2012, de octubre a ayer

2012, de octubre a ayer

Por Andrea Sosa Alfonzo. Segunda entrega del anuario político 2012. Los hechos y sucesos clave que movieron el tablero durante el último tramo del año.

La movilización del 10 de octubre tuvo el epicentro en Plaza de Mayo con un variado arco de organizaciones políticas, sociales y sindicales que adhirieron, además de las federaciones, sindicatos y movimientos sociales que componen la CTA de Micheli, y la CGT que conduce Hugo Moyano, estuvieron presentes: la Corriente Clasista y Combativa (CCC), organizaciones políticas nucleadas en el Frente Amplio Progresista, como Libres del Sur – Barrios de Pie y el GEN de Margarita Stolbizer, la Federación Agraria Argentina, militantes de la Unión Cívica Radical, la Federación Universitara Argentina (FUA, conducida por la Franja Morada) y columnas de partidos de la izquierda tradicional como el Partido Obrero (PO) y el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST). Con excepción del sindicalismo que adhiere abiertamente al kirchnerismo (la otra expresión de la CTA de Hugo Yasky, y la flamante GGT “Balcarce”), no quedó sector sindical, social o político que no se viera interpelado por los reclamos y el posible alcance de la protesta. Unificados en reivindicaciones que desde históricas demandas sociales de la CTA –único sector que movilizó en reiteradas ocasiones durante el 2012 por paritarias sin techo, por el 82 % móvil, la equiparación del salario mínimo con la canasta familiar real, entre otras- junto a los conflictos protagonizados por la CGT frente al oficialismo, gran parte de los sectores que se movilizaron ese día lo hicieron con la sensación de un estancamiento e incluso de la pérdida que fue dejando el 2012 en cuanto a los reclamos laborales.

El mismo día, no fueron a la Plaza pero se movilizaron organizaciones de izquierda, un conjunto de agrupamientos sindicales, sociales y políticos convocados por la Corriente Sindical Rompiendo Cadenas salieron a las calles el 10 de octubre con cerca de un millar de personas. La protesta que se enmarcó contra el Gobierno lo fue también contra las patronales agropecuarias, para diferenciarse del palco que reunió a la CTA con la Federación Agraria y tuvo como ejes de reclamo: la universalización de las Asignaciones Familiares, la eliminación del Impuesto a las Ganancias, el fin de la precarización y la tercerización, el 82% móvil, un plan masivo de obras públicas y viviendas populares y la eliminación del IVA de la Canasta Familiar. Se trató de sectores que se proponen elaborar una alternativa política al kirchnerismo desde una perspectiva independiente tanto de la izquierda partidaria tradicional como de la burocracia sindical y la centroizquierda que, floja de límites a la hora de buscar alianzas, corre su discurso cada vez más al centro.

Cuando sonaron cacerolas

El 8N en cambio con una organización política más precisa, fue una de las primeras expresiones sentidas por el oficialismo. Un cacerolazo motorizado en las redes sociales, con la consigna “seamos 1 millón de argentinos en el Obelisco” expresó miradas poco acabadas, sin sustento político u expresión renovadora de cambio, sino tal vez los intereses de la derecha política y los grupos económicos enfrentados con el Gobierno, como el multimedio Clarín, con el aditamento del acercamiento de sectores de la centroizquierda con Hermes Binner a la cabeza que aunque con recelo, resultó funcional al PRO y las expresiones de derecha.

En esta ocasión, salieron varias voces desde el kirchnerismo a enfrentar a las fuerzas “que no dan la cara” y a desconocer la legitimidad de tales manifestaciones denunciando el presunto pago y “acomodo” de las fuerzas movilizadas.

Por su parte, distintas organizaciones de la izquierda independiente tomaron distancia también de los cacerolazos afirmando en una declaración conjunta que “¡Ni vivimos con 6 pesos, ni hacemos cacerolazos con Essen!”. Los argumentos fueron salir frente a la polarización instalada entre el Gobierno y la oposición de derecha, por una alternativa popular construida desde los de abajo.

El paro nacional del 20 de noviembre fue estratégicamente capaz de reunir a un amplio marco político, y tuvo como principales organizadores a la CGT moyanista y la CTA opositora de Micheli quienes consideraron que la medida “superó las expectativas”. Según los dirigentes fueron más de 300 los cortes realizados en todo el país. A lo que se sumó la huelga del poderoso gremio de camioneros, de los petroleros, de un sector de los aeronáuticos, de los bancarios, de los trabajadores del peaje, de los judiciales, de una parte de los ferroviarios, de los estatales de ATE, y de los municipales de la Ciudad de Buenos Aires, entre muchos otros.

Como en ocasiones anteriores las reivindicaciones impulsadas por ambas centrales se trató de reclamos hacia el Estado, que además gozaron de una amplia legitimidad en las organizaciones del campo popular, a tal punto que ni siquiera quienes se opusieron al paro las rechazaron. Pero hubo algunos condimentos que en función de las perspectivas políticas del referente de los camioneros se permearon en un nuevo relato, que en algunos casos como éste acercaron posiciones –a la propia lucha reivindicativas de los sectores populares y de la izquierda independiente-incorporando al discurso el problema de los trabajadores y trabajadoras tercerizados, precarizados o en negro.

Desde el oficialismo, en esta ocasión y ya habiendo tomado nota de los últimos sucesos, no hubo cuestionamiento de la legitimidad de los reclamos, y ante la incapacidad de una respuesta contundente frente grandes masas movilizadas sólo se refirieron a respetar el derecho a la libre circulación. Se trata de un reflejo del cambio en la situación política más general, es evidente que tras un periodo de alza de la conflictividad social el gobierno nacional ya no se encuentra a la ofensiva, sino que redujo su hegemonía política. De todas maneras la oposición no ha logrado hasta ahora fortalecer sus liderazgos, en gran medida por su incapacidad de formular un modelo alternativo de país. Lo que le permitió al kirchnerismo continuar dominando cómodamente la situación política.

Diciembre: Clarín y la Ley de Medios. Recuerdo de la movilización en las calles.

El 7D se impuso como una fecha clave desde el oficialismo y lo que iba a ser definitorio terminó siendo una interpretación del kirchnerismo de un plazo judicial que buscaba generar consenso popular para que no hubiera otro fallo posible. El 7D no se trataba ni más ni menos que la adecuación de uno de los más grande medios de la Argentina a la ley SCA que como guerreo de la pelea llevaba adelante el titular de la AFSCA Martín Sabattela. Pero el 7D no pasó nada. La ley escrita dirime su aplicación en la arena política, donde se juegan las relaciones de fuerzas.  Para medir estas famosas relaciones no hay formulas exactas. La pelea que se disipa ahora en el ámbito de lo judicial, a través del Per Saltum y de medidas cautelares, exige acusaciones desde el kirchnerismo hacia la justicia en términos de corporación y desde el monopolio en términos de coerción a la libertad de expresión.

El 19 de diciembre a más de una década del 2001, El legado del 19 y 20 está lejos de la política por arriba, sea ésta kirchnerista, fogoneada por la oposición reaccionaria o el sindicalismo burocrático. Por el contrario, persiste una amplia capacidad de autoorganización popular. Esa limitante, asumida hoy por una amplia camada de movimientos populares y organizaciones “paridas” por la rebelión, define una de las prioridades de la etapa, para quienes se proponen construir un proyecto político a la izquierda del kirchnerismo.