Por Fernando Munguía Galeana. Frente al neoliberalismo que México sigue sufriendo en manos del gobierno de Peña Nieto, nuevas formas de organización social crecen en el país, buscando una salida para la crisis institucional y político que vive la nación azteca.
Con motivo del 76 aniversario de la Expropiación Petrolera (1938), organizaciones populares, estudiantiles y sindicales –entre ellas el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), la Alianza de Tranviarios de México (ATM), el Consejo de Defensa de los Derechos del Pueblo -Movimiento Nacional del Poder Popular (CODEP-MNPP)– llamaron a una jornada nacional de movilización el pasado martes 18 de marzo, con la consigna de nuclear los diversos esfuerzos que desde hace poco más de un año, cuando el actual presidente Enrique Peña Nieto asumió el cargo, han venido multiplicándose a lo largo del país. En efecto, esta coyuntura es un buen ejemplo del tipo de expresiones de resistencia y de defensa de derechos y libertades que han emergido desde entonces, en un contexto de agravamiento de las condiciones materiales de la clase trabajadora y los sectores populares frente a políticas públicas y reformas que reafirman una forma de gobierno antipopular y autoritaria.
No es casual, en ese sentido, que una de las iniciativas que más resonancia ha tenido en las fechas recientes y que tuvo una presencia destacada en esta jornada de movilización, haya sido la del Congreso Popular, un proyecto que surgió a principios de este año con el objetivo de “construir desde abajo nuevas formas de ejercer y representar el poder popular”, en oposición a la clase política dominante y en abierta crítica a los poderes fácticos, en particular, a la parcialidad de los medios privados de comunicación masiva.
Desde la convocatoria inicial, que llevaron acabo una serie de intelectuales y académicos, periodistas, artistas, y otras figuras públicas el pasado enero, y la “inauguración” que tuvo lugar el 5 de febrero (96 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917) en el Monumento a la Revolución, ésta organización ha recuperado experiencias recientes, como la que se denominó #PosMeSalto que surgió de forma espontánea entre los ciudadanos a raíz del incremento de la tarifa del metro en la Ciudad de México, así como con otras formas de politización que durante los dos sexenios anteriores –gobernados por el PAN–, marcaron la dinámica del conflicto político en el país. Se engarza, entonces, con el registro dejado en la memoria reciente de las movilizaciones en defensa del voto en el 2006, y del Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo y de la economía popular en 2008-2009 que fue el primer ensayo de resistencia contra la privatización energética y que darían pie a la aparición del Movimiento Regeneración Nacional (MORENA). También se articula de alguna manera con la insubordinación juvenil y radical del #YoSoy132 que se levantó contra la desinformación mediática y el autoritarismo y la represión gubernamental en las elecciones de 2012 y durante los meses siguientes.
Evidentemente, el antagonismo está hoy definido por la imposición del paquete de (contra) reformas impulsadas durante el año pasado por el gobierno federal y aprobadas por el poder legislativo, las cuales implican la aceleración del modelo de sociedad excluyente que arrancó casi tres décadas atrás y que el autodenominado “nuevo PRI”, en conjunto con grupos empresariales, busca perpetuar por largo tiempo en el país.
Esta convocatoria –articulada con la que se difundió en redes sociales como #18Mmx–, que pudiera parecer enfocada únicamente a la defensa del petróleo es la punta de lanza de los sectores movilizados de la sociedad que demandan justicia, bienestar económico y social y seguridad pública.
El discurso y los pronunciamientos que acompañaron las dos acciones en las que participó el Congreso Popular este 18 de marzo, el cierre simbólico de la Bolsa Mexicana de Valores y la marcha que partió del Ángel de la Independencia hacia el Zócalo capitalino, conjugan un rechazo frontal a las instituciones políticas y la clase política prevaleciente y apelan, para ello, a la defensa y vigencia, pero sobre el carácter “revolucionario” de la Constitución Política como fundamento e instrumento que da sustento a la insubordinación y a la resistencia civil y pacífica que llevan adelante. En ese sentido, se construye una narrativa que busca trascender los cánones inmediatistas y la erosión total de la legitimidad de los partidos políticos actuales y, en su lugar, rearticular una idea de nación y comunidad que devuelve la soberanía y el poder político al pueblo.
No están del todo claro aún las formas concretas o el horizonte hacia el cual pueda apuntar esta iniciativa, pero es ya evidente que la suya es una lucha que da una nueva proyección a la tan postergada demanda de democracia de la sociedad mexicana. En este #18Mmx fueron categóricos: “O los ciudadanos hacemos política hoy o los poderes fácticos destruirán por completo nuestro país mañana”.