La mujer embarazada que llora, la peor postal de los despidos

Por Mauricio Polchi / @MauriElbueno

El macrismo extiende el ajuste por diversas aéreas del Estado. La Secretaría de Comercio, a cargo de Miguel Braun, echó a unas 300 personas, entre los cuales hay embarazadas y paciente oncológicos. El desguace cayó contra las y los profesionales que se encargaban de controlar a los empresarios.

La piba apoya la espalada contra la pared del edificio, inclina la cabeza hacia atrás, cierra los ojos y rompe en llanto. Está embarazada y acaba de enterarse que la despidieron de su trabajo. Llora desconsoladamente, sus gestos demuestran impotencia y desazón. Recibe el consuelo de una compañera que la abraza y le corre el pelo ondulado de la cara para limpiarle las lágrimas. Ella se toca la panza, o mejor dicho, acaricia su panza. Ella, con su gesto maternal, le trasmite protección a su futuro hijo mientras el Estado argentino hace todo lo contrario. Violencia de género, a la luz del día, para todos y todas. En lugar de contenerla por su condición de mujer y gestora de vida, el gobierno nacional la maltrata, la expulsa, la deja en la calle, la abandona. A ella, y a la criatura por nacer. La imagen, tan desagradable como injusta, se convierte en una penosa postal de un país que sufre un ajuste imparable, y que no discrimina a nadie.

Ese doloroso momento se vivió el jueves 3 de marzo por la mañana. Ese día, los molinetes de la Secretaria de Comercio no giraron cuando cientos de empleados intentaron asistir a sus puestos laborales. No pudieron entrar. Como cada jornada, pasaron la tarjeta por un lector que habilita el ingreso pero esta vez no se liberó el acceso, los rechazaron. La pesadilla había comenzado unas horas antes.

“Ayer, intempestivamente, el Director de Defensa del Consumidor, Fernando Blanco Muiño, fue a las oficinas y leyó un listado. Así nos enteramos de los despidos, de sorpresa, sin ningún preaviso y sin ninguna justificación. Hay personas que están con licencia médica, hay pacientes oncológicos, hay embarazadas”, narra la abogada Yolanda Trejo, una de las personas que fue echada del organismo ubicado en Diagonal Sur al 500. “Hace 8 años laburo acá, nunca pasó algo así, nunca viví un momento similar, es devastador”, describe. “Yo acá hago de todo, desde docencia para capacitar a los conciliadores de consumo, o desde homologar acuerdos hasta elevar imputaciones las empresas”, amplía la doctora Trejo.

Por determinación del presidente Mauricio Macri, el nuevo director del organismo es Miguel Braun, sobrino directo de Federico Braun, el poderoso hombre de la Asociación de Supermercados Unidos y dueño de la cadena de supermercado La Anónima. “Los funcionarios que comunicaron los despidos argumentaron que seguían órdenes del Ejecutivo nacional de reordenamiento del Estado”, contó Maximiliano Uller, delegado de Trabajadores (ATE).

Hasta ahora suspendieron a más de 300 personas, que se suman a otros tantos que habían sido cesanteados hace un mes. El desguace que aplica Migue Braun alcanza a los trabajadores encargados de controlar empresas, como la de su tío Federico. Casualmente, la sangría se desató contra los profesionales encargados de seguir el programa de Consumo Protegido (COPREC), que atendía unos 50.000 reclamos anuales de consumidores que denunciaban a las compañías.

“Si se despide a tanta gente, con este vaciamiento deja sin protección a muchísimos consumidores y a toda la población. Es gravísimo”, explica Yolanda Trejo, y así expone las graves consecuencias por esta medida. Además de los miembros de COPREC, también fueron afectados quienes estaban asignados a los los integrantes de las áreas de Lealtad Comercial, Defensa de la Competencia y Comercio Exterior. Ya en el arranque de 2016 se redujo buena parte del personal que se encargaba de monitorear y juntar información de distintos programas, como por ejemplo, los efectivos ‘Precios Cuidados’ y ‘Ahora12’.

“Frente a esta situación de tanto destrato, organizamos una asamblea e intentamos encontrar alguna respuesta en las autoridades, pero no nos recibieron”, explicó Uller. En un comunicado, ATE alertó por “el desmantelamiento de programas y la reducción de la intervención del Estado en contra de los intereses de las mayorías populares”.

Con una inflación del 4,3% en febrero, Macri apela a una sugestiva receta, en lugar de fortalecer los órganos de regulación y control de precios manda a liquidar esas instancias. Para eso, expulsa a los profesionales de mayor experiencia en el área. Esta imagen, tan desagradable como injusta, también se convierte en una penosa postal de un país que sufre un ajuste imparable, y que no discrimina a nadie, salvo a los empresarios.