oficial de justicia conocida en la provincia por su abultado prontuario de racismo hacia las comunidades. Ante la resistencia de la comunidad, se retiró de inmediato, se subió a su auto y desapareció. Se había logrado detener el desalojo.

Horas más tarde, estando reunidos en la sede de la Confederación Mapuche de Zapala, observaron que la policía estaba afuera. “Pensamos que era por otra cosa, hasta que nos dimos cuenta que nos habían ido a buscar. Luego nos detuvieron”. Ese día quedaron detenidos Relmu Ñamku y Martín Maliqueo de la comunidad Winkul Newen, y Mauricio Rain de la comunidad Wiñoy Folil. Durante la resistencia al desalojo una piedra había alcanzado a la oficial de justicia, sin generarle daños mayores.

Al principio, Pelayes armó la denuncia por lesiones graves. Al tiempo, el expediente cambió de carátula y Relmu quedó imputada por los delitos de daño agravado y homicidio agravado en grado de tentativa. Para lograr esto, la oficial de justicia cambió todo el relato de los hechos que sucedieron ese día. La estrategia fue ideada junto con Julián Álvarez, abogado de Pelayes, quien tiene en su poder otras tantas causas contra la comunidad mapuche a favor de los intereses de las petroleras y estancieros de la zona. Como abogado, también es el defensor de Pedro Laurentino Duarte, un juez de la dictadura militar.

“La persona que quedó herida tiene un perfil determinado: no es un mapuche herido, sino alguien de la corporación judicial”, dice Relmu, y advierte sobre la profundización en el proceso de criminalización y persecución política de la comunidad. Los argumentos de la causa se enmarcan en los fundamentos de la Ley Antiterrorista, pero no la nombran. Paralelamente, se inició una ofensiva sobre los medios de comunicación, generando un estigma sobre los pobladores. “Fueron demonizando nuestra imagen, con la idea de que nosotros vamos a aterrorizar a la población, con esto tiene que ver la ley antiterrorista. Si ellos demonizan al pueblo mapuche, generan esa ‘conmoción’ entre la sociedad que no conoce, que no sabe que nuestros objetivos son los contrarios. Se basan en esa ley para configurar esta causa a partir de la cual van a poder imputar a mapuches y no mapuches que se resistan a este modelo y que exijan sus derechos”.

El 13 de abril pasado se llevó a cabo, en la localidad neuquina de Zapala, la audiencia de reformulación de cargos en la causa, allí la fiscal Sandra González Taboada pidió 15 años de prisión para Relmu Ñamku.

 

El juicio por jurados

El 22 de junio de este año es la fecha del comienzo del juicio. A partir de la aprobación del nuevo Código Procesal, el sistema penal de la provincia de Neuquén está poniendo en práctica la medida del juicio por jurados. “Aquí les viene bien llamar a juicio por jurados, ya que se está pidiendo una pena alta y eso ha conmocionado, no les conviene a la justicia poner un juez que condene con una carga tan grande al pueblo mapuche. El problema es que este jurado va a ser elegido a dedo y va a estar incorporado por estancieros y petroleras. Hoy enfrentamos a Apache en esta causa, pero también tenemos otras causas cuando fuimos a acompañar las luchas de otras comunidades contra la explotación petrolera. Entonces, qué mejor que judicializar a quienes luchamos, lograr una condena, y marcar un antecedente”, manifiesta Relmu.

La fecha que se eligió para el juicio también expresa una provocación y avasallamiento sobre la cultura y los derechos ancestrales del pueblo mapuche. Entre el 21 y el 24 de junio se festeja el Año Nuevo Mapuche. En la provincia de Neuquén el 23 y el 24 fueron declarados feriados provinciales, como un reconocimiento a las comunidades. “Es una ceremonia muy importante para el pueblo neuquino en general que está en crisis con occidente, con la colonización. Junio es para nosotros cuando se renueva el ciclo de la naturaleza, el momento en el que también renovamos nuestro compromiso para defender nuestro territorio”.

En un contexto electoral, las comunidades denuncian como la criminalización de la protesta se utiliza en Neuquén de manera sistemática como un medio de disciplinamiento. “Entendemos que esta no es una causa técnica, sino cien por cien política. Por lo tanto, lo que tenemos que fortalecer y enfatizar es lo político”, afirma Relmu.

La represión, el armado de causas, el juicio por jurados, la figura de terroristas, son los mecanismos que construye el Estado, para lograr una pena ejemplificadora a través del aparato judicial, intentando frenar la lucha contra el modelo extractivista, el legítimo derecho sobre el territorio y la soberanía de los pueblos. La represión no se ha detenido en la década de los Derechos Humanos, sino que se ha hecho más sofisticada, federalizada y selectiva. Fundamentalmente estructurada para defender los pilares del modelo: el extractivismo, el despojo del territorio y la precariedad de la vida.

 

 

[1] Estas picadas son las que históricamente cortaron los trabajadores petroleros y que durante las puebladas de 1996 y 1997 en Neuquén dieron nombre a un nuevo actor político: los/as piqueteros/as.