Las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos anunciaron ayer una pausa en las negociaciones de paz que se llevan adelante en La Habana. Una semana para preparar los argumentos de ambos sobre uno de los temas más espinosos, los cultivos ilícitos.
Luego de una serie de pre acuerdos alcanzados en la capital cubana -el último importantísimo sobre la incorporación a la política colombiana de los grupos insurgentes-, las negociaciones que se llevan a cabo en La Habana hace ya un años conocieron hoy su primera e inesperada pausa. Las FARC y los representantes del gobierno de Juan Manuel Santos dieron a conocer un comunicado conjunto con el cual anunciaron la decisión de postergar una semana el reanudamiento de los debates. Una pausa que suscitó ciertas especulaciones a la luz de la denuncia del ex presidente colombiano Álvaro Uribe, acerca de un supuesto atentado que habría sufrido la semana pasada. Ya en otras dos ocasiones en la historia del país caribeño este tipo de denuncias habían logrado hacer fracasar los débiles canales de diálogo establecidos entre la insurgencia y el estado, y también en este caso allegado del ex mandatario deslizaron la posibilidad de una vinculación de las FARC con los hechos denunciados por Uribe. Pero, vista la manifiesta hostilidad de éste al proceso de paz en curso y el manto de dudas que recubre la denuncia, tanto la sociedad colombiana como los delegados de La Habana -incluido el jefe de la delegación gubernamental, otro ex presidente, De La Calle-, relegaron los dichos de Uribe al estatus de simple hipótesis para continuar con un proceso que ya nadie se sonroja en calificar de exitoso.
El próximo punto, que debía comenzar a analizarse ayer, es uno de los más controversiales en la agenda acordada entre las partes, es el de los cultivos ilícitos. Controversial por la tenaz insistencia por parte del gobierno de Bogotá en vincular la continuidad de la guerrilla en diferentes territorios a supuestos intereses vinculados con el narcotráfico internacional, del cual, según la doctrina seguida en más de 50 años de conflicto, sería la principal fuente de financiación de los grupos armados. Pero también resulta un debate espinoso a la luz del rol que Colombia tiene en el mapa del narcotráfico internacional, la injerencia de los Estados Unidos en el tema, y la condición de cientos de miles de campesinos que viven gracias al cultivo de coca y elaboración de pasta base.
Según el último informe de la Oficina contra las Drogas y el Delito de las Naciones Unidas en Colombia, publicado en 2012, existen un total de 48.000 hectáreas cultivadas con coca en 23 departamentos del estado caribeño. Un número que se ha reducido drásticamente en los últimos años, teniendo en cuenta que el mismo organismo había detectado, para el 2001, unas 140.000 hectáreas de cultivos ilícitos.
Para obtener esta reducción, los diferentes gobiernos que se secundaron en Bogotá utilizaron las mismas estrategias: militarización y erradicación forzada. En el primer caso, la iniciativa gubernamental se basó en acrecentar el presupuesto del área de Defensa -el más alto asignado al sector militar de América Latina- y, sobre todo, estipular pactos internacionales “de seguridad” como el conocido Plan Colombia. A través de éste, EEUU -principal consumidor mundial de la cocaína producida en Colombia- invirtió 60.000 millones de dólares en 13 años para financiar la “lucha al narcotráfico”, sin contar las 12 bases militares instaladas en territorio colombiano. Una injerencia que ha facilitado las relaciones Washington-Bogotá, y la firma de sendos Tratados de Libre Comercio a raíz de las buenas relaciones establecidas desde el punto de vista militar.
Pero la erradicación también se llevó a cabo con otros métodos. Entre el 1996 y 2012 se fumigaron en Colombia 1.64 millones de hectáreas cultivadas con coca. A través de la aspersión de sustancias tóxicas desde avionetas escoltadas por la aviación militar el gobierno lanzó en los últimos años una verdadera lluvia de venenos sobre pobladores, campesinos e indígenas. Una situación que fue denunciada con fuerza en los Foros sobre drogas ilícitas convocados por el Gobierno colombiano y las FARC entre fines de septiembre y principios de octubre de este año. Las conclusiones de los mismos, que servirán de insumo para la discusión que comenzará el lunes próximo en La Habana, subrayan con fuerza la oposición a las fumigaciones estatales, la presencia de tropas extranjeras en territorio colombiano y pidieron la creación de un fondo “ que canalice los recursos que el Estado destina a la guerra, fumigaciones y erradicación forzada y se dedicaría a los cultivos alternativos y demás estrategias de desarrollo productivo”. Al mismo tiempo, se critica con fuerza la inacción estatal frente al narcotráfico, denunciando que en los últimos 15 años, el 98% de los presos por delitos vinculados al comercio de drogas fueron condenados por crímenes menores.
Comienza entonces una de las discusiones más álgidas de este proceso de paz, donde se ponen sobre la mesa temas vinculados con la estructura agraria colombiana, sus relaciones internacionales, su política militar y su estructura penal. Un debate que, visto el buen andamiento de los demás acuerdos alcanzados, promete, al menos, una propuesta transformadora para el país caribeño.