A 10 días de la crisis en Chile: cómo volver a la normalidad, si aun no se seca la sangre

Por Karen Vergara Sánchez y Cecilia Ananías Soto* / Foto: Germán Romeo Pena

Hace diez días que el descontento social en Chile reventó en forma de gritos, cacerolazos y barricadas, movilizando a millones de personas. Fue así que “el jaguar de Latinoamérica”, como los economistas chilenos en los años 90’ describían a nuestro país, se sacó la máscara, revelando que solo era un lugar donde la desigualdad se acumulaba bajo la alfombra, ante la pasividad de sus habitantes y la ceguera de sus autoridades.

Las movilizaciones explotaron con tremenda fuerza, ante un Gobierno atónito, siendo calificado por la Primera Dama, Cecilia Morel como “alienígena”. Su primera respuesta: declarar Estado de Excepción y sacar a fuerzas policiales y militares a las calles, en directo enfrentamiento con los y las manifestantes, que fueron víctimas de disparos y fuerte represión por parte de Carabineros.

Habían transcurrido menos de tres días de Estado de Emergencia y el mismo presidente, Sebastián Piñera, afirmó que se trataba de “una guerra”, aunque el enemigo solo sostuviera letreros, cucharas y ollas. El saldo de esta decisión: 20 personas muertas (información corroborada hasta este momento), más de 3.500 personas detenidas, 1.100 personas heridas, según informaciones desde el Gobierno e informes del Instituto Nacional de Derechos Humanos, hasta la mañana del martes 29 de octubre. Además de esas cifras la Defensoría de la Niñez, señala que 19 niños, niñas y adolescentes recibieron impactos de perdigones, 18 fueron víctimas de daño físico y más de 240 fueron detenidos.

Pero eso no detuvo las movilizaciones: a pesar del cansancio de las continuas marchas y el miedo y angustia por la represión, el viernes 25 de octubre se logró convocar a la marcha más grande de Chile, la cual reunió a más de 1 millón doscientas mil personas, solo en la capital; escenario que se repitió en regiones y ciudades de todo el territorio. Las calles se vieron desbordadas de protesta, en postales que pasarán a la historia. Con esto se probó que, a pesar de los continuos intentos por criminalizar las manifestaciones, estas siguen siendo representativas del malestar que aqueja a todos los chilenos y chilenas: la profunda necesidad de una vida digna, donde no esté privatizado cada derecho social. Las movilizaciones han sido descritas como las más convocantes luego del plesbicito que terminó con la dictadura de Augusto Pinochet.

El viernes por la noche, la estrategia del Gobierno fue “felicitar” la pacífica marcha, e intentó atribuírsela (a pesar de que cientos de asistentes dieron a conocer vídeos de represión, uso de camiones lanza agua y gas). Ahí, el mismo mandatario que solo hacía unos días había declarado una guerra contra quienes protestaban, señaló que “la multitudinaria, alegre y pacífica marcha hoy, donde los chilenos piden un Chile más justo y solidario, abre grandes caminos de futuro y esperanza. Todos hemos escuchado el mensaje, todos hemos cambiado”, declaró Piñera, señalando más tarde que pediría la renuncia de todo su gabinete de ministros.

En paralelo, debido a las constantes denuncias de violaciones de los Derechos Humanos y peticiones de algunos parlamentarios chilenos, la alta comisionado de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos y ex presidenta de Chile, Michelle Bachelet, anunciaba el envío de una misión que debía arribar el lunes 28 de octubre al país. Por lo que, rápidamente, se pasó de aplaudir la gran marcha, a intentar retomar la “normalidad”.

No hay “normalidad” sin justicia

Durante todo el fin de semana, destacaron los constantes discursos invitando a retomar trabajos, clases, recorridos y rutinas en la jornada del lunes 28 y esto se vio acompañado de una serie de decisiones desde el gobierno.

Primero, se quitó el toque de queda que restringía el movimiento en distintas ciudades del país y luego, fueron publicados los decretos que establecían el término del Estado de Excepción en 15 de las 16 regiones del país. En Santiago, se anunció el funcionamiento parcial del Metro; mientras que, en las otras capitales, se intentó retomar la frecuencia de buses interurbanos y el comercio. Los canales de televisión abandonaron la cobertura a las movilizaciones y retomaron su programación habitual; incluso dedicaron largas notas a los primeros centros comerciales que abrieron sus puertas.

Pero, ¿cómo volver a la “normalidad”, si no se logran los cambios estructurales exigidos? Aún con una salud y educación públicas en crisis, aún con niños y niñas muriendo en el Servicio Nacional de Menores, aún con la misma Constitución escrita en Dictadura. ¿Cómo volver a trabajar y transitar como si nada, por las calles donde murieron decenas e hirieron a miles? ¿Y con nadie tomando responsabilidad política por lo ocurrido? Eran las preguntas que cruzaron por la mente de la población.

La respuesta claramente era “No hemos logrado nada. Esto sigue”. El sábado, en Concepción, miles de personas volvieron a salir a marchar. Fue en la Plaza de la Independencia, el mismo lugar donde Bernardo O’Higgins realizó la declaración solemne de la independencia chilena, que los militares decidieron disparar en contra los y las manifestantes, quienes huyeron con terror.

Mientras que el domingo, la Región del Valparaíso sorprendió con una multitudinaria nueva marcha, que repletó la costanera entera de toda esa zona costera; nuevamente, el actuar de militares y fuerzas policiales fue de reprimir entre balines de goma, chorros de agua, disparos con armas de fuego y lacrimógenas, sin importarle que hubieran niños, niñas, adultos mayores y familias enteras en el lugar.

Si bien, el lunes no llegó la comisión de la ONU y se anunció su reprogramación “unos días después”, las protestas continuaron con aún más fuerza, en respuesta, no solo a la falta de cambios estructurales, sino que, también, debido a un cambio de gabinete tan insólito, que parecía una mala broma. No se removió a los actores principales de la indignación: Salud (Jaime Mañalich, expulsado incluso del Colegio Médico), Educación (Marcela Cubillos, quien reprimió a educadores en paro durante mediados de este año), Transporte (Gloria Hutt, tema que originó el alza del descontento).

Santiago, Concepción, Valparaíso y otras ciudades volvieron a manifestar su descontento, y mientras finalizaba la actividad, espontáneamente plazas públicas y calles comenzaron a llenarse de manifestaciones y fuego, remarcando que ya no es posible volver a cerrar los ojos ante tantas atrocidades.

Este tercer informe busca resumir las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el período.

La prensa en el blanco de críticas y balas

Una de las instituciones sociales que ha estado en el centro de las críticas, como también de la represión, ha sido el periodismo. En Chile, los medios de comunicación se caracterizan por estar fuertemente centralizados -ubicados en la capital, Santiago- y por pertenecer a unos pocos empresarios poderosos. Aunque se intenta romper el cerco informativo con reportes desde medios independientes, portales web, radios comunitarias, organizaciones civiles y redes sociales, claramente el alcance de estos no es el mismo que el de un canal nacional o diario parte del duopolio.

Uno de los medios más denunciados estos días fue La Tercera, periódico que está entre los más leídos del país (tanto en su versión impresa como digital), luego de que adjudicaran los ataques incendiarios del Metro de Santiago a supuestos ciudadanos extranjeros. La nota, firmada solo como “Equipo La Tercera”, declaraba que “según fuentes de inteligencia policial, se detectó participación de ciudadanos cubanos y venezolanos en las manifestaciones”. Al rato después, también subieron una segunda nota titulada “Gobierno rastrea rol de venezolanos en Twitter”.

Rápidamente, esta información fue descartada por el fiscal a cargo de la investigación de destrozos en el Metro, Omar Mérida: “La Fiscalía no tiene antecedentes de identidades ni nacionalidades específicas”. Por lo que, ese mismo día en la tarde, La Tercera sacó una aclaración y afirmaron que se trataba de “un error del que nos hacemos cargo”, negando que buscaran criminalizar a ciudadanos extranjeros viviendo en Chile, aunque claramente ese fue el efecto de la nota, además de aumentar la “conspiranoia”.

Este no es el único medio de difundir información falsa o de criminalizar al movimiento social. Son constantes las notas informativas centradas en los daños materiales -quema de supermercados, destrucción de estaciones del Metro-, por sobre las violaciones a los Derechos Humanos y muertes por acción del Estado, lo cual genera que desde ciertos sectores de la ciudadanía vean con malos ojos la protesta social, justifiquen la violencia de Estado y exijan el regreso del Estado de Excepción y toque de queda. A esto, se suma la denuncia de la Federación de Trabajadores de Canales de Televisión, que expuso cómo el presidente y su ex ministro de Interior, Andrés Chadwick, citaron a máximos ejecutivos de canales de televisión a La Moneda el 26 de octubre. “El país debe conocer cuáles han sido las intenciones del Gobierno para convocar a los directivos de estos medios televisivos, en una práctica intervencionista y que atenta contra la independencia que deben tener los medios en una sociedad democrática”, declararon desde el Colegio de Periodistas.

Pero mientras ocurre esto en medios con más alcance y poder, existen otros comunicadores y comunicadoras intentando generar otro tipo de cobertura, quienes se han visto también expuestos a la violencia. Fue el caso de reporteros del medio independiente Piensa Prensa, quienes recibieron una golpiza por parte de Carabineros –fuerzas policiales chilenas-, mientras grababan su violento accionar.

Como relató Sacha Rojas a El Desconcierto: “Nos fijamos en una detención ilegal de una persona que estaban arrastrando por el piso y dando lumazos -golpes con bastón policial- en las costillas. Siempre mantuvimos una distancia considerable”. Ahí, “uno de los carabineros, sin ninguna provocación, empezó a golpear a toda la prensa y el último fui yo, después de haber golpeado a toda la gente que estaba sacando fotos. Le dije ‘soy prensa’; me dio tres golpes en la cabeza con la luma, me bota al suelo y pierdo la consciencia durante unos segundos”. Tras volver en sí, encaró al efectivo, pero el piquete abandonó el sector.

Sería una de las primeras denuncias públicas, de muchas más que vendrían. En Concepción, el camarógrafo Alejandro Torres recibió un disparo en el ojo, quedando en estado grave. Aunque posteriormente logró estabilizarse, acabó con la pérdida del globo ocular. Ese mismo día, recibió un disparo de balín en el pecho el periodista y académico de la Universidad de Concepción, Fernando Venegas, quien quedó con lesiones leves. También, desde el medio local, Sabes.cl, denunciaron que una de sus gráficas, la fotógrafa Jasna Núñez, fue arrollada por un grupo de Carabineros a caballo, quienes no la asistieron. Desde el Colegio de Periodistas de la zona se condenaron estos hechos y además, se acusó a una página de periodismo ciudadano, Amigos Penquistas, de incitar a la gente a atacar la oficina de otro medio, la Radio Bío Bío y de difusión de noticias falsas..

Mientras que en extremo norte del país, en Arica, tres periodistas del diario La Estrella de Arica, Estefani Carrasco, Patricia Torres y Alfredo Sanhueza, no solo denunciaron haber sido arbitrariamente detenidas, sino que, en el caso de las mujeres, fueron obligadas a desnudarse en una comisaría y a realizar sentadillas con la ropa interior abajo, de manera de humillarlas. Lo ocurrido es una de las 18 querellas por violencia sexual que está interponiendo el Instituto Nacional de Derechos Humanos.

Incluso, un grupo de reporteros argentinos, Nazareno Roviello (La Retaguardia), Andrés Masotto (Radio Presente) y Leandro Díaz del Campo (ANCAP) fueron retenidos por largas horas en el Aeropuerto de Santiago y estuvieron a punto de ser deportados debido a que el contenido en sus redes sociales “incitaban al odio”. Tras la intervención del INDH y diversos parlamentarios, se logró revocar la medida.

¿El derecho de vivir en paz?

No solo periodistas están expuestos a la violencia de Estado. Las denuncias de activistas y líderes sociales detenidos de manera arbitraria e ilegal se acumulan a diario. Anteriormente, mencionamos las detenciones desde sus hogares de Pablo Ferrada, Anais Pulgar y Valentina Miranda, todos militantes de las Juventudes Comunistas. También, del estudiante de sociología y activista medioambiental, Francisco Reyes Aguayo. A esto, se suma la detención en su casa del dirigente estudiantil de la Universidad Arturo Prat (UNAP), Rodrigo Martínez Caices, en Iquique, información que fue posteriormente corroborada por el INDH.

A esto se suma la denuncia del boxeador y activista por los derechos de niños, niñas y adolescentes, Cristóbal Yessen, quien fue detenido en Santiago Centro durante un control de identidad. El deportista, conocido por su fuerte lucha contra la violencia que enfrentan NNAs en el Servicio Nacional de Menores (SENAME), relató en sus redes sociales que el funcionario policial le dijo que le detenía por “hablar weas en redes sociales”. En la comisaría fue torturado “golpeando mi rostro, cabeza y manos. Me arañaron mi abdomen y espalda, me provocaron un trauma serio en el ojo, que podría llevar a un pérdida parcial de visión. Mi abogada, Pía Corvalán, jamás pudo hablar conmigo, porque estaba incomunicado”.

Los traumas oculares han sido un ataque distintivo por parte de agentes del Estado. Como informó el Colegio Médico y la Asociación Chilena de Oftalmología, más de 100 personas han perdido la visión en un ojo por impacto de perdigones, hasta el 27 de octubre. Estas entidades especificaron que “desde el 19 al 26 de octubre se presentaron 96 pacientes con Trauma Ocular Severo, de los cuales 84 (86%) eran hombres y 12 (14%) mujeres”. Del total de pacientes, 29 (32%) presentaban Traumatismo Ocular con Globo Abierto (estallido ocular 15, herida penetrante ocular 14) siendo el principal mecanismo de acción herida por balines de goma (82% del total). Lo más grave es que esto fue provocado por agentes del Estado”, agregaron, señalando además que nunca habían tenido tal cantidad de casos semejantes en un lapso tan breve de tiempo.

Natalia Aravena Contreras, joven conocida por informar sobre productos de belleza libres de crueldad animal, fue una de las personas afectadas por disparo de balines. Había salido a marchar el 28 de octubre por Santiago centro, cuando se vio rodeada por la represión policial, por lo que intentó alejarse. “Me di vuelta a ver nuevamente dónde venían [las fuerzas policiales] y sentí un golpe muy fuerte en mi ojo derecho. Solo atiné a taparme el ojo y entre el aturdimiento no veía. Suerte la mía que un cabro Técnico en Salud me vio y me ayudó”. Su evaluación fue estallido ocular y lo más probable es que lo pierda. “Salí porque yo quería luchar contra las desigualdades que nos tienen viviendo mal, con la gente infeliz y triste. Pero los pacos andan jugando a la guerra […] se llevaron mi ojo, pero no mis ganas de luchar”.

Otro caso grave que se dio a conocer públicamente, fue el de una adolescente de 16 años, identificada solo como D.U., quien, transitaba por su familia por La Pintana, cuando se vieron rodeados por la represión policial a la gente. Ahí, ella fue herida a bala por un civil que, por la postura y el arma que tenía, su padre describió “como un experto, como un militar”. El proyectil le perforó un pulmón y la rompió la columna vertebral. Estuvo a punto de morir, pero fue estabilizada y fuera de riesgo vital. El diagnóstico indica que quedará parapléjica.

El cuerpo como territorio de conquista

A las personas con heridas graves, traumas oculares y detenciones arbitrarias, se suma la violencia sexual por parte de agentes del Estado. El INDH ya suma 19 querellas por delitos sexuales presentadas por 40 víctimas. De estas, 14 son menores de edad, 20 mujeres y 6 hombres. Una de las víctimas, “estaba puesta boca abajo contra la basura y con el arma de servicio fue amenazada con dispararle si se movía. Luego con esa misma arma se tocó su cuerpo y se le amenazó con penetrarla con el fusil”. A otra, se le obligó a hacer sentadillas desnuda, se le insultó y se le amenazó con violencia sexual física en una comisaría:

“Antes de ingresar al calabozo me llevaron a un baño, y me revisaron la ropa, los bolsillos. Me hicieron sacarme los zapatos, los calcetines, después me dicen ‘ya, ¡súbete la polera, muéstrame los senos!’, yo andaba sin sostén, después ‘¡bájate los pantalones!’, y yo ya listo y me dicen ‘¡bájate los calzones!’, ‘tenís que agacharte ahora’, sin explicar por qué, nada”, relató Bárbara Urquieta a The Clinic.

Las disidencias también se encuentran expuestas a esta violencia. Un estudiante de Medicina de la Universidad Católica, Josué Maureira, denunció públicamente haber sido torturado y abusado sexualmente por carabineros de la 51° comisaría de Pedro Aguirre Cerda. Desde su universidad lo apoyaron en un documento, en el que relatan los hechos: “Lo mantuvieron esposado y así fue golpeado sin mediar provocación alguna e insultado por ser homosexual, asunto que dedujeron sus victimarios porque andaba con las uñas pintadas de rojo. Luego lo desnudaron completamente y además abusaron sexualmente de la víctima dentro del contexto de tortura que sufría en ese momento”. Posteriormente, este declaró estar amenazado de muerte por Carabineros.

Al poco tiempo después de esta denuncia, salió a la luz el caso de Lucas Rocha, otra persona perteneciente a la comunidad LGBTIQ+ que denunció haber sido víctima de violación por parte de Carabineros. “Estaba caminando por la Alameda, yo no estaba haciendo nada, me estaba yendo a mi casa y me subieron a una camioneta”, relató el afectado. Tras golpearlo, torturarlo y violarlo por alrededor de dos horas, fue lanzado desde una camioneta en pleno Santiago Centro, donde fue hallado y asistido por transeúntes.

Estación Baquedano, combinación con 1973

Otra de las graves acusaciones de violaciones a los Derechos Humanos, fue que se estaba utilizando la Estación Baquedano del Metro de Santiago como centro de torturas y detenciones ilegales. Todo comenzó cuando Nicolás Lüer, de 22 años, denunció haber en este lugar por efectivos de Carabineros, donde opera la 60° Comisaría. “Lüer acusaba haber recibido golpes con toallas mojadas y sufrir una luxación en la rodilla, y dice haber escuchado disparos con balín de goma y haber visto a otros manifestantes colgados del techo por sus manos, según una publicación realizada por su hermana a través de Instagram y un posterior relato entregado a su abogado”, recoge el medio independiente Interferencia.

La acusación e investigación comenzó el miércoles 23 en la madrugada. Al mediodía, La Tercera publicó un artículo titulado “Jueces que se constituyeron en estación Baquedano: ‘No encontramos a personas detenidas, ni menos colgando del techo’”. El texto buscaba desestimar completamente su denuncia. Pero como recogió el medio Interferencia y también Radio Canal 13, cuando llegaron no habían personas, pero sí tenían razones para creer que dos horas antes se había torturado gente en el mismo lugar.

Como relató el juez Daniel Urrutia, los efectivos policiales estaban nerviosos, agitados y cayeron en contradicciones. El lugar de las torturas, que no suele estar abierto a público, fue vívidamente descrito por la víctima, lo cual le aportó aún más veracidad a su relato. Además encontraron siete cartuchos de escopeta, seis de ellos ya percutados y amarras plásticas. No habían rastros de sangre, pero horas antes Carabineros había limpiado  completamente el lugar, aduciendo que lo habían hecho porque se habían ensuciado las escaleras con un baño químico. En una nueva entrevista, este mismo juez agregó que todo ocurrió en un punto ciego deprovisto de cámaras, por lo que la investigación continúa.

No son sólo cifras

Hasta el momento, 20 muertes han sido informadas por el gobierno chileno, al menos de manera oficial. Desde los primeros días, estos anuncios se han quedado en entregar cifras, más que en ahondar sobre sus nombres, historias ni las condiciones en que fueron asesinados. Parecen ser solo números que sobra. Incluso, como algunos y algunas fueron encontrados calcinados al interior de establecimientos saqueados e incendiados, se les asoció al robo. Como fue el caso de un adulto, cuyo cadáver calcinado fue encontrado en un Construmart -cadena de ferreterías- en La Pintana, Región Metropolitana.

No fue hasta varios días después que se le identificó como José Atilio Arancibia Pereira, de 74 años. Su familia había puesto una denuncia por presunta desgracia, luego de que “don Tilo” se extraviara en medio de las manifestaciones e incendios. Apenas lo reconocieron, tiraron por el suelo la teoría de que se encontraba saqueando: él padecía Alzheimer y se había desorientado.

Una criminalización similar sufrió Manuel Rebolledo Navarrete, un hombre de 23 años de la Población La Libertad de Talcahuano, quien murió arrollado por un camión militar, conducido por un infante de la Armada. Rebolledo fue acusado de participar en los saqueos a los frigoríficos de una pesquera -como si eso justificara su muerte-, pero sus familiares desmintieron esto, afirmando que el joven padre se encontraba en una cancha del lugar, cuando vio que ocurrían los saqueos y la fuerte represión, por lo que intentó huir de regreso a su hogar. Ahí fue cuando el agente del Estado se salió de la vía y le pasó por encima con el vehículo, matándolo. Este infante fue  formalizado por cuasi delito de homicidio y luego, fue reintegrado a sus funciones.

La historia de Rebolledo, contada por familiares cercanos, fue recogida por el Colectivo Frente Audiovisual en un video titulado “El Polera”:

Otro de los asesinados por agentes de Estado fue Álex Núñez, un eléctrico de 39 años y padre de tres hijos, quien salió la noche del domingo 20 de octubre a realizar unas entregas. Cuando llegó a la Plaza Juan José de Rivera, fue interceptado por la policía. Era la segunda jornada con la restricción de circulación y la habían decretado más temprano que el día anterior.

“Lo emboscaron por atrás y ahí lo golpearon en la cabeza, todo el rato en la cabeza”, señala Rodrigo Núñez, su hijo. Este joven se encontraba manifestándose en su barrio, cuando vio que por la calle “venía caminando como podía. Ya al verlo llegar, era él. Era mi papi, estaba todo desfigurado. Ahí le dije que se fuera para la casa. Lo trajimos para acá y después al rato lo vino a ver mi mamá”, añade. Alex le decía a su hijo que le dolía la cabeza y sólo quería acostarse. A las ocho de la mañana del día siguiente, el tío de Rodrigo lo llamó por teléfono y le dijo que ya no estaba respirando. Falleció la madrugada del martes a causa de los golpes propinados por Fuerzas Especiales de Carabineros.

Otra víctima incluida entre las querellas ante el Estado, es José Uribe Antipani, un soldador de 26 años y padre de un niño de año y medio. El joven de 26 años, José Miguel Uribe Antipani, murió mientras se trasladaba desde Santiago a Curicó -su ciudad natal- producto de un disparo de un militar en el tórax; otros dos amigos que le acompañaban resultaron heridos. Su padre, Nelson Uribe, afirmó a The Clinic que “ellos andaban golpeando una ollita y los militares no encontraron mejor cosa que matarlos”.

 

Estas son solo algunas de las muertes reconocidas por el Estado. Existen otras muertes que no han entrado a las cifras oficiales, mientras la ciudadanía exige su investigación, como fue el caso de la artista callejera de 36 años, Daniela Carrasco. El cadáver de “La Mimo”, como era conocida, fue encontrado colgado de una reja de la comunidad Pedro Aguirre Cerca, al sur de Santiago de Chile. Desde el Servicio Médico Legal se afirmó que había muerto por asfixia y que se trataba de un suicidio; mientras que vecinos y vecinos denuncian que ella fue vista por última vez cuando era detenida por un grupo de Carabineros.

A modo de cierre

Mientras se escribía este reporte, durante toda la jornada del martes 29 de octubre, continuaron las movilizaciones en todo el país, como también las violaciones a los DDHH. Las educadoras de párvulos salieron a las calles, denunciando los problemas del proyecto de “Sala cuna universal” que se quiere promover en el país; se encontraron con las fuerzas policiales atacándoles con chorros de agua, gases, lacrimógenas y balines.

Se llamó a una marcha que llegara hasta el Palacio de La Moneda, mas, no se logró debido a la fuerte represión, la cual fue tan violenta, que hasta un observador del INDH recibió siete impactos de balines disparados por agentes del Estado, por lo que debió ser trasladado de urgencia a un centro asistencial.

Los manifestantes en Santiago se han encontrado con grandes perímetros cercanos a La Moneda cercados por efectivos de Fuerzas Especiales de Carabineros, además de tiradores apostados en los edificios que rodean el Paseo Bulnes. Recientemente, Londres 38, un ex centro de tortura, represión y exterminio durante la dictadura de Augusto Pinochet, y que en la actualidad fue recuperado y gestionado como un espacio de memorias abierto a la ciudadanía, denunció que policías habrían gaseado intencionalmente el espacio:

Un reportaje de Ciper sobre los documentos de las fuerzas policiales chilenas que un hackeo reveló, mostró cómo Carabineros monitoreaba a agrupaciones sindicales, estudiantiles y medioambientalistas, al considerarlos “blancos de interés”.

Desde Amnistía Internacional se aseguró que las violaciones a los Derechos Humanos que se han registrado durante los últimos días en Chile, son comparables con las realidades de Venezuela, Nicaragua, México y Honduras. Mientras, se apronta la llegada de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU que iniciará su trabajo en Chile desde este miércoles 30.

Debido a esta presión internacional, y los cuestionamientos al Presidente Piñera sobre su gestión y las violaciones a los Derechos Humanos que están ocurriendo en el país, se decidió cancelar las convenciones APEC y COP, que se realizarían en los meses de noviembre y diciembre de este año. El mandatario se encuentra cercado por el nulo apoyo extranjero que ha tenido su represión violenta y el miedo a sufrir un papelón de proporciones frente a la prensa extranjera, mandatarios y las manifestaciones que podrían haberse desencadenado con aún más fuerza.

 

*periodistas integrantes de la ONG Amaranta